La Corte Suprema se toma sus tiempos, en especial cuando se trata de zanjar fallos que puedan beneficiar a los trabajadores, a los jubilados o a los demás sectores populares. Así es que el máximo tribunal se apresta a tratar este año el pedido de “acción colectiva” presentado en el 2008 (¡hace 11 años!) por el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, para que todos los jubilados accedieran a los beneficios del denominado “caso Badaro” sin tener que realizar el reclamo judicial cada uno por separado.

Este beneficio establece que entre enero de 2002 y diciembre de 2006 el reajuste de haberes debió haber sido del 88,6% y no del 11% y del 21% – según el monto que cobraban – aplicado a partir del 2003 por el gobierno kirchnerista, a los jubilados que cobraban haberes mayores al mínimo. Esto supone ajustes en los haberes de entre el 55 y 69%.

Pero, como se repite en los propios medios tribunalicios, “cuando la Justicia es lenta, no es Justicia”. En este caso, para que un jubilado sea acreedor a la totalidad de este beneficio debió haber terminado su vida laboral en el 2002, es decir que si entonces tenía 65 años, hoy ya cuenta con 82.

Este es uno de los aspectos más perversos de la mecánica judicial y de los sucesivos gobiernos para despojar de beneficios a los jubilados. Extender en el tiempo la resolución del reclamo de tal manera que el beneficiario no llegue a percibirlo porque fallece antes.

En este caso, además, al no establecerse la “acción colectiva”, miles y miles de jubilados de haberes reducidos, pero que tienen el derecho a ese ajuste se quedaron sin él porque el costo de iniciar un juicio dificulta o conspira con la posibilidad de llevarlo adelante.

A su vez, quienes aceptaron forzados la estafa de la “Reparación Histórica” que fuera puesta en marcha 15 años después de que se iniciara el período de ajuste por el que se reclama, quedan afuera del mismo porque se supone que llegaron a un “acuerdo total” con el Anses.

Se estima que, inicialmente, el beneficio alcanzaba a un millón de jubilados (Clarín 26/2), pero actualmente esa cantidad se ha reducido sustancialmente por las dos razones anteriores y porque hay una cantidad de jubilados que realizaron juicios de manera individual y se los ganaron al Anses.

Un fallo que respete los derechos de los jubilados debiera no solo extender el derecho a todos los que les corresponde, como se pedía en la “acción colectiva”, sino también establecer el retroactivo que corresponde a cada uno por todos estos años durante los cuales se les sustrajo del bolsillo parte de sus haberes.