La cuestión agraria y el nacionalismo
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Edgar ‘Huracán’ Ramírez, el secretario ejecutivo de la ‘nueva’ dirección de la COB, sostiene que con la ‘ley de tierras’, el gobierno pretende “cambiar lo que fue la Reforma Agraria (de 1953)”, gracias a la cual “en este momento — continúa— la tierra es para quien la trabaja” (Presencia, 11/10).
El secretario ejecutivo de, la ´nueva’ COB parece desconocer que la escala de la concentración de las tierras cultivables en Bolivia es, simplemente, aterradora. En Chuquisaca, un 3% de los productores poseen apenas el 78% de las tierras; en Tarija, un 5% posee ‘tan sólo’ el 90% de la superficie cultivable; en Santa Cruz, un 4% de los productores es dueño del 72% de la tierra disponible. En total, de las 36 millones de hectáreas cultivables de Bolivia, 32 millones (el 89% de las tierras) está en manos del 7% de los productores, los cuales apenas explotan… ¡2 millones! La realidad es que, contra lo que sostiene Ramírez, en Bolivia la tierra es para el que no la trabaja.
Lo notable, sin embargo, es que esta distribución se produjo a partir de la reforma agraria de la revolución de 1952, cuando la clase obrera entregó el poder al MNR, luego de haber, ella, destruido al ejército por las armas. El decreto agrario de 1953, que cuatro décadas después Ramírez reivindica como ‘revolucionario’, sólo restituyó parcialmente a los campesinos los valles y las sierras altas, desconoció los derechos de los indígenas y dejó en pie los grandes latifundios. La revolución nacionalista de 1952 no resolvió la cuestión agraria porque no destruyó el monopolio capitalista en un sentido social general.
Todo esto deja muy importantes lecciones históricas y políticas. La primera, sobre los verdaderos ‘alcances’ de la revolución de 1952. La segunda, acerca de la impotencia de la burguesía nacional de los países atrasados -aun en lo que fue su ‘hora de gloria’- para llevar adelante la lucha contra el atraso y la opresión nacional. La tercera, la completa falta de independencia de la ‘nueva´ dirección de la COB y su subordinación política e ideológica a los enemigos de los explotados.