La Corte Suprema acaba de emitir un fallo completamente reaccionario. Al establecer que sólo los sindicatos tienen derecho a declarar huelgas, cercena el derecho a la libre organización de los trabajadores. Se sienta el principio fascistizante de que es el Estado el que establece la forma en la cual se organizan los trabajadores, siendo que innumerables veces éstos deben defenderse y hasta enfrentar al propio Estado en pos de la defensa de sus reivindicaciones.

No cabe duda que el fallo es el pago del gobierno a la burocracia sindical de la CGT, a cambio de que ésta no hiciera ninguna medida de acción directa o paros contra el veto de Macri a la ley de prohibición de despidos.

La medida implica una reversión de fallos judiciales previos, que consideraban que los trabajadores podían adoptar medidas de acción colectiva sin contar con la aprobación de la organización sindical de su rama de actividad. Era el caso del trabajador del Correo Argentino Francisco Orellano, que había sido despedido por la empresa al participar de una acción de lucha sin el aval del sindicato. Tanto la Justicia de primera instancia como la Cámara del Trabajo habían considerado el despido como inválido e intimado a la empresa a que reincorporara a Orellano, pagándole además una indemnización por daño moral. Ahora, con este fallo, la Corte Suprema niega estas medidas de protección del trabajador para defender el despido de la patronal.

El fallo busca un reforzamiento de la burocracia sindical, que viene exigiendo que la Justicia rechace las medidas de acción colectiva realizadas por los trabajadores que no tengan su aval. La circunstancia tampoco es fortuita. En la medida que Moyano, Caló y Barrionuevo han cerrado filas con el gobierno macrista, el fallo viene a allanar la aplicación a fondo del ajuste. En la misma línea de esta medida se puede prever que la Corte Suprema también buscará revertir la jurisprudencia que les otorgó tutela gremial a los trabajadores que asumieron tareas de defensa de los trabajadores aun sin ser delegados.

El gobierno de Macri reclamó este fallo. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ya había anticipado que no otorgaría reconocimiento a los nuevos sindicatos formados por los trabajadores, ni tampoco la personería gremial a quienes revisten como “simplemente inscriptos”. El pejotismo, que actúa como expresión política de la burocracia sindical, también apoya el fallo.

Denunciamos el fallo de la Corte Suprema por su carácter reaccionario y hasta fascistizante, emitido en función de proteger a la burocracia sindical comprometida. Es un traje a medida del ajuste macrista y sirve como prenda de cambio para que los Moyano, Caló y Barrionuevo dejen pasar el ajuste contra los trabajadores.