Políticas
26/3/2025
La cuestión de la barrera sanitaria y el negocio cárnico
Las imposturas de los gobiernos.
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Industria cárnica.
En un año electoral, la indomable carestía ha encendido las alarmas para el gobierno nacional y el provincial. Un ingrediente que incentiva esa carestía es el precio de la carne, y especialmente el corte tradicional de amplios sectores populares: el asado con hueso.
El presidente Milei, para minimizar el IPC de febrero, sugirió considerarlo sin incluir el precio de la carne. Es decir, una disparatada manipulación. En Neuquén, el asunto es un tanto más complicado, porque respecto a la sanidad vacuna se traza un límite en el Río Colorado (la famosa barrera sanitaria).
Al sur de dicha barrera, el ganado vacuno se considera libre de aftosa sin vacunación, o sea, se considera la región al sur de dicho río como libre de aftosa en forma natural. Por eso la barrera impide la comercialización hacia el sur de carne con hueso, proveniente del norte del Río Colorado.
Por supuesto los estancieros ganaderos y las patronales de los “Feedlot” aprovechan la situación de tener el status de libre de aftosa como un valor agregado para exportar y hacer pagar a precio dólar, y más el consumo interno.
El gobierno nacional, zarandeado por los escándalos y la crisis económica en combinación con una inflación que no cede, tomó la medida de anular de un plumazo la barrera sanitaria y abrir la comercialización de carne con hueso al sur del Río Colorado. El gobernador de La Pampa celebró entusiasmado por cuenta y orden de sus capitales ganaderos.
Pero los gobernadores patagónicos, en especial el de Neuquén, presionados por sus respectivas sociedades rurales, tras reunirse de urgencia con el ministro de Economía y el secretario de Ganadería, informó que la medida de Milei se posterga por 90 días. Se abre en ese período una mesa técnica para encontrar “soluciones”. Para el peronista gobernador pampeño en pocos días Milei pasó de héroe a “cagón”.
El gobierno nacional reculó porque los gobernadores patagónicos le recordaron el reiterado apoyo de sus legisladores en el Congreso nacional. Por caso, el diputado neuquino de Rolando Figueroa votó al toque a favor del DNU del supuesto acuerdo con el FMI.
Ahora, el gobernador de Neuquén ha dejado trascender que tiene una propuesta para esa mesa técnica. Dijo que propondrá “lograr la unificación de todo el territorio argentino como zona libre de aftosa sin vacunación” y que “si la medida solo se limita a levantar la barrera se pondría en riesgo el estatus y no se garantizaría una estabilización de los precios”. (LMN 23/3).
Una propuesta demagógica para aparentar que se pone a la cabeza de un reclamo popular como es bajar el precio de la carne, pero que es impensable en términos siquiera del mediano plazo, y que ni roza el negocio de terratenientes ganaderos y el negocio del “Feedlot” (transformar kilos de cereales, como el maíz, en kilos de carne en el proceso de engorde a corral).
El gran capital terrateniente es el problema que no se toca
Para el gobernador el consumidor popular es tan víctima como el “productor” (eufemismo para denominar a los zánganos terratenientes que viven en barrios cerrados dentro y fuera de la provincia y se visten de gaucho para los eventos de las sociedades rurales). Los verdaderos productores, que son los peones rurales y sus familias (en particular los menores, ya que existe mucho trabajo infantil en las estancias), el campesino en pequeña escala o los crianceros, quedan fuera de los intereses que defiende el gobernador. A estos reales productores de la carne los deja en la banquina.
Es también una sanata oficial la diatriba contra “los intermediarios que encarecen el precio”, ya que los que comercian y faenan la carne no son otros que los mismos terratenientes ganaderos y sus socios.
Según estadísticas oficiales, en el año 2019 solo el 20% del consumo de carne al sur del Río Colorado era de origen patagónico. El otro 80% se vendía fuera de la zona. Y aún en los cortes sin hueso, que pueden ingresar desde el norte del Río Colorado para ser consumidos en la Patagonia, la producción local se vendía un 40% más cara. Es el monopolio capitalista de toda la cadena lo que hace imposible que la población pobre mantenga el consumo de carne.
