Contra las promesas del gobierno, alquilar sigue siendo un calvario para los inquilinos. Según consultoras privadas, para alquilar un departamento de dos ambientes se necesita un 64% de los ingresos de un trabajador considerando la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). En tanto, para un monoambiente se requirió el 45%, y para un tres ambientes el 100%.

Recordemos que el gobierno hizo toda una campaña con que, eliminando la Ley de Alquileres (que no resolvía los problemas de los inquilinos), la situación del acceso a la vivienda mejoraría porque habría más oferta en el mercado de alquileres y los precios de estos, que se tornaban impagables, bajarían. Pero ocurrio lo contrario: quienes buscan iniciar un nuevo contrato se encuentran con que los valores promedio aumentaron incluso por arriba de la inflación, ya que acumulan una suba interanual del 286,7% -casi se cuadruplicaron. En números, el alquiler medio de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en $416.991 por mes, mientras que el año pasado el valor era de $107.835. Esto constituye el 75% del salario registrado promedio, que se ubica en $555.269,16 según el Ripte.

Esto demuestra que la liberalización del mercado de alquileres solo benefició a los especuladores inmobiliarios, que ahora pueden imponer todas las condiciones de los contratos (hasta fijarlo en dólares) cuando el déficit habitacional afecta en Argentina a más de 15 millones de personas. Mientras tanto, los trabajadores de este país ven cada vez más en juego la posibilidad de conservar su techo o de acceder a una vivienda producto de que el precio de los alquileres se mantiene por las nubes, como lo hacían con la Ley de Alquileres, mientras los salarios y las jubilaciones pierden poder adquisitivo a pasos agigantados producto de las paritarias a la baja y la licuación de estos producto de la inflación.

Además hay que sumarle la canasta básica total, que no contabiliza el alquiler, la cual se ubica en $690.000. Esto quiere decir que un trabajador, para poder pagar un alquiler y mantener una familia debería ganar arriba de $1.100.000, pero quedaría abrochado por el Impuesto a las Ganancias que busca reponer el gobierno. Es una programa político orientado objetivamente al empobrecimiento de la población.

Ahora, tras el revés que recibió el megadecreto de Milei en el Senado, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) alertaron “por el impacto que ello puede llegar a tener sobre el mercado locativo a lo largo de todo el país”. lo cual no es más que la amenaza de que de anularse el DNU que derogó la Ley de Alquileres volverán a retirar propiedades del mercado y presionar sobre los precios.

Milei gobierna para una minoría social insignificante. En este contexto, los inquilinos tienen el desafío de organizarse para hacer frente a la política del gobierno y de las inmobiliarias. El Partido Obrero tiene un programa de salida a esta situación: plan de creación de viviendas populares, con créditos accesibles y a tasas subsidiadas; impuesto progresivo a la vivienda ociosa para desalentar la especulación y volcar viviendas al mercado; crear un banco de tierras públicas para destinar terrenos y edificios fiscales a la construcción de viviendas populares; impuestos progresivos a los grupos inmobiliarios; urbanización de todas las villas y de todos los asentamientos.

Luchemos por nuestro derecho a tener una vivienda.

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