04/12/1997 | 567

La criminalización de la ‘democracia’

Los dirigentes de la Alianza se quejan de que Menem continúe actuando como si no hubiera perdido las últimas elecciones.


¿ Pero esta queja no denuncia, más bien, la completa impotencia de la Alianza para hacer valer lo que ella entiende que es el mandato que le dio el electorado el 26 de octubre?


Esto no debería sorprender, sin embargo, porque las tareas, los cometidos y las acciones que se deberían llevar adelante ante la completa descomposición del menemismo y la imparable crisis económica, superan holgadamente los objetivos, los planteos y la voluntad de movilización popular de la Alianza.


La descomposición del menemismo no es una frase de circunstancia. La política argentina, el estado y sus instituciones se encuentran completamente criminalizados. Los charlatanes ‘democráticos’ que sucedieron a la dictadura militar no quisieron nunca liquidar el aparato montado por ésta, pensaron que lo podrían absorber en forma ‘indolora’ y que lo podrían ‘reeducar’ para la ‘ética ciudadana’.


Pero, más que nada, la propia crisis económica del capitalismo es un factor poderoso de esta criminalización, ya que es un auxiliar imprescindible en la lucha de buitres a la que se deben lanzar los capitalistas para quedarse en el ‘mercado’. Por eso, la criminalización de la política ‘democrática’ tiene un alcance mundial y se manifiesta en tantos países.


Como consecuencia de esto tenemos que los ‘carapintadas’, la totalidad de los aparatos policiales y militares, y una gran parte del aparato judicial, parlamentario y administrativo, se encuentra comprometido en toda suerte de delitos y de crímenes. Desde las ‘aduanas paralelas’ al crimen de Cabezas; desde la evasión masiva de impuestos hasta el atentado a la Amia; desde el narcotráfico al ‘gatillo fácil’; desde los fallos judiciales ‘arreglados’ hasta la conexión de la polícía y la justicia en operaciones de robos y secuestros.


El fracaso de la comisión parlamentaria ‘antimaffias’ para reconocer el menor vestigio de accionar criminal para-estatal y para-gubernamental, constituye un acta de acusación ilevantable contra el Congreso. Incluso la Alianza se dividió en la emisión del despacho de oposición, en una clara complicidad con la operación de encubrimiento del oficialismo.


¿Pero cómo se podía pretender que los ‘representantes del pueblo’ actuaran de manera diferente, si ya se sabe que los dos últimos embajadores norteamericanos se han transformado en operadores activos de los ‘lobbys’ clandestinos que realizan sus negocios bajo la protección de los aparatos del Estado?


El viejo embajador Todman es un activo ‘lobbysta’ de la privatización de aeropuertos, que tiene por protagonista a Yabrán. Ahora nos enteramos que el‘cuervo’ Cheek se metió en los mismos menesteres como director de una empresa vinculada a Yabrán, Ciccone Calcográfica. Cheek pretendió desmentir la información diciendo que había sido asesor, no director, y que es amigo de los hermanos Ciccone desde cuando era el representante oficial norteamericano en Argentina. Como el abogado de Yabrán, Wenceslao Bunge es, a su vez, un viejo amigo de Kissinger, sólo los tontos pueden ignorar que el dueño de OCA ha trabado desde hace algún tiempo un activo ‘modus vivendi’ con el gobierno de Estados Unidos.


La Meijide, sin embargo, peregrina a la meca de la democracia imperialista para solicitar apoyo en la lucha contra la corrupción.


Esto explica que Menem no tenga inconvenientes en ignorar los resultados de las elecciones. Que no tenga inconvenientes en privatizar los aeropuertos por decreto. Que no tenga inconvenientes en proseguir con el intento de imponer la ‘reforma laboral’. Que no tenga inconvenientes en lograr que se apruebe el presupuesto de 1998 confeccionado por el FMI. Un presupuesto que no otorga aumento a los docentes o a los jubilados, y que sí prevé poderes extraordinarios para Menem en el caso de que se agrave la crisis económica.


¿Cómo puede ser de otra manera, cuando la Alianza ha colaborado con la designación de Pierri como presidente de la cámara de diputados al dejar sin apoyo, abstención mediante, a la fracción justicialista que no le quería renovar el cargo? ¿Hay que ser muy ‘perspicaz’, acaso, para descubrir en este hecho un acuerdo con Duhalde para que la Alianza presida la legislatura bonaerense?


Hace una semana, la Alianza prometió anular la privatización por decreto de los aeropuertos. Ahora se ha echado atrás. El ‘respeto’ a los ‘contratos’firmados por el menemismo, que prometió en la campaña electoral, se extiende a los convenios inconstitucionales y maffiosos. La defensa del orden capitalista le impone a la Alianza la complicidad con la criminalización del régimen ‘democrático’.


¿Y por qué debería ser de otro modo, si es servidora del mismo amo? De la Rúa, con las deudas que contrae en el exterior y la revaluación impositiva de las viviendas; Mestre, con el ‘perdón’ que otorga a los grandes deudores que quebraron a los bancos estatales de Córdoba; Verani, con su política de represión contra los trabajadores y el encubrimiento de la policía en los crímenes de Cipolletti, Río Colorado o Villa Regina; todos éstos, ¿no son astillas del mismo palo menemista, como diría la Meijide?


La criminalización de la sociedad burguesa va más allá de los crímenes de Estado. María Soledad, las tres chicas de Cipolletti, el niño Julio Garrión de Cruz del Eje, las niñas Jimena Hernández y Nahir Mustafá, los dos chicos de Chascomús; todos éstos y varios casos más, esconden el accionar de redes de prostitución infantil y juvenil, narcotráfico y corrupción de todo tipo, que tienen por protagonistas a numerosos miembros de los círculos más altos de la burguesía. ¿Para qué tuvieron que hacer una reunión especial, la semana pasada, las familias más acomodadas de Cipolletti —un evento ‘clasista’ de lo más curioso por cierto?


Los trabajadores que luchamos contra los despidos, la desocupación masiva, la superexplotación fabril, la destrucción de la salud y de la educación, y la miseria, tenemos que ser concientes que el régimen que impulsa esta política como supuesta ‘salida’ a una crisis económica a la que no le reconoce dueños ni responsables, es un régimen en completa descomposición política y moral, que sólo puede vivir y sobrevivir atentando contra todos y cada uno de los derechos más elementales de la persona humana.

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