Después de las elecciones, la crisis interna del partido gobernante, el MPN, se profundizó. Su senador electo, Guillermo Pereyra, lideró la ruptura de un sector que rompió con el gobierno. Los K siguen contando con el apoyo de la otra fracción, la del gobernador Sapag. La adhesión de Sapag al "proyecto nacional y popular" no obedece a ninguna convicción política, sólo pesa la crisis del fisco provincial y su dependencia de las "dádivas" nacionales. El presupuesto aprobado en la Legislatura prevé un déficit de 800 millones de pesos y un endeudamiento por 2 mil millones, el cual sólo se puede tomar con autorización del gobierno nacional. A su vez, las pocas obras públicas que se desarrollan en la provincia dependen de planes financiados por Nación. Es el caso del Plan "Más Cerca", la única zanahoria que recibió Sapag por haber hecho pasar el acuerdo con Chevron. De todos modos, el ingreso por regalías petroleras sigue en caída: mientras antes representaba la mitad de los ingresos, ahora sólo alcanza a una quinta parte. El salvavidas con el que pretende salvarse Sapag es de plomo.

La disputa interna del MPN tendrá un nuevo capítulo con la elección de autoridades partidarias a principios del año próximo. Allí Sapag, quien sufre el pasaje de intendentes y legisladores "aliados" al campo de la oposición interna y externa, espera recuperar terreno. Mientras tanto, Pereyra, luego de haber ganado con una furiosa campaña anti-K, amaina los ánimos y "dialoga" con el senador Pichetto. El sindicalista pretende colocarse en una posición equidistante entre las diversas variantes del post-kirchnerismo. Así, el "presidenciable" Massa debió suspender su visita a Neuquén, por la negativa de Pereyra de recibirlo y para evitar una deslucida reunión con el intendente "Pechi" Quiroga, quien salió fuertemente golpeado del proceso electoral.

Pero las crisis, disputas y realineamientos por arriba, tienen como contrapartida un pronunciamiento político masivo contra el ajuste con el voto al Frente de izquierda en todo Neuquén, con picos del 13% en las grandes concentraciones urbanas y de trabajadores, y un crecimiento de los conflictos obreros.

Los profesionales de la salud llevan su séptimo mes de lucha por la recomposición salarial. El sistema sanitario provincial se encuentra en un estado más que alarmante. Existe un fuerte proceso de fuga de los profesionales al sistema privado, donde cobran tres veces más que en el hospital público. Los enfermeros agrupados en ATE también han vuelto a la lucha por la recategorización y la reapertura de las paritarias. La lucha contra la precarización laboral se ha puesto a la orden del día, en primer lugar, entre los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, pero también en Estadística y Censos, los guardavidas y municipales. La directiva provincial de Aten ha votado el impulso a la lucha por un doble aguinaldo de fin de año, mientras mantiene en pie la exigencia del adelantamiento de las cuotas pautadas para mediados del año que viene. La reforma anti-educativa que se encuentra impulsando Sapag, con el aval del kirchnerismo y el quiroguismo, recibió un primer revés en una jornada institucional con el voto negativo de la mayor parte de la docencia. Por otro lado, en el sector privado se han desenvuelto medidas de fuerza por parte de los jerárquicos petroleros en los pozos de Chevron y cortes de ruta de desocupados en reclamo de trabajo en Cutral Co, Añelo y Plottier.

En este marco, el 20 de noviembre pasado tuvo lugar el paro de la CTA, sin que formara parte de un plan de acción unificado dirigido a quebrar el ajuste en marcha. La parálisis de la CTA se refuerza con los magros resultados electorales obtenidos por el centroizquierda, que actúa en el seno de su dirección y se encuentra atravesado por fuertes divisiones internas. La necesidad de superar la atomización de los diversos procesos de lucha le da toda la actualidad al planteo de un congreso de bases de la CTA y la CGT locales que, recogiendo todas las reivindicaciones pendientes, plantee un plan de acción de todos los sectores en lucha.

El proyecto de ley presentado por la bancada del Frente de Izquierda, que apunta a terminar con la precarización laboral en el Estado, es un punto de apoyo fundamental para organizar a la mayor cantidad de compañeros y darle fuerza e impulso a la lucha contra este atropello.