Políticas

11/10/2012

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La crisis de prefectos y gendarmes

El “salario imposible” de los K

Con la negativa del gobierno al reclamo de un básico de 7.000 pesos, el conflicto con los prefectos y gendarmes ha dado otro salto. Los suboficiales de gendarmería consideraron una “burla” la ratificación del decreto oficial, por lo que resolvieron una reducción del 50% en sus servicios. Después de haber repetido durante días que el conflicto se debía a una “liquidación salarial defectuosa”, Abal Medina reivindicó la aplicación del decreto oficial. Pero a renglón siguiente, echaron al autor de la norma, el hermano de la ministra Garré.


La medida no fue acompañada por la derogación del decreto que reemplazó los adicionales por un ‘complemento’ que será absorbido con futuros aumentos o ascensos. En vista de lo anterior, los efectivos reclamaron un salario básico de 7.000 pesos.


Pago en negro y jerarquías militares


Según se supo en estos días, los ajustes estaban previstos en el presupuesto 2013 -nada tenían, por lo tanto, de liquidaciones defectuosas. El decreto de Garré eliminó un conjunto de adicionales y suplementos “en negro”, los cuales representaban hasta el 80% de la estructura salarial de las fuerzas. Pero dejaron en pie algunos “complementos” que hablan por sí solos: 13.000 pesos ‘limpios’ para los jefes y sólo 3.000 pesos -y sujetos a las deducciones por ganancias- para los de menor rango. La poda fue tan arbitraria y desigual como el régimen de “adicionales” que vino a suplantar. Los adicionales con mayor peso “se otorgaron a través de los seis decretos firmados entre 2006 y 2010 por Néstor y Cristina Kirchner” (Clarín, 10/10).


Esa estructura salarial sólo entró en crisis cuando dos fallos de la Corte establecieron el carácter remunerativo de los adicionales, lo que permitió que muchos efectivos se ampararan en ellos y cobraran salarios mayores. La Corte también había fallado a favor del reajuste de los haberes jubilatorios congelados entre 2002 y 2008. Pero mientras los juicios de jubilados eran apelados -o sencillamente ninguneados- por la Anses, las medidas cautelares en favor de las fuerzas de represión se pagaban puntualmente. Antes que esta enormidad alcanzara trascendencia, el gobierno decidió ‘limpiar’ de adicionales el sueldo de prefectos y gendarmes -y, de paso, someterlos al ajuste.


La discrecionalidad de los recortes es la consecuencia necesaria del carácter vertical de los aparatos de represión del Estado: la autoridad sólo se manifiesta plenamente a través del ejercicio de los actos arbitrarios -o sea, de aquellos que emanan de la aplicación lisa y llana del principio de autoridad. El carácter opresivo de la institución policial y militar se expresa en su estructura interna.


Presupuesto trucho, “modelo” inviable


El reclamo de un salario básico de 7.000 pesos plantearía un gasto adicional de 4.000 millones de pesos en 2013. Y bastante más si -como se prevé- desata un pedido similar en las restantes fuerzas. La factura a pagar se agranda por la misma expansión de la Gendarmería, que duplicó sus efectivos bajo el kirchnerismo. Pero, en definitiva, el régimen de pago en negro abarca al conjunto de las administraciones estatales y provinciales.


Gobierno y opositores


En vistas de lo anterior, se ha reforzado un inédito frente único del gobierno y opositores, de “6,7,8” y de Clarín, contra el reclamo de los 7.000 pesos de básico. En la conferencia de prensa de este martes, Abal Medina reivindicó “el crecimiento de la gendarmería” en estos años, “con equipamiento y efectivos”. Con esa política, los K quisieron sortear la crisis de seguridad planteada por la descomposición imparable de la Federal y la Bonaerense.


Pero los K no han podido evitar que al interior de la Gendamería y la Prefectura se instalen las mismas contradicciones sociales que en el conjunto del “modelo”: los efectivos de la seguridad democrática trabajan con salarios en negro (como lo hace el 35% de los trabajadores del país) y deben hacer changas para sobrevivir.


El reclamo presupuestario o salarial de los efectivos del aparato de represión comporta, objetivamente, un reforzamiento de su capacidad de coerción contra el pueblo. Pero, al mismo tiempo, conduce a un choque con el propio régimen y aparato estatal que esos efectivos defienden.


Como todas las crisis planteadas por la bancarrota capitalista y la declinación del arbitraje oficial, las fuerzas políticas y las clases sociales intervienen en esta crisis en pos de una salida favorable a sus intereses. Los socialistas revolucionarios no podemos dejar de hacerlo. Denunciamos el reforzamiento represivo que reclaman oficialistas y opositores, así como también todo el andamiaje de delación y espionaje contra el movimiento popular (Proyecto X, Ley antiterrorista). Señalamos el despotismo interior de las “fuerzas”, como consecuencia de su carácter de clase represivo. Oponemos a la sindicalización que reclama un sector de la burguesía -que se reduce a formar una comisión de gestión laboral- un sindicato con derecho de huelga y poder de veto sobre las órdenes que impliquen ataques contra la lucha de clases del movimiento obrero y del conjunto de los explotados.