En un fallo emitido el jueves 5 de mayo, la Corte Suprema decidió que el juicio por el derrame de cianuro, generado por la Mina Veladero que opera Barrick Gold, continúe en la órbita de la Justicia sanjuanina. El juzgado federal de Casanello, que “amenazaba” con clausurar la mina, se deberá limitar a juzgar la responsabilidad que pudieran tener en el derrame los funcionarios nacionales del kirchnerismo que tuvieron a su cargo el área ambiental y la minería.

Este fallo es lo que pretendía la Barrick y fue recibido con alborozo por las patronales mineras y sus voceros. Tiene un carácter estratégico desde el momento que defiende el armado que surgió de la reforma constitucional del ’94 y que dejó en manos de las provincias la explotación de los recursos naturales apuntaba a darle mayores garantías a los pulpos mineros y petroleros, dada que la debilidad de los estados provinciales que albergan esos recursos, los hacía fácil presa de su colonización por los pulpos.

La justicia sanjuanina fue la que bloqueó en su momento la aplicación de la Ley de Glaciares en su momento, también con el argumento de las competencias provinciales en la explotación de sus recursos. Lo mismo pasa en Catamarca, Jujuy, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, todas provincias donde los pulpos mineros y petroleros tienen un peso decisivo en su producto bruto.

El fallo de la Corte limita los que llama “excesos de la jurisdicción federal que perjudican las competencias que de acuerdo a la organización federal de nuestro estado, han sido asignadas a las provincias (artículo 50 de la Constitución Nacional)”. Incluso llama “la atención para que se eviten en el futuro procedimientos similares al adoptado en el presente conflicto”.

Política de Estado

La corte pretende asegurar a los pulpos que solo tendrán que lidiar con las colonizadas estructuras judiciales provinciales como la que armó “Barrick” Gioja en San Juan. Esta es la política de Estado que proclamó Néstor Kirchner a poco de asumir desde la Casa Rosada (ver PO de abril de 2004), dando continuidad a la política minera de Menem, la Alianza y Duhalde.

Hoy la Corte la ratifica como lo hizo Macri al anunciar desde San Juan la quita de retenciones a la minería y como lo hizo recientemente Alicia Kirchner al anular todos los impuestos que le había impuesto Peralta a la minería sustituyéndolos por una “contribución voluntaria”.