05/09/2002 | 770

La cuestión de la huelga política

La movilización del 30 de agosto pasado, que reunió a más de 20 mil personas, tuvo como protagonista fundamental al pueblo que se encuentra organizado, sea en las organizaciones piqueteras, en las asambleas populares, en fábricas ocupadas y en partidos de izquierda. No se confirmó la expectativa, o quizás más bien el prejuicio, de que una convocatoria firmada por Carrió, Zamora y De Gennaro pudiera traer a la marcha al «hombre de la calle». Por ahora, al menos, lo que las encuestas le prodigan a algunos candidatos no se manifiesta en capacidad de movilización. Por otro lado, la inmensa mayoría de la concurrencia que marchó luego a Plaza de Mayo dejó en una completa soledad a ese mismo «espacio ciudadano» que quiso circunscribir la jornada a una concentración frente al Congreso. Todo esto pone al desnudo que la propuesta de enfrentar al plan político-electoral de Duhalde tiene, por un lado, una dirección política que no arrastra a las masas ni tiene numerosos seguidores y, por el otro, una masa de organizaciones luchadoras que aún debe conquistar la posición de dirección política de conjunto en la lucha contra el gobierno usurpador.


El «espacio ciudadano», sin embargo, tampoco quiso contribuir al éxito de la concentración que él mismo había convocado. Esto se aprecia en que organizó, en especial por medio de la Ccc y parcialmente de la Cta, piquetes y marchas paralelas en distintos puntos de la ciudad y del conurbano. Este desvío en la movilización pone de relieve las vacilaciones del «espacio ciudadano» cuando se enfrenta a la perspectiva de que participen las organizaciones que no giran en su órbita. Es que en contraste con la reivindicación del centroizquierda de caducidad de los mandatos, las asambleas populares marcharon con las consignas de Asamblea Constituyente libre y soberana y por un nuevo Argentinazo. La quiebra del régimen político presente, de una parte, y una nueva rebelión popular, de la otra, son las dos perspectivas que más rechaza el «espacio ciudadano». Tenemos entonces que aquellos que más ensalzan el espíritu asambleario son los que más temen y recusan los planteos votados en las asambleas populares.


 


Los piquetes de Lavalán y Parmalat


El problema fundamental, con todo, es cómo ha quedado la lucha contra el adelantamiento electoral trucho luego de la marcha. La respuesta, naturalmente sujeta a verificaciones próximas, se encuentra más allá de la limitada jornada del 30: nos referimos, de un lado, al enorme significado que tienen las victorias que han obtenido los obreros, asambleas y organizaciones piqueteras en Lavalán y Parmalat en defensa de las fábricas ocupadas; del otro lado, a la acentuación de la crisis económica y política, como se refleja en los choques con el FMI y en la interna del peronismo. Estos dos polos de la situación política apuntan a un mayor debilitamiento del gobierno y a un reforzamiento de las tendencias a la rebelión popular. No es para nada casual que el peronismo y hasta figuras como Cavallo se estén alineando con Rodríguez Saá, que está a la cabeza de la demagogia desenfrenada y que aun hoy es «humillado» por la prensa «neoliberal» por haber declarado el «default» de la deuda externa.


La lucha física masiva contra la policía en Lavalán y Parmalat confirma la existencia de una poderosa tendencia revolucionaria en las masas. Es que se trata de la manifestación práctica de una oposición radical al derecho de propiedad y al Estado, que ha dejado el terreno de las expresiones aisladas. Ocurre lo mismo en las manifestaciones a las comisarías contra la brutalidad policial; ya tuvo lugar en otras fábricas ocupadas y es la expresión por antonomasia de la lucha de las organizaciones piqueteras.


Las luchas en Lavalán y Parmalat han confirmado dos cosas: el lugar estratégico que tiene la toma de fábricas y la gestión obrera; su tendencia a propagarse; la rapidez con que entran en choque con las «expropiaciones» burguesas (que las dilatan en el tiempo y prevén la indemnización del capitalista), y la relación íntima de estas ocupaciones de empresas con las luchas y organizaciones piqueteras y con las asambleas populares. Es decir que se integran a un movimiento histórico común.


Mientras tanto, los dirigentes del «espacio ciudadano» siguen caracterizando la situación del país como «represiva», olvidando convenientemente los golpes infligidos por la movilización popular a la represión y la crisis que estos golpes han desatado en el gobierno y en la policía. La autorización de un tarifazo puede cristalizar en forma masiva todas estas tendencias de lucha, por eso las tarifas se han convertido en un nuevo centro de la crisis política.


