La Corte Suprema debe convocar a una audiencia pública para discutir la legalidad del dictado de educación religiosa en las escuelas de Salta. Como antecedente directo, el ministro Esteban Bullrich fijó la posición del gobierno en favor de la injerencia confesional. Estamos ante un debate de fondo que se seguirá procesando, ahora en la Corte macrista del 2×1.

 

El alto tribunal ya recibió la opinión no vinculante de la Procuración, que se pronunció en contra de la enseñanza católica, pero en nombre “de las minorías”. Es decir que dejó la puerta abierta a que otros credos desembarquen en la escuela.

 

De todos modos, la experiencia de Salta muestra que el “pluralismo religioso” sólo existe en los papeles; en la realidad se impone el catolicismo. La curia hasta tiene la potestad de elegir a los docentes de la materia. Todavía muy por detrás, los grupos evangélicos van pujando por espacios, recibiendo cuantiosos subsidios del Estado y convenios para desarrollar tareas educativas.

 

 

Salta como perspectiva…

 

Por estos días, es común ver al gobernador Juan Manuel Urtubey en programas porteños, exponiendo las bondades de su gobierno. La provincia de la entrega de recursos, del trabajo en negro y del oscurantismo religioso se va convirtiendo en un “modelo” a seguir para la clase dominante argentina.

 

Urtubey fue el primero en hablar de la “revalorización de la fe de los pueblos”, incluso antes de que el kirchnerismo descubriera el carácter “progresivo” de Bergoglio, redactara el nuevo Código Civil antiaborto y derogara la ley 1.420 de educación laica.

 

Las consecuencias de la injerencia confesional en las escuelas se pueden ver en las restricciones a la educación sexual y científica. La Iglesia contribuye también en la tarea de inferiorización y sometimiento de la mujer y, por lo tanto, es corresponsable en el récord de femicidios y embarazos adolecentes en la provincia.

 

El rol “educativo” de la Iglesia no termina allí: en Salta tiene el monopolio, a través de la Universidad Católica, de carreras clave como Abogacía, Psicología y Asistente Social. Autoridades de esta institución han ocupado los ministerios de Urtubey y también la Justicia, mostrando que la Iglesia es un formador privilegiado del personal estatal salteño. Son éstos los que luego culpan al pobre por la desnutrición y a las mujeres por los femicidios. La revalorización de los credos de la que habla el gobernador poco tiene que ver con inculcar valores humanitarios: se trata de justificar el statu quo y anular la capacidad crítica de los estudiantes.

 

El escandaloso 2×1 a los genocidas de la Corte, pedido por el gobierno y la Iglesia en nombre del “perdón”, ya ha dejado entrever esta alianza reaccionaria entre la curia y el Estado para golpear la conciencia política del pueblo y reposicionar a las Fuerzas Armadas en la represión interna. Para enfrentar esta política, la instancia de la audiencia pública de la Corte debe transformarse en un gran escenario de movilización y denuncia.