Las escuelas rurales de nuestra zona y partidos lindantes (oeste de la provincia de Buenos Aires) han perdido el tercer ciclo de la vieja EGB, que ha sido centralizado en las ciudades. Quedaron un gran número de docentes sin trabajo, directoras que tienen que hacerse cargo de un grado y muchos chicos de zonas rurales que no pueden seguir estudiando. Los más ‘afortunados’ deben recorrer hasta 60 kilómetros para asistir a la escuela en la ciudad.

Las escuelas rurales no tienen gas, ni luz, ni agua; los consejeros escolares hacen oídos sordos a los reclamos de los directivos y los padres, que junto con las cooperadoras hacen un esfuerzo terrible para poder comprar material didáctico, agua potable y todo aquello que hace falta: reparar techos, paredes, ventanas, canillas, comprar artículos de limpieza. A todo esto se agrega la explotación de los trabajadores de planes sociales que reemplazan a porteros y cocineros.

En las escuelas rurales, de doble jornada, el maestro “oficia de mozo” atendiendo a sus alumnos en el comedor. Limpia mesas y junta platos, en lugar de desarrollar contenidos. La jornada extendida hace que la escuela se transforme en una guardería.

En Pehuajó, el Proyecto de Jornada Extendida fue presentado por el Suteba local, dirigido por la Celeste. Su argumento ‘pedagógico’ fue que cuantas más horas pase el chico en la escuela, más va a aprender. Esto, claro, es falso.

En la escuela donde Suteba presentó el proyecto, los padres han tenido que movilizarse hasta el Consejo local porque los chicos sólo comen polenta y lentejas (diario Noticia, 23/5). Algo similar ocurre en otros colegios.

En un intento desesperado para que los chicos coman, algunas cooperadoras han establecido “una cuota” para compensar la falta de financiamiento del Estado. A todo esto debemos agregar la falta de transporte para la Escuela Agropecuaria, distante a 10 kilómetros de Pehuajó.

La asfixia presupuestaria de las escuelas rurales contrasta notablemente con los millones de pesos de subsidio a las privatizadas. Denunciamos a el engendro Kirchner-Filmus-Yasky y su nueva Ley Nacional de Educación como un intento de municipalizar, privatizar la educación y cercenar derechos laborables de los docentes.

Para defender la escuela pública y las condiciones laborales y el salario docente se hace imprescindible recuperar Ctera de las manos de la burocracia.