El gobierno se largó de lleno a privatizar la salud. “Este año se tiene que definir el tema de las obras sociales… se van a des regu­lar mediante el diálogo con los sindicatos, como hicimos con las privatizaciones”, dijo Menem el domingo pasado.

Esta llamada desregulación- privatización es un ataque sin pre­cedentes contra la salud de los tra­bajadores. Lo que el gobierno pro­pone es que el actual aporte de salud (3% el trabajador, 4,5% las patronales) no vaya obligatoriamente a las obras sociales sino que también puedan recibirlos las empresas de medicina privada. Como un plan de salud privado de un matrimonio y dos hijos no baja de 250 pesos por mes (60 pesos por persona) en tanto que el 7,5% del aporte a la obra social representa sólo unos 50 pe­sos (12 pesos por persona), sola­mente una superminoria podría acceder a esos planes privados. De allí entonces que la propuesta guberna­mental es “fijar una cápita míni­ma universal y permitir servicios adicionales con aportes extras” (Diario de Río Negro, 29/5/95).

La clave del plan del gobierno es esta “cápita mínima”: reemplazar la actual cobertura médica que brindan las obras sociales, que es universal, por un plan médico, solamente míni­mo, básico o asistencial de 12 pesos. La palabra asistencial tiene aquí un sentido claro: cobertura elemental. Y la familia trabajadora que desee una cobertura más amplia deberá realizar “aportes extras La burocracia sindical hace tiempo que abandonó la defensa de ‘la cobertura universal, amplia y solidaria” (prestación médica si­milar para todos los trabajadores, con independencia del sueldo y abarcativa de todas las enfermeda­des) a cambio de “establecer un plan médico obligatorio común que garantice la calidad de aten­ción médico-asistencial” que se cubriría “con una cápita básica de 25 pesos” (Diario de Río Negro, ídem). A partir de esos 25 pesos, habría planes superiores, es decir que el básico es realmente crucial. Para la burocracia,  al igual que para el gobierno y los pulpos médicos-sanatoriales, el problema de la salud pasa por “bajar costos” es decir aumentar beneficios) restringiendo para ello las coberturas obligatorias y obligando a los trabajadores a pagar “extras”.

Las publicitadas diferencias entre la burocracia y el gobierno restringen exclusivamente al a pecto de su asociación con la medicina privada. La burocracia quiere garantías de una asociación con los pulpos de la salud.

Está en juego la salud de millones de trabajadores. Por eso el PO plantea al movimiento obrero, a los activistas, a los delegados, una amplia campaña basada en el siguiente programa:

-Abajo la privatización y desregulación de la salud. Por un plan de salud único, estatal, gratuito, financiado con aportes exclusivos de las patronales y bajo con­trol de los trabajadores.

-Expropiación sin pago de todos los recursos de la salud, como sanatorios y laboratorios.

-Fuera la burocracia sindical de las obras sociales. Por la admi­nistración y control obrero de las obras sociales.

-Abajo la autogestión y arancelamiento del hospital público. Triplicación del presupuesto, bajo control de trabajadores y médicos.