La crisis sanitaria en Bariloche provocada por el coronavirus está lejos de resolverse. Al momento de publicación de este artículo, la ciudad presentaba 59 casos positivos confirmados. El dato no solo impresiona si se lo relaciona con la cantidad de habitantes que tiene la ciudad, sino que es realmente preocupante debido a al crecimiento acelerado y sostenido de casos.

Toda la planificación elaborada, tanto por el municipio como por el gobierno provincial de Río Negro, para enfrentar esta pandemia falló. Incluso la responsabilidad de esta crisis llega hasta el gobierno nacional, ya que uno de los focos de contagio se dio en la Policía de Seguridad Aeroportuaria –como fuera mencionado anteriormente en Prensa Obrera .

El gobierno nacional salió esta semana a pedir la conformación de mesas de participación del manejo de la crisis que involucre a “actores sociales relevantes en el territorio”. En un municipio como Bariloche, el funcionamiento de estos comités no asegurará una real representación de los trabajadores, ya que muchos de aquellos, como ONGs y Juntas Vecinales Municipales, se encuentran cooptados por los partidos gobernantes. Solo la conformación de comités de higiene y seguridad de trabajadores y vecinos garantizará una participación efectiva de la clase trabajadora en la toma de decisiones.

La responsabilidad del gobierno provincial (Juntos Somos Río Negro, JSRN) se evidencia en la situación en la que se encuentra el Hospital Zonal, donde los protocolos elaborados no han funcionado como era de esperar, pese al esfuerzo de los trabajadores de la salud. Al igual que muchas instituciones sanitarias del país, el Hospital de Bariloche cuenta con varios médicos y enfermeros que se han contagiado del virus.

El sábado pasado, el Ministerio de Salud de Nación informó que en la provincia de Río Negro hay cuatro ciudades que tienen contagio comunitario de coronavirus: Cipolletti, Choele Choel, Catriel y Bariloche. Lejos de replantear las medidas adoptadas, desde el gobierno provincial se limitaron a informar que “esperábamos la circulación comunitaria del virus en Río Negro”. Por su parte, el intendente de Bariloche, Gustavo Genusso (también de JSRN), se deslindó de toda responsabilidad y descargó la culpa en la sociedad barilochense.

Genusso viene de habilitar el funcionamiento de venta de productos elaborados con entrega a domicilio. Entre el lunes y martes de esta semana se inscribieron cerca de 290 locales comerciales para desarrollar esta actividad. Pero el miércoles por la tarde se pusieron de manifiesto las contradicciones al interior del partido gobernante, ya que desde el Ministerio de Salud provincial aumentaron las restricciones sobre la ciudad y dejaron sin efecto las medidas dispuestas por el intendente el sábado pasado. Se restringieron las actividades comerciales, la circulación de personas en la vía pública y los horarios de atención. Esto demuestra la falta de coordinación entre ambos gobiernos.

Lo realmente preocupante es que no se ha anunciado ninguna medida en favor de los desocupados y trabajadores precarizados que están atravesando esta cuarentena en condiciones de extrema precariedad. La insuficiencia de la ayuda brindada a través de comedores y módulos alimenticios recrudece a medida que pasa el tiempo.

Estallada la crisis sanitaria en esta ciudad, el resto de las fuerzas gobernantes intentan despegarse de toda culpa y descargan la responsabilidad absoluta en el intendente. Varios dirigentes han salido en medios locales a decir que el intendente “no consulta y ni siquiera informa” y a pedir que “se gestione de manera más abierta”. Pero es necesario mencionar que esas mismas fuerzas, desde el Concejo Deliberante municipal, han otorgado facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo local. Ante este escenario entendemos que la responsabilidad es compartida entre ambos poderes del municipio barilochense.

Ante el agravamiento de esta situación reiteramos la necesidad de una centralización de todo el sistema de salud, el no pago de la deuda externa y el aumento del presupuesto para ese sector, la formación de comités de seguridad e higiene en todos los hospitales públicos y privados integrados por trabajadores electos en asamblea, la prohibición de toda actividad no esencial, de los despidos, licencias sin afectar el salario, asignación de un salario de $30 mil mensual a todos los trabajadores desocupados y monotributistas.