El reciente fallo de la Corte Supre­ma que declara la inconstitucionalidad del articulado de la ley de ART que prohíbe al trabajador recurrir a la Justicia para demandar un resarci­miento adecuado, provocó una ola de indignación en toda la burguesía. Pero el diario financiero El Cronista -propiedad del Grupo Recoletos, vinculado al Financial Times, o sea a lo más gra­nado de las multinacionales- no ha va­cilado en admitir, en un editorial, que la Corte ha simplemente abierto una vía para salvar la privatización de los accidentes de trabajo de sus insalva­bles contradicciones políticas y legales.

El Cronista destaca que “la Corte remarcó que no censura la vigencia de un régimen limitativo de reparación de daños, aceptando la continuidad de la Ley de Riesgos del TV abajo, de la que reconoce varios aspectos positivos, co­mo la automaticidad y celeridad en el pago de las prestaciones". TV un bien di­ce que la Corte, “vale decirlo, encontró puntos flacos” en el sistema tal cual fue aprobado en 1995, bajo el menemismo, “como ser que muchas veces las em­presas se cubren con la póliza de la ART pero no hacen la inversión en se­guridad necesaria, con lo cual tienen el beneficio del tope pero sin cumplir la obligación correspondiente" (24/9).

La confusión de El Cronista es que “el mensaje que dio la Corte es que puede aceptar un límite en las indemnizaciones por accidente laboral, como el que fijó la norma impugnada, pero su mandato es que “sea razonable", o sea, “mucho mayor que el actual.

Este vocero periodístico del capital financiero llama entonces "al Estado, a las empresas, a los gremios y al Con­greso a que consensuen lo más rápido posible una corrección a la ley”, algo que ya empezaron a hacer los funcio­narios del Ministerio de TV abajo, los le­gisladores, las patronales y la buró- erada sindical.

Mientras los kirchneristas dicen que estamos ante un fallo antipatro­nal, que revierte el proceso de los 90, para la gran patronal la Corte se li­mitó a cuestionar “puntos flacos” de la ley que ponían en riesgo el sistema en su conjunto, y rescata que se trata de una ratificación de la ley que asegura el proceso de privatización de la segu­ridad social y limita las indemniza- dones que reciben los trabajadores.

Con esta caracterización, llama a los patrones de todo pelaje a canalizar el folio hada una nueva ley que man­tenga a las ART, en un acuerdo con la burocracia sindical y el gobierno.

El PO plantea:

Todo el sistema de jubilaciones y accidentes de trabajo debe estar a cargo del Estado, financiado con un impuesto a los capitalistas.

Formación de comités obreros que tomen a su cargo el control de los ritmos de trabajo y las normas de se­guridad en las fábricas para evitar que ocurran los accidentes y obligar a las patronales a que metan plata en la seguridad del trabajo.

Aumento de los salarios y de las indemnizaciones por accidente.

Multas, penas y responsabili­dad a vil de las patronales, para obli­garlas a que respeten las normas de higiene, prevención y seguridad la­boral.

Determinación de las enferme­dades profesionales y laborales por comités de obreros, médicos y especialistas en riesgos.