En el marco de la ofensiva por parte del gobierno de Macri y Vidal contra la educación, liquidando materias y contenidos, golpeando los sueldos, el estatuto y las condiciones laborales, en los últimos años se profundizó la política de desguace de la formación de jóvenes y adultos trabajadores que buscan terminar el secundario. La larga serie de resoluciones que promulgó el gobierno bonaerense desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2018 constituyen una Reforma en este sentido.

La fiebre de las resoluciones

La Educación de Adultos históricamente funcionó sobre la base de Resoluciones Ministeriales (6321/95 y 1121/02) y sin una ley propia. En el año 2006 la Ley de Educación Nacional 26.206 dedicó apenas una carilla (Capítulo IX, arts 46 a 48)  a esta rama fundamental para trabajadores y trabajadoras que no han finalizado sus estudios secundarios. A nivel bonaerense, ocupó un solo artículo (41) del capítulo X de la Ley de Educación Provincial 13.688.

En el 2008 el gobierno kirchnerista creó a nivel nacional el Plan Fines (Resolución 917/08), presentado como una opción para finalizar la secundaria (terminalidad) para adultos que no habían concluido la Educación Secundaria y pertenecían a barrios de la periferia. La oferta mutó de un plan de terminalidad a una cuasi-secundaria, en competencia con los Bachilleratos de Adultos (BAO) y Bachilleratos de Adultos con Orientación Técnica (BAOT), estructurados en base a la totalidad de materias y a los mismos requisitos de asistencia de cualquier secundaria o técnica. Paulatinamente estos se fueron vaciando ante una oferta claramente facilista. Con los Fines se apuntó a devaluar la formación secundaria de jóvenes y adultos debido al recorte de horas y días de clases, y contribuyó a flexibilizar a los trabajadores de la educación, ya que la designación de docentes es a ciclo cerrado y sin el goce de la totalidad de los derechos estatutarios.

El Plan Fines fue la antesala de la serie de resoluciones del gobierno de María Eugenia Vidal del período reciente. El 1° de diciembre de 2017, la 1657/17 borró de un plumazo los BAO y BAOT, dependientes respectivamente de las direcciones provinciales de Educación Secundaría y de Educación Técnica, planteando su transformación en “Bachilleratos Juveniles” y “Bachilleratos juveniles con orientación tecnológica” para la población estudiantil de entre 15 y 17 años. Nada decía la resolución sobre cómo implementaría semejante cambio y tampoco qué haría con los adultos mayores de 18 años que para ese entonces cursaban sus estudios en esas modalidades.

El 18 de ese mismo mes se sancionó la 327/17, que garantizaba que las cohortes que habían iniciado sus estudios en BAOS o BAOT años anteriores concluyeran sus estudios en esa modalidad, al tiempo que trasladaba estos servicios educativos a la Dirección de Educación de Adultos.

Dos días después, la 2280/17 estableció un nuevo diseño para los Centros Educativos del Nivel Secundario (CENS) que incluyó el recorte de 26 horas cátedra presenciales a 18, con 8 horas tutoriales “optativas” (18+8), y una reducción de 5 días a 3 de cursada. De esta manera, el CENS quedó emparejado con el Plan Fines “Trayecto Secundario”, que tiene un régimen de 18 horas cátedras y tres días de cursada desde la Resolución 713/17.

La frutilla resolutiva de la Educación de Adultos fue la 828/18 y sus anexos I y II promulgada en marzo de 2018. Allí se disponían las “Aulas de Aceleración” y el “Circuito de aceleración de trayectoria tecnológica” para Jóvenes entre 15 y 17 años. Estas aulas comprimen 3 años en 1: son secciones pluriaños –coexisten varios grados- a ciclo cerrado con contenidos organizados por áreas del conocimiento, dependientes de la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Por el otro, definía que los BAOS y BAOT se conviertan en Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) dentro de los propios edificios o fuera de sede (Anexos de CENS) como única oferta de Bachilleratos de Adultos para la población estudiantil mayor a 18 años.

En conclusión, esta fiebre de resoluciones conformó una Reforma de desguace del área, emparejando a toda la rama de Adultos con el Plan FINES promocionado por el gobierno kirchnerista.

Esta pauperización de la formación supuso a su vez la flexibilización de la docencia -con designaciones a ciclo cerrado sin la totalidad del goce de los derechos estatutarios- y despidos masivos. Mientras los docentes titulares quedaron en disponibilidad y ahora están accediendo a los movimientos estatutarios (MAD y Acrecentamiento), el recorte de cientos y cientos de cargos supone para la mayoría de los educadores despidos masivos: sucede que en la Provincia la mayor parte de los docentes que se desempeñan en CENS son provisionales -producto de que la rama no tiene titularizaciones desde 2009.

La precarización laboral en la rama no es novedad

El problema de la inestabilidad laboral se expresa tanto en esta situación extendida de provisionalidad, como en la de las titularizaciones de cargos de base y horas cátedra/reloj (módulos) en los CENS establecidas por la resolución N° 798/13 de  2013. La misma se aplicó para aquellos docentes que tenían los mismos en Plantas Orgánico Funcionales aprobadas al 31 de diciembre del 2010, con los requisitos de contar 3 años de antigüedad a fin de 2013, poseer las dos últimas calificaciones en los cargos u horas a titularizar con un concepto no inferior a 6 (seis), no presentar incompatibilidad horaria ni funcional en el marco de la normativa vigente ni haber obtenido el beneficio jubilatorio. Pero en la actualidad estas titularizaciones no son fehacientes. La SAD todavía no concluyó las notificaciones a los docentes, por lo tanto, los Tribunales Centrales de La Plata a la fecha no las hicieron efectivas. Si bien estas titularizaciones figuran en el sistema, esta irregularidad genera que no se promuevan los movimientos estatutarios porque no se sabe cuántas horas quedaron disponibles en la rama a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la resolución 737/07 que aprobó el Bachillerato para Adultos a distancia con Orientación en Economía y Gestión de las organizaciones y con Orientación en Humanidades y Ciencias Sociales para jóvenes y adultos mayores de 18 años estableció que los servicios docentes en cualquier ítem escalafonario que se generen para la implementación de ese plan de estudios estarán excluidos de la titularización y excluidos, asimismo, de todas las acciones estatutarias que se derivan de esta condición de revista.

La misma situación corre para los docentes que se desempeñan en los Bachilleratos de Adultos que se desarrollan en Contextos de Encierro. Resulta pertinente mencionar que la resolución N° 1019/17, de octubre del 2017, estableció que todas las secciones de los niveles obligatorios de primaria y secundaria para adultos que se desarrollan en ese marco pasaban también a depender de la Dirección de Educación de Adultos a partir del ciclo lectivo 2018. El problema de la flexibilización laboral se extiende así a todo el área.

Mientras que esto viene ocurriendo, la conducción celeste de Suteba, en su rol de socios del ajuste, se ha limitado a presentar impugnaciones administrativas y judiciales con medidas parciales y discontinuas que persiguen el desgaste de las luchas y permitieron el desmantelamiento de esta rama.

Desde Tribuna Docente rechazamos esta embestida sobre la Educación de Jóvenes y Adultos que encuentra su justificación en las leyes y resoluciones kirchneristas y que el Macrismo tomó para profundizar el ajuste del área.

Sobran razones para el No inicio de clases y el paro con continuidad. La defensa del derecho a la educación  de los trabajadores está en juego.