Políticas

18/2/2016|1399

La Corte en el banquillo

Rosatti y Rosenkrantz representan el remate legal de la estafa financiera que se apresta a consumar el macrismo


El jueves 11, el Senado habilitó el proceso para tratar la designación de dos jueces en la Corte Suprema, que Macri intentó poner por decreto apenas asumió el mandato. El cambio de ruta del oficialismo fue saludado por los pretorianos del estado de derecho como una recomendable manifestación de flexibilidad institucional. Se trata, en realidad, de lo contrario: una advertencia al bloque del FpV de que podría volver sobre sus pasos en el caso de que la propuesta corra el riesgo de no ser aprobada. A partir de esta premisa, la Rosada espera que prevalezca el criterio de la gobernabilidad -que ahora parece haberse convertido en un principio sacrosanto para una barra política entrenada en la desestabilización e incluso el derrocamiento de gobiernos electos.


 


Los candidatos del macrismo deberían poner en alerta al movimiento popular, pues se trata de dos personajes reaccionarios, que transitan los estudios de abogados ligados a las mayores corporaciones. Uno es Carlos Rosatti, un ex funcionario K (como no podía ser de otro modo) y el otro,


Horacio Rosenkrantz, una suerte de neoliberal. La foja de ambos registra su rechazo al derecho al aborto, incluso en los casos no punibles, y su oposición a las huelgas decididas a nivel de bases o comités de empresas y a los piquetes. Su defensa de la jerarquía sindical implica que enfrentarían la legitimidad de los delegados electos al margen de los aparatos. A esto se agrega un cuestionamiento a los tratados internacionales de derechos humanos, precisamente cuando busca cobrar impulso un nuevo revisionismo histórico sobre la dictadura militar o incluso amnistías. La oposición a estos nombramientos debería ser una prioridad política para los luchadores -incluso si, por nuestros principios, nosotros cuestionamos que un organismo vitalicio, no electo por el pueblo y compuesto por personajes ligados al capital, tenga a su cargo la decisión sobre la constitucionalidad de las decisiones de los representantes del pueblo.


 


El gobierno ha calificado como “ideológicas” las impugnaciones que ha recibido contra ambos postulantes, como si para el ingreso a la Corte fuera suficiente la graduación universitaria y la buena conducta. La Corte es, sin embargo, un poder del Estado; no es concebible que quienes la integran actúen de un modo desideologizado o despolitizado. A pesar de haber pateado los ‘colleges’ y ‘campus’ de Estados Unidos, los funcionarios macristas fingen ignorar que la designación de cortesanos en ese país es decidida en el Senado sobre bases fundamentalmente políticas. La derecha norteamericana ha impuesto, en diversas ocasiones, a verdaderos talibanes religiosos e impugnado a candidatos liberales; la posición de cada cual en materia de derecho de aborto ha sido decisiva para la suerte de los pliegos. En tiempo reciente, en más de una ocasión la Corte de Estados Unidos ha llamado la atención al Congreso por vacíos legales que impedían impartir justicia y en otras más recientes ha fallado para corregir transitoriamente esa carencia legislativa.


 


De acuerdo con ciertas versiones, el bloque del FpV condicionaría el apoyo a esas designaciones a una ampliación del número de cortesanos, con la intención de meter gente de su propio palo. Esta variante supone, como es evidente, una transa más amplia, pues supone consagrar compromisos equivalentes a la formación de una coalición legislativa de apoyo al macrismo. La cuestión de los nuevos miembros de la Corte transita al mismo tiempo que la negociación del acuerdo con los fondos buitre, el cual requiere la derogación de la llamada ley cerrojo. Aunque Macri y Prat Gay advirtieron que recurrirían a un DNU en caso de no obtener el aval al acuerdo con los buitres, es claro que ya tienen el visto bueno del FpV, porque un acuerdo avalado por decreto no resolvería la crisis del endeudamiento internacional. Sea como fuere, la Corte tiene la última palabra en caso de un cuestionamiento a los decretos de necesidad y urgencia. R y R representan el remate legal de la estafa financiera que se apresta a consumar el macrismo.


 


La izquierda deber asumir la dirección de la oposición a R y R, en tanto los ‘revolucionarios’ K se ven atareados por el Congreso del PJ y la elección de autoridades con los laderos pejotistas del macrismo. CFK y La Cámpora, que por algo se quejaron hace dos años por la ruptura impulsada por las bases de la JP setentista con Perón, marchan entusiastas a la unidad justicialista.


 


Desarrollemos una fuerte agitación política contra estas designaciones reaccionarias.