 


Agotamiento de la pesificación


Por «arriba», la crisis no ha disminuido para nada. Nada menos que un 38% de la recaudación tributaria está compuesta de títulos públicos, muchos de los cuales se encuentran en «default». La inflación no ha servido entonces para superar el déficit fiscal, que hoy es descomunal una vez descontados los ingresos impositivos en bonos, sino para reducir a la nada las deudas y cargas fiscales de los capitalistas y para producir negociados nunca vistos de los especuladores de títulos públicos desvalorizados. La capacidad del Estado para hacer frente a la deuda externa, por lo tanto, se ha debilitado aún más. La crisis fiscal determina que las provincias se vean forzadas a incrementar la emisión de sus bonos, que cada día tienen menos valor. En estas condiciones, la economía vuelve a oscilar entre la quiebra de la cadena de pagos, debido a la escasez de moneda aceptable, y la inflación, si el gobierno intenta superar esa escasez con nuevas emisiones.


Los límites que ha alcanzado la política de pesificación se manifiestan en las propuestas para redolarizar el sistema financiero, por ejemplo por parte de Cavallo, y en un inminente fallo de la Corte que decretaría la inconstitucionalidad de la pesificación. Algunos bancos pretenden adelantarse al fallo ofreciendo a los depositantes bonos propios en dólares con la garantía de su cartera de créditos, que también volvería a dólares.


La redolarización financiera, que sería un extraordinario negociado para los capitalistas que ya cancelaron sus deudas bancarias con pesos desvalorizados, mandaría a la quiebra al conjunto de los deudores del sistema financiero y plantearía una renegociación de los plazos de vencimiento de las deudas entre banqueros e industriales. Lo que de ningún modo volverían a dólares serían los salarios, las jubilaciones y los planes Trabajar, consagrando de tal modo una fenomenal desvalorización de ingresos para los trabajadores de más del 50%.


La des-pesificación nos llevaría de nuevo al programa anunciado por el efímero gobierno de Rodríguez Saá, que preveía la emisión de una moneda especial, el argentino, para pagar a obreros, desocupados y jubilados, que tendría una cotización flotante con el peso, mientras el peso seguiría a la cotización de uno a uno con el dólar hasta su completa sustitución por el argentino. Se redolarizarían los bonos en poder de las AFJP y la deuda externa en manos de la banca local. El escándalo supremo de este escándalo queda reservado para los monopolios de los servicios públicos, porque les serían reconocidos los contratos originales establecidos en dólares. En este caso, se abriría una negociación desde una posición de fuerza de las empresas.


 


El conjunto de la situación y la huelga general


La situación de conjunto se caracteriza, entonces, por un gobierno que pierde capacidad de arbitraje ante una situación que es cada vez más explosiva. No lo ayuda el «contexto» económico internacional, con Brasil con una deuda externa cada vez mayor y con la evidencia de que ni siquiera los 6 mil millones de dólares que ofreció el FMI para el resto del 2002 podrán ser usados antes de que se hayan utilizado las reservas del Banco Central. La crisis del peronismo, por otro lado, sigue agravándose como consecuencia de innumerables factores: la maniobra para poner fin al juicio político a la Corte; el derrumbe de algunos gobernadores como el tucumano Miranda; la crisis fiscal de las provincias; el no arranque de De la Sota; las divisiones en Buenos Aires a favor de Rodríguez Saá; las encuestas que siguen diciendo que el 50%, por lo menos, no quiere votar a nadie. La reacción de Duhalde a estos acontecimientos, proponiendo un registro para «los que se quieran ir», sólo demuestra que ha perdido hasta el sentido del ridículo.


La gravísima situación de las masas; el derrumbe de la pesificación; las amenazas del tarifazo, de nuevos bonos provinciales y de una redolarización; la creciente descomposición policial; la disgregación del plan electoral, con la crisis de la interna peronista y la «suspensión de campaña» del centroizquierdismo; esto de un lado. Del otro lado, la multiplicación y radicalización de las luchas populares y el crecimiento de su organización y entrelazamiento mutuo. Todos estos factores plantean la perspectiva de una huelga general, no ya sobre la base de reclamos puramente económicos o por una iniciativa de los sindicatos oficiales, sino una huelga general de características políticas, por iniciativa de las nuevas organizaciones que luchan y con una metodología que se ha ido imponiendo de forma incuestionable: el piquete. Independientemente de las vacilaciones o maquinaciones de este o aquel «espacio ciudadano», el conjunto del movimiento de luchas tiene planteada la huelga general en nombre de la convocatoria de una Asamblea Constituyente que expulse al imperialismo, establezca la gestión obrera, reabra las fábricas, reparta las horas de trabajo y satisfaga las aspiraciones de las masas. Esta Constituyente debe ser convocada por un gobierno del pueblo en lucha.


Con la consigna de huelga general presente en cada lucha y reunión populares, se irán preparando las condiciones de la huelga general. En función de esta perspectiva llamamos a un Congreso de organizaciones piqueteras, empresas ocupadas, asambleas populares, sindicatos combativos y centros de estudiantes.


Es necesario desarrollar el «espacio» de la victoria, el espacio revolucionario de las masas explotadas.

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