Novedades de gran repercusión se han sucedido en estos días en el sector hidrocarburífero nacional, y en especial de Neuquén. El neuquino Darío Martínez (del PJ) fue designado secretario de Energía de la Nación, mientras que el sindicato petrolero dirigido por Guillermo Pereyra levantó el paro “con afectación de la producción” que había convocado para el jueves 27 de agosto, en medio de una ofensiva a fondo de las empresas -especialmente YPF- contra el convenio colectivo de trabajo y el régimen laboral.

Darío Martínez y la “nueva” YPF

En simultáneo se confirmó el nombramiento del nuevo secretario de Energía, Darío Martinez, actual diputado nacional por Neuquén y presidente del PJ provincial. Es una recompensa por haber jugando en el armado del Frente de Todos local a favor de Alberto Fernández -enfrentando a Oscar Parrilli y Ramón Rioseco promovidos por Cristina Fernández de Kirchner. La designación va acompañada del traspaso de esa la Secretaría a la órbita del Ministerio de Economía, sacándola de Producción, lo cual quiere decir que la política energética estará integrada al programa más general de garantizar el cumplimiento del repago a los bonistas y el acuerdo con el FMI.

Las declaraciones del flamante secretario de Energía, aunque protocolares y en el terreno de generalidades, dejan traslucir que esto será así. Las negociaciones entre bambalinas, previas a la oficialización del funcionario, incluyó una reciente entrevista a con el gobernador Omar Gutiérrez. En el centro de la cuestión está YPF, con un peso preponderante en Vaca Muerta y en toda la producción neuquina, compañía que según Martínez “perdió el eje, se tiene que ocupar sólo de lo más importante: producir gas y petróleo y comercializar combustible” (RN, 23/8).

Los cambios en la petrolera, que es presentada como la nave insignia de la política hidrocarburífera nacional, vienen ocurriendo desde hace meses. Los medios especializados hablan de un regreso de los hombres de Miguel Galuccio (expresidente de YPF con CFK y empresario del sector). Al mismo tiempo, uno de los nuevos vicepresidentes de YPF, Pablo Iulano (que viene de Tecpetrol-Techint) afirmó hace unos días que su objetivo es “aumentar la productividad un 30%”, pero asegurando que la empresa de mayoría accionaria estatal “hoy no necesita retomar la actividad, porque la demanda no se ha reactivado y tenemos producción que podemos poner rápidamente en las refinerías sin levantar demasiada actividad. Hacer más con lo mismo” (Ídem). A buen entendedor, esto significa más producción con los mismos operarios y equipos.

Ofensiva antiobrera

Para eso YPF y las cámaras de operadoras buscan negociar las relaciones laborales, estableciendo incentivos a la productividad y fijando un capítulos especial para que las pymes puedan contratar trabajadores por fuera del convenio (para abaratar sus servicios y de esa manera los costos de las operadoras), en síntesis: una nueva reforma laboral. Pero junto con ello la “nueva” YPF busca darle mayor importancia a la extracción convencional, lo que empalma con la idea de mantener el fracking de Vaca Muerta a marcha lenta, dada la tendencia a la depresión de la economía mundial y la caída de los precios de los hidrocarburos por el excedente de producción. Esta política de mayor explotación y menores inversiones se corona con un esquema de naftazos y tarifazos.

El sindicato publicó un comunicado acusando de “egoísta” YPF por querer “imponer prepotentemente una reforma del convenio colectivo”. Esto, recordemos, de parte de la misma burocracia sindical que firmó la adenda flexibilizadora que se cobró ocho muertes obreras en dos años. Los burócratas denuncian que YPF quiere saltar “los mecanismos legales” para modificar el convenio y para eso exigen que se reabra la paritaria porque… “cualquier aumento de la productividad se genera en incentivos”.

Con esto el sindicato juega en la disputa que provoca la sábana corta de los fondos públicos, cuando las empresas presionan por mayores subsidios y demás prebendas. “En la cuenca neuquina otras empresas nunca dejaron de trabajar y lentamente, aprovechando la recomposición de precios, retoman la actividad. YPF, en cambio, decide buscar refugio y complicidad entre funcionarios del actual gobierno en lugar de ponerse a trabajar”, se afirma en el comunicado gremial. Un guiño a los pulpos del sector.

Los obreros petroleros no pueden ser soldados de causas patronales. En lugar de levantar las medidas de fuerza, cobra mayor vigencia el reclamo por el regreso al trabajo del 100% de los suspendidos, el pago íntegro de salarios y el rechazo a la reforma a la baja de las condiciones laborales. Junto con ello, el reciente escándalo que generó la evasión de regalías, porque las empresas no declaran todo lo producido, da mayor relieve al planteo de poner en pie comités obreros para controlar la producción y que funcionen como órganos de seguridad e higiene para garantizan las condiciones de bioseguridad en cada lugar de trabajo. Por último, para romper con la subordinación de la industria hidrocarburífera a la política de repago de la deuda externa es necesaria su nacionalización bajo control obrero.