Con la suspensión de la atención por parte de todos los sanatorios del país, el recorte de subsidios sociales y otras prestaciones, farmacéuticas, ópticas y de sepelios, el Pami ha entrado en el peor colapso de los últimos tiempos. El atraso del pago a los prestadores médicos y sociales lleva varios meses; se han rebajado salarios médicos y está en liquidación la guardia médica propia. Ahora, la intervención ha presentado al Ministerio de Trabajo un recurso de “Procedimiento de reestructuración productiva” que prevé “medidas de reconversión profesional y de reinserción laboral en los trabajadores afectados”, cuando “empresas públicas o mixtas se encuentren afectadas por reducciones significativas del empleo”. Esto es, un “procedimiento” con vistas a despidos masivos.

El desfinanciamiento de la obra social viene de mucho tiempo atrás. Durante los últimos años, el Pami estuvo recibiendo 80 millones de pesos mensuales menos, debido a la rebaja de aportes patronales y la evasión de aportes. Con la rebaja del 13% a los estatales y jubilados y la caída de salarios privados, la recaudación cayó otros 20 millones. Así, el Instituto estuvo recibiendo mensualmente 160 millones de los 240 que recibía en épocas de Matilde Menéndez, o de los 200 bajo la gestión Alderete. Ahora, incluso, el envío de esta suma es bicicleteado por Economía.

La deuda con bancos privados asciende a 700 millones, por préstamos que cobran entre 20 y 45% de interés en dólares, que se deducen antes de ingresar la recaudación al Instituto. El sacar al Pami del presupuesto nacional (Machinea, con acuerdo de Polak, la centroizquierda y los gremios) significó que debe financiarse con lo que recauda, menos los “atrasos” permanentes de Economía (Prensa Obrera Nº 722).

Este vaciamiento presupuestario es una demolición provocada para liquidar la obra social. Casualmente, un grupo de empresas prestadoras, ligadas a Luis Barrionuevo (Página/12, 28/11), ha propuesto ahora hacerse cargo de la atención en todo el país por más de 175 millones mensuales, más de lo que el Ministerio de Economía venía enviando a la obra social. A cambio, ofrecería prestaciones médicas y geriátricas por un valor de 20 pesos mensuales por afiliado, lo que redundará en medicina chatarra, y absorbería menos de la mitad del personal actual. Tanto esta variante de gerenciamiento, que no es otra cosa que el proyecto de Alderete, como la de “provincialización” (que cada provincia se haga cargo) conducen, a su turno, a la desaparición de la obra social actual. El desguace consistiría en pasar las prestaciones sociales (subsidios, programa alimentario) a la Bullrich y el resto a gerenciadoras que, paulatinamente, cobrarán adicionales y coseguros a una franja de jubilados que puedan pagarlos. El resto quedará en un Pami residual que confinará a los viejos indigentes a los devaluados hospitales públicos.

Pero la liquidación del Pami, que el FMI ha marcado como prioritaria, tiene otro alcance. La privatización general de las obras sociales y la salud pública tiene como condición la liquidación de esta obra social, la más poderosa, porque es un gigantesco competidor y regulador de precios del mercado de salud. Ningún privado podría vender mejor y más barato que el Pami, con su gran masa de recursos.

Los gremios del Pami pocas veces han estado más inactivos. La Unión de trabajadores del Instituto, que acaba de ser agraciada por la Bullrich con la personería gremial para el ámbito del Instituto, puede especular con su injerencia en un Pami residual. Upcn, el único con una obra social propia (Unión Personal), acaricia la idea de participar en los “gerenciamientos”. ATE se ha limitado a acciones aisladas y mediáticas y gestiones parlamentarias con los diputados del ARI que han servido a meros fines electorales.

En este cuadro, sectores de trabajadores y afiliados se han movilizado en defensa del Pami en todo el país y han surgido asambleas de autoconvocados en varios sectores. El Partido Obrero propone reunir estas voluntades de lucha y promover una asamblea general, que prepare la huelga general del Pami, con permanencia en los edificios, hasta que se recuperen todas las prestaciones a los jubilados y el Estado asegure un presupuesto de 2.600 millones anuales y se haga cargo de la deuda. Ningún despido directo o encubierto, anulación de los convenios con el Banco Mundial y las tercerizaciones; investigación pública de los fondos y cuentas; que se vaya la intervención que hundió la obra social; ninguna injerencia del Estado que lo vació; administración y control del Pami por los jubilados y los trabajadores.