A diferencia de hace 15 días, cuando el PJ y los K no pudieron establecer un acuerdo como bloque de oposición, levantando la sesión prevista de la comisión Bicameral del Congreso, encargada de aprobar o rechazar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), este martes 19 sí lo lograron.

La Bicameral, que rechazó 3 de 4 DNU que en enero había firmado el presidente Macri, está compuesta por 8 miembros del bloque oficialista y 8 de la oposición. Ante un eventual empate, es el presidente de dicha comisión, hoy el kirchnerista Marcos Cleri, quien desempata. Esto fue lo que sucedió en este caso. Así, fueron rechazados los DNU que planteaban “la extinción de dominio”, que sería utilizado pretendidamente para confiscar los bienes malhabidos de la corrupción K; la degradación de la Secretaria Nacional de Deporte a una Agencia, habilitando el avance de la privatización en el terreno deportivo; y la privatización de frecuencias de Arsat a favor de los monopolios de las comunicaciones. El único de los cuatro decretos que tuvo dictamen mayoritario favorable es el de la postergación del cobro de impuestos internos a una cantidad de artículos de lujo importados.

Se trata de un nuevo traspié parlamentario del gobierno, apretado ahora por los escarceos del inicio de la lucha electoral en el marco de la crisis económico-social del país.

Defensa de intereses capitalistas

El avance del gobierno en un intento de gobernar por decreto fue golpeado. Hasta ahora con minoría en el parlamento, el gobierno obtenía el apoyo de bloques de la pseudo oposición del PJ, si estos proyectos respondían a intereses generales de la burguesía. Así el macrismo logró la aprobación de unas 120 leyes entre las que se encuentran el pago a los fondos buitres, el presupuesto dictado por el FMI, la reforma previsional que disminuyó el cálculo de la actualización de los haberes de los jubilados y una larga serie de leyes antiobreras y entreguistas.

Esto no ha cambiado: entre los partidos burgueses con representación parlamentaria hay una ‘política de Estado’. Así el DNU que autoriza la privatización de las frecuencias de Arsat fue rechazado con el planteo de que está en Diputados un proyecto denominado “ley corta de telecomunicaciones” que da vía libre a esta entrega. El senador justicialista de La Pampa, Daniel Lovera, justificó su voto en contra del decreto macrista planteando que “para que haya inversiones en telecomunicaciones se necesita de un marco jurídico sancionado por el Congreso, para que haya reglas de juego claras”.

Es, indirectamente, un apoyo a la privatización y una respuesta -indirecta- a la campaña que hizo nuestro Partido, la agrupación Naranja del gremio telefónico y abogados que llevaron adelante causas que han llegado hasta la Corte Suprema impugnando la fusión Telecom-Cablevisión y otras medidas monopólicas en materia de telecomunicaciones.

Respecto al desguace de la Secretaría de Deportes para avanzar más rápido en los planes privatizadores del deporte, el gobierno ya se había comprometido con el Comité Olímpico, una semana antes, a que llevaría una ley para que la apruebe el Congreso.

Cabe señalar que los decretazos se mantienen en pie -y ejecutándose- hasta que las dos Cámaras los rechacen fehacientemente. Son un chantaje para que los ‘representantes del pueblo’ después los aprueben en el Congreso: como sucedió el año pasado con el mega DNU que modificó de un verdadero plumazo decenas de leyes.

El DNU de “la extinción de dominio” es el único punto de una batalla real entre oficialistas y la pseudo oposición PJ-K. Ya que lo que está en juego para los dos bandos es su utilización jurídica -electoral contra el kirchnerismo y su corrupción (como lo fue en Brasil la acusación de corrupción contra Lula y el PT para proscribir al primero y desprestigiar al segundo, facilitando la victoria de Bolsonaro).

El DNU 1/19 fue en cambio aprobado: este deja transitoriamente sin efecto el gravamen del impuesto interno especialmente para los automóviles importados. Como se puede ver, mucha lucha contra el déficit fiscal, pero gobierno y parte de la oposición renuncian a cobrar un gravamen porque perjudica a las concesionarias importadoras que tienen acumulados pilas de coches sin vender por el aumento de sus precios, producto de la superdevaluación monetaria. (¿una medida que beneficia directamente a la familia del ministro de transporte, Guillermo Dietrich, que regentea una red de concesionarias?).

La intervención de Romina Del Plá

Romina Del Plá, diputada del Partido Obrero (FIT), aunque no es miembro de la Bicameral, planteó -respecto a la pretendida lucha ‘contra la corrupción’- que no estamos frente a un bloque patronal ‘honesto’ que enfrenta a otro bloque patronal ‘corrupto’. Los casos de corrupción saltan todo el tiempo en los dos bandos, desde el presidente Macri con los Panama Papers, sus cuentas off shore, el negociado del Correo Argentino y un largo etcétera, hasta las denuncias sobre CFK, la gobernadora K de Santa Cruz y compañía. También son evidentes los esfuerzos de los dos bloques por proteger a los capitalistas empresarios de la obra pública y sus sobreprecios desfalcadores del fisco, y otros que acumulan pilas de denuncias. Es más -dijo Del Plá- el presidente Macri llevó a pasear con él a Paolo Rocca, dueño de Techint, por la Argentina y el mundo, en una muestra de garantía de impunidad. La diputada planteó que hay que confiscarlos, pero que los tribunales actuales están al servicio del gobierno y los monopolios capitalistas. Para avanzar realmente, habría que abolir el secreto financiero, comercial y bancario y abrir los libros bajo control de los trabajadores. Solo así se podrá detectar realmente la ruta del dinero de la corrupción.

También denunció la monopolización en marcha con el remate de Arsat que va acompañada por ataques a los trabajadores de las telecomunicaciones. Y cuestionó los intentos de privatización deportiva tratando de transformar a los clubes de fútbol en Sociedades Anónimas y de malvender en negocios inmobiliarios importantes propiedades estatales educativas y deportivas. Y puntualizó que esto se está realizando de la mano de otra agencia depredadora del gobierno: la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), que está rematando, entre otros, los terrenos ferroviarios (Colegiales).

La diputada obrera no se limitó a la denuncia, sino que planteó que está en desarrollo una tendencia al paro nacional activo de 36 horas que llamó a apuntalar para luchar contra toda la podredumbre de un régimen que se dedica a resolver los negociados de los monopolios y posterga lo que es realmente urgente: la desocupación, el hambre y la miseria que avanza a ritmo acelerado. Planteó que es necesaria una reorganización social general, para lo cual hay que luchar por acabar con este régimen y convocar a una Asamblea Constituyente Soberana para impulsar las grandes transformaciones que el pueblo trabajador necesita.