La Corte Suprema de la Nación emitió un fallo por el cual suspende las elecciones en Tucumán y en la provincia de San Juan que iban a realizarse el domingo 14 de mayo.

En el caso de Tucumán, el fallo da lugar a una medida cautelar solicitada por el Partido de la Justicia Social, que conduce el intendente de la capital provincial, Germán Alfaro, un alfil del PRO en la provincia.

Hasta donde se pudo conocer, el dictamen de la Corte no impugna la totalidad de las elecciones si no solamente las de gobernador y vice. Sucede que la candidatura del actual mandatario Juan Manzur es absolutamente ilegal: ya ocupó el cargo a gobernador durante dos períodos consecutivos, que es lo que permite la carta magna. El intento de presentarse ahora como candidato a vice viola la Constitución provincial, ya que él terminaría ejerciendo como gobernador de la provincia ante un eventual pedido de licencia del mandatario en funciones.

Es evidente que hay un intento de los gobernantes de distintas provincias de eternizarse en el poder utilizando triquiñuelas legales y cambiando las reglas electorales a su antojo. Para estas maniobras fraudulentas utilizan poderes judiciales adictos, cuyos funcionarios en muchos casos nombran ellos mismo.

Ahora bien, el pedido de suspensión de las elecciones que se presentó ante la Corte se registró hace un mes, aproximadamente. ¿Por qué no falló inmediatamente? ¿Por qué no le dijo a Manzur de inmediato que no se podía presentar? En la mayoría de las elecciones provinciales, y ante hechos similares, la Corte se escudaba en las autonomías distritales y evitaba pronunciarse. En este caso esperó hasta último momento para voltear toda la elección, cuando se podrían haber impugnado solo la lista a gobernador y vice del PJ, con los debidos plazos.

La Corte Suprema de la Nación actúa volteando la elección, lo cual es un golpe concreto a la candidatura de Manzur y a sus aspiraciones nacionales, y también es una grave manipulación del sistema electoral del todo extemporánea. Es evidente que no se trata de la impugnación a un delegado comunal suplente o al séptimo suplente de una lista de concejales de un municipio; cuando eso sucede se los reemplaza, este fallo esta direccionado a voltear un candidato.

Los procesos electorales regidos por las cortes burguesas están viciados de hechos fraudulentos en forma continua. La reforma constitucional de 2006 habilitó entonces la reelección de Alperovich y todos los legisladores, y a la vez dictaminó que su primer mandato “no contaba”. Gracias a eso, Alperovich fue gobernador durante 12 años consecutivos. Una violación a la constitución que nadie del arco burgués objetó.

Necesitamos una elección que se desarrolle en términos realmente democráticos, es decir, sin un sistema fraudulento como el de los acoples, con fondos para garantizar una campaña electoral equitativa entre los distintos espacios políticos, con acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos. Yendo más lejos, necesitamos que los jueces y fiscales, especialmente los de la Corte Suprema, sean electos por el voto popular.

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