La exigencia de los bancos y el FMI en favor de una solución definitiva al corralito quedará como una de las más gigantescas confiscaciones de la historia contemporánea. De hecho, en diciembre pasado los bancos tomaron un préstamo compulsivo de sus ahorristas y se apropiaron de 70.000 millones de dólares. Ahora pretenden culminar la fechoría de un modo impúdico. La banca acreedora ha fijado un ultimátum para quedarse con todo el ahorro nacional a través de bonos obligatorios, para cobrarse los títulos devaluados del Estado nacional (que fueron inflados simplemente por una usuraria bicicleta financiera que los tuvo como protagonistas y que ahora cobrarían hipervalorizados). El mismo Estado en bancarrota les dará en cambio papeles sin valor a los ahorristas que sustituirán los títulos “incobrables” de los bancos.

Pero, por si todo esto fuera poco, se quedan con los mejores activos: los créditos para cobrar o ejecutar; los mismos que podrían haber sido utilizados como garantía para que los bancos obtuvieran préstamos para devolver el dinero que le deben a los ahorristas.

El tamaño de la operación es una salvajada sin precedentes y su ejecución ha sido presentada como ultimátum al gobierno el pasado fin de semana, cuando la Asociación de Bancos le planteó a Lavagna que no acepta ninguna alternativa que incluya, ni siquiera en parte, el pago de los depósitos reprogramados como imagina el ministro de Economía. Mientras tanto, Blejer, el hombre de los bancos y el FMI que reclamó el control total para operar en nombre de sus mandantes y con inmunidad judicial, se ha exiliado momentáneamente en Washington. El choque que mantuvo en vilo al gobierno la semana pasada continúa completamente abierto.

Fuera de foco

Sobre este punto decisivo, el plenario de Duhalde y los gobernadores en La Pampa no abrió la boca. Escucharon a Lavagna, y no resolvieron nada más que “tomarse unos días para ver qué hacer”. A pesar de tanta inocuidad, la prensa y los voceros oficiales no vacilaron en afirmar que Duhalde “salió fortalecido” de la reunión en Santa Rosa.

Los escribas de turno que saludaron hace algunas semanas a los jefes provinciales por haber disciplinado a un Duhalde “populista”, celebran ahora que sea el presidente quien haya alineado a los gobernadores para ir derechito al Fondo. Juegan con sombras chinescas.

Lo cierto es que después del cónclave pampeano, el “fortalecido” Duhalde está a las puertas de una quiebra en el gabinete que remontará la crisis política otra vez como un barrilete. Sea porque salte Lavagna, sea porque se hunda su plan, sea porque la “alianza” con la UCR se quiebre o se doble, sea porque renuncie toda la plana mayor del Banco Central.

La Pampa quedó fuera de foco, atrapada en una pugna brutal entre las fracciones capitalistas sobre el manejo del Estado para imponer una salida de fuerza a la bancarrota actual en beneficio propio. Sobre esto los que no se engañan son los capitalistas, que saben que no será el mercado sino el control del aparato estatal lo que dirimirá los tantos. De ahí que el reclamo de los bancos y el Fondo es que el control del proceso quede en manos de un Banco Central impune con el poder supremo para decidir cómo y a qué grupos capitalistas rescatar.

Estimulando la catástrofe… “electoral”

Que las variantes en curso conduzcan a la hiperinflación, a acentuar la quiebra y la desorganización económica, con más o menos corralito, es más o menos inevitable y, por sobre todas las cosas, un intento común a todos para avanzar en la confiscación y desmoralización popular. En este cuadro, las “elecciones anticipadas” puestas en la agenda pampeana serían un biombo para avanzar en una salida de fuerza con la zanahoria de que se apela a la “voluntad popular”. Mientras tanto, los ultimátum y los golpes capitalistas harán el trabajo sucio que impone el colapso actual.

Por otra parte, una convocatoria electoral anticipada puede ser utilizada como una excelente excusa para blanquear una mayor intervención del aparato represivo… en defensa de la democracia. El martes pasado, el titular del Ejército anunció en el Jockey Club (sic) que los hombres de armas “no van a permitir que la Nación se desintegre” y que están preparados para intervenir con un “plan de entrega de doscientas mil raciones diarias de comida a nivel nacional; …uno (sic!) de los protagonismos que buscan en la crisis” (La Nación, 20/5). Lo mismo ha planteado López Murphy.

Pero, además, no hay que excluir que la alternativa de elecciones anticipadas pueda incluir la disolución del Congreso y/o una variante de gobierno por decreto que se apoyaría en la disgregación de las filas parlamentarias, quebradas por las guerras de clanes al interior del PJ y la UCR, el descrédito público y su completa esterilidad. Finalmente, lo único que salió de La Pampa fue un ultimátum al Parlamento para que apruebe esta semana la ley de amnistía para los banqueros; algo que es sólo una precondición que no roza el corazón de la crisis: quién se queda con los recursos nacionales para permanecer en pie en el quebranto general e imponer una salida que discipline y reprima al pueblo insurgente.

Control obrero

La cuestión del poder está en el centro de la escena. Ya no se trata ni siquiera, como gusta a cierta izquierda, de las medidas de un plan económico alternativo y la cantidad de empresas a ser nacionalizadas. Dado el nivel de la catástrofe actual, no se sale en ningún caso sin una nacionalización de palancas decisivas de la producción. Esto vale incluso para el capital financiero que al amparo de la estatización quiere proceder a descargar la quiebra sobre los salarios, las finanzas públicas y la miseria popular, para luego orientar la privatización. Algo que ya comenzó con la absorción por parte del Banco Nación de las instituciones financieras en retirada.

Más que la precisión sobre cuántas empresas a nacionalizar y cuántas medidas de emergencia son necesarias, la cuestión del poder se resuelve en un punto clave: el control de los trabajadores de los resortes claves del proceso económico y social. Para evitar la fuga de capitales, para bloquear los vaciamientos de los bancos y los grupos económicos, para poner en marcha las fábricas cerradas y los recursos ociosos, para orientar la ejecución de un plan de salvación nacional y social y enfrentar el retroceso civilizatorio en el cual nos hunde la megacrisis capitalista. El control obrero plantea la cuestión del poder y es el terreno de la preparación para su ejercicio directo por parte de los propios trabajadores.

La cuestión del poder: que se vaya Duhalde, fuera los golpes y recambios capitalistas, por una Asamblea Popular Constituyente a nivel provincial, municipal y nacional. La conclusión es simple: el centro del problema está en fortalecer, apoyar y extender la lucha y la estructuración nacional de la vanguardia de este proceso, los piqueteros. Para ganar la calle, para cortas las rutas, para organizar la huelga general.