Esta semana el “grupo sudamericano de trabajo” de la DEA mantendrá una cumbre en un hotel céntrico de Buenos Aires. Participan delegados de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Venezuela, además de la plana mayor del Ministerio de Seguridad local, encabezado por Patricia Bullrich, y de Thomas Cooney, virtual embajador de los Estados Unidos tras la partida de Noah Mamet (Infobae, 10/2).

 

La agenda de la reunión incluye “el desarrollo de un nuevo instrumento para vigilar la Hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, que permita a las fuerzas de lucha antidroga interceptar y abordar barcos en plena navegación, lo que la ley no permite actualmente. Estados Unidos tiene legislación al respecto pero en la región no los hay, y hay fuertes diferencias sobre cómo abordar el tema” (Clarín, ídem). El gobierno paraguayo lleva la delantera en este tema ya que, en 2015, firmó un convenio bilateral con Estados Unidos en ese sentido. “El convenio (entre Estados Unidos y Paraguay) establece que el proyecto lo llevarán adelante ingenieros militares norteamericanos, y prevé que se puedan utilizar tropas militares yanquis para resguardar instalaciones y equipos” (Prensa Obrera, 27/1). Una semana atrás, el gobierno le compró a Israel cuatro lanchas artilladas con armas de guerra para que Prefectura patrulle los ríos Paraná y Uruguay (Clarín, 5/2).

 

Este proyecto de “integración” represiva bajo la batuta del imperialismo incluye la reforma anti inmigrantes –impulsada con la excusa del “combate al narcotráfico”– y la modificación de la ley de fronteras, que ampliará la intervención del Ejército en tareas de seguridad. “En el Gobierno afirman que lo harán bajo los límites de Ley de Seguridad Interior, en la que los militares no pueden actuar aunque sí prestar algunos apoyos logísticos aéreos como ya lo hicieron en la zona norte argentina” (Clarín, 10/1). Teniendo en cuenta la vigencia de la “ley de derribo”, queda claro que entre el “apoyo logístico” y la entrada en acción hay apenas un paso. Finalmente, las declaraciones de funcionarios reivindicando a la dictadura, cuestionando el número de desaparecidos o llamando a la “reconciliación” con los genocidas se conectan con este operativo, apuntado a volcar a las fuerzas armadas a la represión interna.

 

El gobierno avanza decididamente en el sentido de países como Colombia, Perú y Brasil, cuya seguridad se encuentra fuertemente militarizada e integrada al aparato yanqui. Esto no ha hecho retroceder un centímetro el negocio del narcotráfico, que se entrelaza con el sistema bancario mundial, la especulación inmobiliaria, el juego y otros negocios a través de los cuales se canaliza el dinero proveniente de la droga. El imperialismo pretende colocar ese flujo bajo su estricto control.

 

Apenas asumió el gobierno, Mauricio Macri acordó con Obama revitalizar la agenda de la “lucha contra el narcotráfico”, en un impasse tras el episodio protagonizado por el ex canciller Timerman, en 2011, del allanamiento de un avión militar norteamericano. Hasta entonces, la DEA se ocupaba del entrenamiento de las fuerzas federales locales, como volverá a hacerlo ahora.

 

La DEA nunca se fue de la Argentina. Por caso, mantuvo sus posiciones en Salta y Mendoza, donde gobernaban Urtubey y Jaque, respectivamente, entonces alineados con el kirchnerismo. Asimismo, los gobiernos K desplegaron operativos militares en el norte del país en la “lucha contra el narcotráfico” y asignó al genocida César Milani un abultado presupuesto, que consumió entre proveedores norteamericanos e israelíes para reequipar al Ejército.

 

Estamos ante un rumbo estratégico para la burguesía, como será denunciado en el acto independiente del próximo 24 de Marzo.