El gobierno está dispuesto a poner todas sus fichas (y los recursos del Estado) para implementar el servicio gratuito de televisión digital terrestre. Se juega mucho en la partida, porque la ley de medios sigue empantanada en la justicia. Ahora está en manos de la Corte Suprema, que recién el 19 de mayo tratará el recurso extraordinario presentado por el gobierno contra la decisión de la Cámara mendocina de frenar su aplicación. Todo indica que los jueces adoptarán la misma resolución que tomaron en el conflicto que enfrenta a Telecom con el grupo Werthein. De ser así, “la norma continuará suspendida mientras el caso esté en manos del procurador y el tribunal no dicte un fallo” (La Nación, 5/5).

Por eso, la salida digital le permite, por otra vía, sin consultas públicas ni audiencias, asegurarse en lo inmediato cuatro señales oficiales que llevarán la imagen “nacional y popular” a quienes, en Capital y Gran Buenos Aires, no tengan cable ni televisión satelital. Como puede verse, el primer reparto del espectro digital es 100% estatal.

La planta transmisora ya está instalada en el edificio de los ministerios de Salud y Desarrollo Social. Desde allí, aseguran, la presidenta inaugurará la primera transmisión oficial durante los fastos del bicentenario, evocando –y la historia siempre se repite como farsa– la primera transmisión de la vieja televisión, en 1951, con un discurso de Evita.

Para fin de año, calculan la instalación de otras 47 plantas de transmisión en todo el país. Y Julio De Vido, que sabe más de planificación de grandes negociados que de comunicación, pronostica que “en el 2011 y 2012 se inaugurarán otras 100 plantas más” (Clarín, 4/5). Para ello, cuentan con la asistencia tecnológica de la multinacional japonesa NEC Corporation, que monopolizará todo el meganegocio de la televisión digital en Argentina.

El costo del proyecto –lo que llaman “inversión oficial”– será de unos 1.800 millones de dólares en los primeros tres años. Una parte de ese costo lo insumirá el subsidio y la compra directa a las empresas que producen los set top box, conversores que se venderán a menor precio o se distribuirán gratuitamente entre los –como les dicen– “sectores más vulnerables”, que a partir del obsequio podrán adosar el conversor a su vieja televisión.

Ya los monopolios del cable (el grupo Clarín en primerísimo lugar) salieron a confrontar con la operación digital. El “gran diario argentino” declara que “el gobierno utilizará este nuevo sistema con fines políticos” (ídem). Pero lo que preocupa a quienes concentran el sistema de cable es la competencia con un sistema gratuito que echaría por tierra, en perspectiva, el escandaloso negocio con el que han venido facturando desde hace tres décadas en todo el país.

Con la televisión digital, el gobierno encontró un atajo. De esto se concluye que tiene una parte de razón la diputada Victoria Donda, ex kirchnerista, cuando denuncia que “si hay alguien a quien le beneficia que la ley de medios no salga es, también, al gobierno”, ya que, entre tanto, quiere crear sus propios monopolios (Perfil, 23/4). Aunque la otra parte de su razón refleje la profunda contradicción de quien se suma al reclamo por la pronta aprobación de la ley de este gobierno… al que denuncia por sus pretensiones monopolizadoras.

Sin embargo, todo lo digital puede desvanecerse en el aire y volver al pantano judicial.

Enrique Thomas, el diputado del PJ disidente que recusara ante la justicia mendocina la ley de medios, anunció que presentará otra demanda para que se suspenda el proyecto, con el argumento de que la ley, que comprende al sistema digital, no está vigente. En un encuentro de “cableoperadores”, Henoch Aguiar, el ex secretario de comunicaciones de Fernando de la Rúa, hasta arrimó fundamentos para la apelación: primero, “la normativa vigente habilita una sola señal estatal” (Clarín, ídem); segundo, la suspendida ley de medios obliga a realizar consultas y audiencias públicas para la transición de la televisión analógica a la digital. Otro posible entuerto judicial en puerta.

Por ahora, el gobierno atacado por el grupo Clarín deberá conformarse con el “club de la buena onda”: el rabioso apoyo del Canal 7, la neutralidad oficialista de Telefé (o Telefónica), la adhesión condicionada de C5N, la distribución gratuita de El argentino, Página/12 y los variopintos programas televisivos y radiofónicos que sumó a su desesperada cruzada monopólica.