En San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz se está produciendo un ataque al sistema de la salud, que por su propia profundidad no registra antecedentes en la zona.

En el Hospital Larcade (San Miguel) y Hospital Carrillo (Malvinas Argentinas), así como en otras dependencias municipales, hubo una cantidad de traslados indiscriminados que ha hecho colapsar el cuadro sanitario de estos distritos.

Por ejemplo, en el Hospital Carrillo, 57 trabajadores del hospital recibieron una “propuesta de designación” al Hospital Mercante (José C. Paz). Notificados, los trabajadores se presentaron  en el Mercante, y no fueron aceptados; las autoridades del nosocomio furon terminantes. “Nosotros no tenemos ninguna noticia al respecto y no tenemos previsto aceptar personal de otro municipio, así que acá no entran”, relataba el Dr. Baladan (Médicos del conurbano. Enero 1996, pág. 8). Ante esta situación, los trabajadores volvieron al Carrillo donde tampoco les permitieron el ingreso, luego fueron reubicados en centros periféricos vaciados.

En el Larcade se confeccionó un listado de 200 trabajadores con “propuestas de designación”. En la lista se incluye personal “imprescindible” para la prestación de servicios esenciales; por ejemplo en neonatología, sobre una dotación de 25 personas necesarias para el servicio, sólo hay 13, de las cuales 5 tienen destino en el Mercado, y le quedarían 7 personas, una para cada día de la semana, para cubrir 24 horas por día.

Estas son las consecuencias concretas de la implementación de los estatutos negreros de Duhalde-Deluca-Cariglino-Glaría. Con los traslados, los trabajadores quedan en calidad de contratados, pierden la antigüedad y la estabilidad laboral.

• Con la suspensión de las bonificaciones por presentismo y la quita de categorías se reduce el salario, que en el caso de los trabajadores no-profesionales llega al 50% del sueldo.

• Con el reemplazo de tareas y la pérdida de categorías, los trabajadores se convierten en polifuncionales.

• Con la “reubicación” de personal se ha “castigado” a los trabajadores que se han caracterizado por ser defensores de la salud pública, ya que se los ha trasladado a centros periféricos alejadísimos, con la intención de descabezar su organización. Los integrantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos de Carrillo no están más en el hospital y los delegados más combativos del Larcade y del Corralón Municipal corrieron la misma suerte. Esto con la complicidad de la conducción del sindicato de Municipales que dejó pasar todos los traslados con la política de que había que consensuar con las nuevas autoridades la confección de las listas para que los traslados se realizaran en forma “racional e indolora”.

Vaciamiento

Como consecuencia de los traslados, el Larcade ya no contará con Jefatura en Radiología y en Hemoterapia, se quedarán sin Neurología infantil, desaparecerán 18 médicos pediatras, el sector Clínica médica estará desarticulado y el Laboratorio podría cerrarse.

A esto se le agrega la falta de insumos, suero fisiológico, sustituto plasmático, anestésicos, jeringas, reactivos para HIV, corticoide, cloruro de potasio, antibióticos pediátricos, etc., etc…

“Falta de todo, así no se puede atender”, resumió el titular de APUHL, doctor Luis Soler (La Hoja, 5/1/96, pág. 2).

Mediante este vaciamiento premeditado, lo que se busca es abrir paso a la arancelización y privatización de algunos servicios o directamente de hospitales enteros. Este es un proceso que en realidad está muy avanzado; por ejemplo el sector vigilancia está privatizado al igual que un sector de limpieza y del comedor; en el Carrillo, el paciente debe pagar 2 pesos en la Guardia, otro tanto en los consultorios externos, algo más en el Laboratorio y una ecografía sale “10 pesos”, el hospital funciona en base la recaudación compulsiva, en contra del bolsillo y la salud de la familia trabajadora.