28/02/2002 | 743

La crisis sanitaria plantea la estatización y el control obrero

Mientras el gobierno de Duhalde los exhortaba a «trabajar juntos para evitar aumentos de precios», los pulpos farmacéuticos no perdían el tiempo: las listas de precios de febrero registraron aumentos «promedio» del 12,5%. Sin embargo, muchas especialidades de alto consumo tuvieron incrementos bien superiores: la cámara que agrupa a los laboratorios extranjeros registró «en más del 45% de sus productos aumentos de más del 25%» (Crónica, 12/2). Antibióticos como la Pantomicina se incrementaron en un 30% (ídem).


El costo de los insumos importados no explica los aumentos; en una industria cuyas ventas anuales ascienden a 5.000 millones de dólares, las importaciones de materias primas no superan los 600 millones, es decir, el 12% de su facturación. Los aumentos se relacionan, por lo tanto, con la pretensión de sostener su anterior nivel de beneficios en dólares, lo que sólo puede lograrse exaccionando al conjunto de la población.


 


Los medicamentos genéricos


El gobierno ha respondido al aumento de precios anunciando que intensificará la producción de genéricos, es decir, de medicamentos que contienen la droga básica original, pero que son producidos por un laboratorio diferente al que la descubrió. Actualmente, algunos laboratorios privados y otros municipales o del sistema universitario producen genéricos destinados principalmente a la red de hospitales públicos. «La diferencia entre el costo de producción de los laboratorios estatales y los precios mayoristas que pagan las farmacias es abismal: por 20 comprimidos de un ansiolítico desembolsan 5,6 pesos, mientras que el Estado elabora la misma cantidad por 0,96 peso» (La Nación, 16/2).


El laboratorio municipal de Trenque Lauquen provee antibióticos «a un costo de 4,6 centavos cada comprimido» (ídem). «Lo que se paga en una farmacia a 10 pesos, nosotros lo ofrecemos a uno», señala el director del laboratorio de fármacos de la provincia de Santa Fe.


Los costos de producción de genéricos desenmascaran a los monopolios farmacéuticos y sus superbeneficios. Pero los genéricos no representan más del 5% de la producción de la industria, apenas unas 200 especialidades, entre 5.000. El secretario de Salud porteño ha señalado que «podríamos aumentar la cantidad que hoy elaboramos (pero) sería muy difícil extenderla a otras variedades de medicamentos» (Clarín, 15/2).


Los límites de la producción de genéricos provienen, en primer lugar, de la legislación de patentes vigente en la Argentina desde 1995, que adaptó las normas locales a las exigencias formuladas por la Organización Mundial de Comercio. Como resultado de esa legislación, sólo existe en la Argentina libertad de fabricación para los productos patentados antes de 1995. Para los posteriores, rige el monopolio de producción y fabricación a favor del laboratorio internacional que lo hubiera registrado. Pero aún para los medicamentos sin la protección de las patentes, existe el secreto industrial sobre los métodos de producción de los laboratorios privados, que capitalizan la experiencia de sus plantas mundiales y pueden, por lo tanto, alcanzar específicos con mejores efectos terapéuticos.


Uno de los funcionarios que dirige el laboratorio rosarino de genéricos señala que «nuestra prioridad central es cubrir eficazmente (…) a la gente con necesidades, como los indigentes o los que no tienen obra social» (La Nación, 16/2). Estaríamos, así, ante una «industria asistencial», que cubriría las necesidades del hospital público y del sistema del Pami, cuyas arcas, de todos modos, ya no tienen un centavo para entregarle a los laboratorios privados. Por su parte, éstos continuarían detentando el mercado farmacéutico «solvente», proveyendo medicamentos de bioseguridad garantizada a quienes puedan pagarlos. Este esquema reproduce, en realidad, una escisión que ya existe en la industria farmacéutica internacional y que es el resultado del agravamiento de la polarización social capitalista bajo la era de la «globalización». Por un lado, una industria de «genéricos» que provee a los sistemas de salud pública de los países más pobres. Por el otro, el mercado de los específicos de desarrollo más reciente, que los pulpos farmacéuticos comercializan a los precios exorbitantes que le permite la protección de la patente.


 


El debate en la Capital


La Ciudad de Buenos Aires no ha escapado a la debacle general del sistema sanitario. «El stock de artículos hospitalarios podría acabarse en treinta días» (Clarín, 7/2). Las prestaciones se reducen a diario, en medio de la falta de pago a profesionales. La pretensión de compensar los faltantes de insumos con un sistema de clearing entre los distintos hospitales se agotó rápidamente, ya que las carencias de materiales y medicamentos son generalizadas.


En la Legislatura de la ciudad, el gobierno porteño, por un lado, y el ARI junto a Izquierda Unida, por el otro, han presentado proyectos de «emergencia sanitaria», que procuran resolver la crisis planteada «habilitando» o «autorizando» la producción de medicamentos genéricos. Ignoran el chantaje que están ejerciendo los monopolios privados de la salud. El bloque del Partido Obrero ha presentado un proyecto que plantea ampliar la producción de genéricos a partir de suspender la legislación vigente en materia de patentes; la anulación de los aumentos de precios y su congelamiento; la apertura de los libros de los laboratorios privados, y colocar su producción y comercialización bajo control de los trabajadores y usuarios.


La pretensión de afrontar el vaciamiento sanitario sin afectar a los monopolios capitalistas está destinada al fracaso. Las conquistas científicas no pertenecen a los monopolios sino a los trabajadores e investigadores, tanto en ésta como en las restantes ramas de la producción social.

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