La infraestructura del negocio vacuno en Neuquén
En el año 2023 la provincia tenía un poco más de 213.000 cabezas vacunas. Según el director de Sanidad Animal y Fiscalización de la Provincia, Marcos Lauge, la cantidad de reses faenadas en la provincia se duplicó en los últimos cinco años, pero no se comercializa en la provincia.
A fines del año pasado existían nueve unidades habilitadas para faenar y las reses en un 50% provenían de “Feedlot” instalados en la provincia, que engordan terneros en sitios de encierre, según el secretario de Producción de la provincia, Juan Peláez.
En Neuquén, el 81% de la hacienda producida en la provincia se faena en frigoríficos ubicados en su territorio; del resto casi el total se faena en la vecina provincia de Río Negro.
Pero ya se ha dicho más arriba, que esa faena en su inmensa mayoría se vende fuera de la provincia o se exporta.
Como dijo un carnicero citado por LMN el 18 de marzo pasado: “Acá en Neuquén son tres o cuatro apellidos los que trabajan la carne y los que ponen el valor”. Y es así.
El secretario de Ganadería de Río Negro, Tabaré Bassi, reafirma que ocurre lo mismo en la vecina provincia: “necesitamos llegar a faenar 500.000 cabezas, de esa forma podemos equiparar la oferta cárnica al consumidor patagónico con el resto del país. Esto es un 32% más de faena que en la actualidad”. No se faena más porque los tres o cuatro apellidos retacean la faena y los terratenientes ganaderos no tienen interés en aumentar sus haciendas.
Esos terratenientes ganaderos, poseedores de estancias en la zona cordillerana que llegan a superar las 20.000 hectáreas, reciben exención de pago del impuesto inmobiliario (ley N.º 3.117 y otras), créditos a tasas subsidiadas y fondos del Banco Provincia, pero no destinan fondos a incrementar la producción ganadera.
La ley N.º 3.235, bajo el pretexto de beneficiar a los pequeños productores, incluye como beneficiarios de prebendas a “personas jurídicas” (las estancias, por ejemplo), y se suman productores de forrajes, los proveedores de insumos, los medianos y grandes productores bovinos (entre ellos los “Feedlots”) y los frigoríficos, generalizando las ventajas para toda la cadena.
A fines del año pasado, el gobernador Rolando Figueroa anunció “dos líneas de financiamiento por 1.000 millones de pesos para fortalecer a los sectores ganadero y forrajero”, y el secretario de Producción Juan Peláez detalló: “tienen en común que son créditos blandos, tener una tasa subsidiada, tener plazo de gracia y en definitiva estar apuntando a rentabilizar la actividad”.
Los fondos del Estado fluyen hacia los estancieros, pero invierten en explotación inmobiliaria, turismo rural (los cascos de las estancias transformados en hoteles, resort, y hasta canchas de golf) y otros rubros. Tampoco los terratenientes ganaderos al norte del río Colorado tienen ninguna intención de vender en la zona sur sus cortes sin hueso a un precio más barato, similar al que venden en La Pampa y otras provincias hacia el norte. Dice Tabaré Bassi: “la carne bovina sin hueso puede entrar, y entra libremente, a toda la Patagonia. Entran por año unas cuarenta y cinco mil toneladas de carne deshuesada (todas las pulpas, por ejemplo), y nadie la trae a un precio inferior, todos los que la tratan de traer al máximo precio para sacar la máxima renta y hacer el máximo negocio”.
Esto fue dicho en el mismo momento en que el gobierno neuquino cortaba el suministro de carne a comedores de las organizaciones sociales en función de limitar “el gasto del Estado”.
Es la estructura de propiedad y la explotación capitalista del alimento cárnico, a lo que se suman las políticas inflacionarias de los gobiernos, lo que produce la carestía del producto en las góndolas y carnicerías. Sin tocar esos intereses de uno y otro lado del río Colorado, el asado seguirá siendo un producto de lujo para los hogares empobrecidos por el ajuste de Milei y los gobernadores.
Se debe cesar el flujo de fondos estatales a los grandes terratenientes, colocar un impuesto especial a la tierra, anular las exenciones y ventajas que tienen y blanquear bajo convenio a todas/os quienes realmente trabajan los campos y producen su riqueza. Lo cual implica echar a las burocracias de Uatre. La industria alimenticia y toda la economía deben estar en manos de los trabajadores, así los precios no serán fijados en función del lucro.
