El fallo de Servini de Cubría, que declara la inconstitucionalidad de la elección popular del Consejo de la Magistratura, representa un salto en la crisis política. Se trata sólo de un fallo de fondo, el cual invalida una ley estratégica para el oficialismo.

El fallo de Servini era previsible. La mayor parte de la corporación judicial está sublevada contra el gobierno. Se demostró, de manera categórica, en las elecciones de profesores y graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, donde el kirchnerismo fue virtualmente aplastado por una coalición de radicales y derechistas. Tanto los colegios de abogados como las organizaciones que nuclean a los jueces han poblado los juzgados de recursos contra la constitucionalidad de la elección popular del Consejo. Quienes siguen el día a día del libro de pases de la corpo judicial afirman que Justicia Legítima -el bloque K en el Poder Judicial- ha visto reducida su membresía a su mínima expresión. La última acción pública de Justicia Legítima fue hacer lobby para que la Corte Suprema levante el embargo que pesaba sobre la petrolera yanqui Chevrón, por la contaminación de 500 millones de hectáreas en Ecuador.

El gobierno decidió enfrentar el fallo de Servini de Cubría con un pedido para que el caso vaya de manera directa a la Corte. Existe una coincidencia en que la Corte ratificaría el fallo de la jueza electoral. Según La Nación, podría habilitar la elección popular de los seis académicos y no la de jueces y abogados, quienes seguirán siendo electos por sus respectivas corporaciones. El premio consuelo para el oficialismo es que tendría, de este modo, una elección nacional que podría usar como plebiscito -si gana, claro. La función de arbitraje que la Constitución asigna a la Corte no la capacita para arbitrar en la crisis política.

Las malas noticias del gobierno no vinieron sólo de los Tribunales. La inscripción del bloque político que encabeza Sergio Massa, para competir en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, es un golpe para el kirchnerismo, aunque Massa aún no confirmó su propia candidatura. Massa y Scioli fogonean una sucesión de CFK, digitada por el aparato de gobernadores e intendentes electos por el kirchnerismo.

La ‘opo’, desde Macri a Binner, festejó el fallo de Servini de Cubría; para ella, ‘la República’ es un gobierno estamentario de jueces inamovibles, quienes eligen a sus propios sucesores y aseguran el predomino de los estudios jurídicos que trabajan con las corporaciones capitalistas. Para defender el régimen estamentario, los Binner han cerrado un acuerdo con los Macri para designar una lista común de consejeros. La República, sin embargo, es que el pueblo elija y tenga derecho a revocar a sus representantes políticos y a que la representación popular se ejerza en todas las actividades de la sociedad, y que la Justicia se convierta en un órgano representativo. El gobierno enfrenta ahora el desafío de encarar la disputa electoral luego de una feroz derrota política y una creciente crisis financiera.

De este escenario emerge una polarización en muletas, porque el cristinismo quedaría aislado en su último reducto, mientras la ‘opo’ se autofagocita en una tómbola de ‘internas abiertas’. Una polarización manca es una gran oportunidad para la izquierda revolucionaria, siempre que seamos capaces de clarificar, ante el electorado, la enorme confusión que habrá de generar, frente a las primarias, la proliferación de listas centroizquierdistas y pseudoizquierdistas. Luego, para octubre, la elección podría quedar reducida a tres o cuatro bloques políticos, uno de los cuales deberá ser el Frente de Izquierda y los Trabajadores. El Frente de Izquierda opone a las falsas ‘reformas del Estado’ la perspectiva de un gobierno de trabajadores.