El pasado viernes 22 fue detenido en la provincia de Buenos Aires el narco Delfín Castedo.

En 2006, Castedo, su hermano Raúl y el ex diputado provincial del PJ, Ernesto José Aparicio, fueron denunciados por una pequeña productora de Salvador Mazza, Liliana Ledesma, quien los acusó por el desalojo de pequeños productores de la frontera de Salta con Bolivia, con el fin de liberar la zona para el narcotráfico. A los pocos días de radicar la denuncia, en un claro mensaje mafioso, Liliana Ledesma apareció asesinada.

En aquel momento se produjeron grandes movilizaciones y el caso tuvo repercusión nacional. Probablemente haya sido uno de los hechos que marcaron el final del gobierno de Juan Carlos Romero. La DEA llegó a la provincia a raíz de la crisis que desató el crimen de Ledesma para intentar apuntalar al entonces gobernador.

En ese momento, los diputados del Partido Obrero –que nos habíamos reunido con Ledesma para acompañar la denuncia– reclamamos una investigación sobre Aparicio y su vinculación con el crimen. El rechazo del resto de los bloques políticos fue sistemático. Finalmente, Aparicio renunció. Oficialistas y opositores lo vitorearon por dejar el cargo para "someterse a la justicia". Murió impune en 2013.

Desde el Partido Obrero siempre denunciamos que tanto Aparicio como los Castedo gozaban de protección política. Algunos medios indican, ahora, que es posible que uno de los coimeros del ex juez federal Reynoso fuera Castedo. A comienzos de este año el escándalo de los "narcoconcejales" de Salvador Mazza pusieron en evidencia nuestras denuncias.

Estos concejales, electos en la listas de Urtubey, traficaban drogas en un camión propiedad del extinto Aparicio. La banda de Aparicio y los Castedo siguió actuando y sus vínculos políticos permanecen intactos.

Cuando la ministra Bullrich concurrió a diputados a exponer a favor de las leyes del arrepentido y de agentes encubiertos, desde nuestra banca denunciamos los vínculos del poder político con el narcotráfico y la trata de personas citando, entre otros ejemplos, el de los "narcoconcejales", pero Bullrich evitó hablar del caso.

La familia Ledesma y otros pequeños productores denunciaron recientemente, junto a los diputados provinciales del Partido Obrero, los aprietes y amenazas que sufrían por parte de los Castedo para desalojar las tierras que ellos ocupan en la frontera. La misma historia ocurrida hace 10 años.

La detención de Delfín Castedo plantea continuar la investigación hacia arriba, a los que protegieron a Castedo y Aparicio, a las vinculaciones de éstos con Romero y con el actual gobernador Juan Manuel Urtubey.

A diez años del crimen de Liliana Ledesma, la lucha continúa.