Mientras el Poder Judicial sufre jueves a jueves los embates de los cacerolazos, los jueces caen bajo el corralito de los escraches a sus casas, y los piqueteros y asambleas populares piden las cabezas de la Corte Suprema, estos jueces destituidos por el repudio popular fallan contra los últimos derechos de las masas que quedan en pie. Declaran inconstitucional la Ley de Salud Reproductiva y de Reproducción Responsable de la Ciudad de Buenos Aires, prohibiendo la píldora anticonceptiva del día después.

Esta ley fue aprobada por el Poder Legislativo en junio de 2000. El Poder Ejecutivo radical, por mandato del poder clerical, la corrigió dos días después: "se respetarán sus creencias y sus valores" (de los padres de las menores, que pueden objetar la anticoncepción). Se podrán incorporar nuevos métodos "que en todos los casos serán reversibles, transitorios, no abortivos..." (vetando la ligadura de trompas, las píldoras del día después y las RU, y dispositivos intrauterinos), abortivos según el clero. Los fondos para implementarla dependen de los juegos de azar (bingo y otros, art. 9º, inc. b). A toda la ley tibiamente "progresista"... seguro que le falta presupuesto.

Ibarra, en dos años de gobierno no la reglamentó, aunque ahora apele el fallo de la Corte con indignada verborragia frepasista: "Demostremos que somos muchos más los que respetamos los derechos de las mujeres (...) para que la igualdad sea un hecho y no un discurso". Pero las instituciones se tambalean al grito constante de "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo", con cacerolazos y marchas piqueteras sobre la Capital. Para sostenerse en el poder, Ibarra, Duhalde y los gobernadores provinciales cierran acuerdos confiando en las fuerzas de seguridad. La crisis de poder necesita del encubrimiento de la Iglesia para sellar esa alianza, y un rebote de los punteros a Cáritas para frenar la situación revolucionaria. Para sellar esta alianza los jueces apuraron un fallo dividido en un momento (político) inoportuno.

Prohibida la fabricación y distribución de la píldora "Inmediat", que frena la implantación del óvulo al segundo día de fecundado, la mujer o la joven estará obligada a pagar más caro el mismo fármaco de 16,90 pesos con otra marca; la prohibición aumenta las ganancias de los laboratorios. Mujeres o niñas sin recursos, en cambio, deberán sobrellevar un embarazo no deseado, incluso por violación, o aún siendo deficientes; por su embarazo podrán perder su empleo o ser despedidas "por falta de trabajo", o recibir algún plan de empleo para jefas de hogar por 200 pesos. El régimen laboral ha destruido los derechos maternales; la desocupación, la posibilidad de criar y/o tener más hijos. Las mujeres cada vez tendremos menos recursos para adquirir anticonceptivos, ni hablar de las muestras gratis y píldoras "en prueba" que proveían los laboratorios.

El gobierno no está en condiciones, ni quiere, producir un medicamento que afecte los intereses de los laboratorios o choque con los de la curia. Las ONG y Cáritas cobrarán más subsidios al Estado por "proteger a los niños pobres" en hogares sustitutos, subsidios que no se le brindarán a sus padres desocupados. La protección de la vida desde la concepción termina con la desprotección total de los niños ya nacidos en el negocio de la miseria. Cientos y cientos de mujeres serán condenadas al aborto clandestino que cobra dos víctimas diarias. El derecho a elegir su maternidad, el derecho de todas las mujeres a la maternidad, es también el derecho de las masas explotadas a parir otra sociedad sin explotadores ni explotados, con otras relaciones sociales de producción. El derecho al aborto para sobrevivir se transforma en el derecho a otra organización de la sociedad, para no abortar.

Fuera el Poder Judicial, fuera el Poder Legislativo, fuera el Poder Ejecutivo. Asambleas Populares Constituyentes. Juicio popular a la Corte Suprema.