La reciente decisión de la Corte sobre el caso Cromañón ganó difusión pública como “el fallo que liberó a Callejeros”. En cambio, pasó a segundo plano la anulación de las condenas a un manager del grupo y de dos funcionarios del gobierno de Ibarra: la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, y el ex director adjunto de ese organismo, Gustavo Torres. Además, la ex titular de la Unidad de Inspecciones, Ana María Fernández, que estaba con arresto domiciliario, gozará de libertad definitiva.

Este abordaje de la cuestión Cromañón no es circunstancial. La responsabilidad de los músicos en el desastre ocurrido hace diez años es objeto de polémica, incluso entre los familiares de las víctimas. Se les imputa a los músicos responsabilidades en el manejo de aquel recital. Ese punto de vista, sin embargo, soslaya el lugar en el cual son colocados los músicos en el negocio de los recitales. Los capitalistas del espectáculo tercerizan las responsabilidades y costos relacionados con la seguridad y otros aspectos de las funciones, y se los trasladan a los artistas. Por eso, las consignas de las movilizaciones que terminaron con el gobierno de Ibarra destacaban que los responsables de la masacre no fueron “ni las bengalas ni el rock”. En el vértice de este régimen de beneficios garantizados, se encuentra el Estado y su sistema fraudulento de habilitaciones. En Cromañón se demostró la existencia de una red permanente de impunidad entre esos “habilitadores” y los capitalistas del espectáculo. Los Callejeros siguen en la controversia, pero Aníbal Ibarra ha sido definitivamente corrido de la mira de la Justicia.

Once, Boudou y Pedraza

A partir de lo anterior, la gravedad del fallo de la Corte reside en que el régimen de “doble conforme”, que obliga a dos fallos simultáneos e idénticos para asegurar sentencia firme, ha beneficiado por primera vez a funcionarios públicos. Con toda razón, los familiares de Cromañón han advertido que el régimen que liberó a Fiszbin y Torres podría servir de antecedente para futuras anulaciones de condena en favor de los responsables de la masacre de Once, entre otros casos ligados con la corrupción y la impunidad asociados al poder político. Podríamos agregar a la lista a los abogados de Pedraza, quienes deben estar estudiando en estos días las posibilidades que ofrece el “doble conforme”. Hace un mes, el Senado sancionó una ley que pone límites decisivos a las demandas contra funcionarios públicos. La libertad de Fiszbin y Torres se inscribe en esa tendencia.

Los seudoprogresistas asociados con los beneficios de este fallo -comenzando por Aníbal Ibarra- han celebrado la decisión de la Corte en nombre del garantismo. El progresismo, que no pudo poner a salvo a las garantías individuales frente a las arbitrariedades y atropellos represivos del Estado, llama “garantismo” a las argucias legales del propio poder político para asegurar su impunidad.

Los socios actuales de Cromañón

La liberación de los funcionarios ibarristas ha sido recibida con silencio e indiferencia por los principales bloques políticos que actúan en la Ciudad. Por un lado, entre los K y el Unen revistan muchos de los antiguos socios o partícipes del gobierno de Ibarra. El matrimonio Kirchner protegió, hasta donde le fue posible, al gobierno Cromañón. En el caso del PRO, es claro que no ha hecho sino reforzar la “zona liberada” en favor de los capitalistas del espectáculo o de la construcción. Ello quedó de manifiesto en el derrumbe del boliche Beara (2010), que terminó con dos jóvenes muertos. El director de habilitaciones de entonces fue procesado, pero la Justicia lo absolvió. En las últimas dos semanas, se produjeron tres derrumbes en obras de la construcción, con el saldo de un obrero muerto y varios heridos. La “Ciudad Cromañón” sigue vigente, bajo los mismos intereses sociales que condujeron a la masacre de diciembre de 2004.

Marcelo Ramal