La crisis nacional respecto de la deuda condiciona toda la política provincial y ya tiene sus consecuencias directas sobre el salario y las jubilaciones de los trabajadores cordobeses. En primer lugar porque, al igual que Macri, Schiaretti transitó los últimos años con un crecimiento exponencial de la deuda pública provincial. Pero también porque el ajuste impulsado por el gobierno de Fernández para llegar a un acuerdo con el FMI y los bonistas tiene sus consecuencias directas en la provincia. La crisis de las finanzas locales que se suponía para el 2021 por las abultadas sumas que hay que enfrentar en materia de pagos de deuda, se está adelantando para 2020 de la mano del déficit de la caja de jubilaciones.

Por de pronto se ha cortado el flujo de la deuda y se ha suspendido el consenso fiscal para habilitar a la provincia a un impuestazo masivo. Es lo que está sucediendo con los tarifazos en agua y luz y con el impuestazo impulsado por Llaryora en la Capital. Pero la cuestión no queda en eso, sino todo lo contrario. El ataque a la caja de jubilaciones podría disparar un nuevo impuestazo, y el gobierno busca eliminar la acotada cláusula gatillo que en años anteriores otorgó a docentes y estatales. Distintas versiones marcan que Schiaretti ha ofrecido un 9% de aumento a la docencia. El ataque a las paritarias también está presente en la Capital con el pago de una parte de haberes en negro que ha logrado imponer Llaryora sobre el Suoem, aunque tuviera que retroceder con los despidos de contratados y el reconocimiento de la cláusula gatillo.

Al igual que el gobierno nacional, Schiaretti debe llevar adelante un plan de ajuste feroz que le permita afrontar los pagos de la deuda. La traducción política de esta posición ha sido un acercamiento del “schiarettismo” a Fernández. Schiaretti apoyó la ley de “solidaridad”, la suspensión del consenso fiscal y la ley de “reestructuración” de la deuda. A la par de ello la fracción del PJ provincial que se había alineado con Fernández (Caserio) se ha retraído en su posición divisionista; y ahora mismo se está preparando una lista de unidad para la interna del PJ provincial que se realizará en abril. El propio gobernador explicó esta posición en la apertura de las sesiones legislativas del pasado 1° de febrero cuando afirmó que había que “generar los consensos necesarios” en el orden nacional.

Otra deuda impagable

Como queda dicho, el nivel de endeudamiento de la provincia ha sido exponencial en los últimos cuatro años. A noviembre de 2019 la deuda asciende por encima de los 161 mil millones de pesos, pero esa cuenta es tramposa porque el gobierno no cuenta los créditos que tiene aprobados en la Legislatura y acordados con entidades financieras, e incluso llega al extremo de no contabilizar completamente los préstamos que ya se están ejecutando en parte, como los contraídos con un fondo kuwaití y con la OFID (Fondo de la OPEC para el desarrollo internacional), por 50 y 60 millones de dólares respectivamente.

 

Además de esta deuda, se deberían contar los siguientes créditos: 200 millones de dólares para la construcción de viviendas (24/4/19), 230 millones de dólares para la hidrovía Córdoba-Santa Fe 30/05/19), 120 millones para Caminos de las Sierras (13/06/19), 60 millones para la maternidad provincial (16/07/19). Todos esos créditos fueron autorizados por la Legislatura en el periodo que va de abril a julio de 2019. Tomando todos los conceptos, la deuda provincial asciende a los 206 mil millones de pesos, que representan un 62% del presupuesto 2020, calculado en 334 mil millones de pesos. La suma supone un crecimiento del 1.144% con relación al periodo de diciembre de 2015 cuando la deuda se ubicaba en los 18 mil millones de pesos. Cabe aclarar que el crecimiento de la deuda está íntimamente ligado a la devaluación, puesto que en 2015 el 71% se encontraba en dólares y actualmente ese porcentaje asciende al 94% del total.

Para el año 2021 la provincia debe hacer frente a pagos de capital e intereses superiores a 51 mil millones de pesos, lo que representa un 15% del presupuesto total (a valores actuales). Siempre el gobierno apostó a refinanciar ese monto imposible de pagar. Pero la cuestión se ha tornado vidriosa desde la devaluación operada en agosto de 2019 y más todavía con la negociación fracasada de Kicillof, donde los fondos de inversión presionaron y consiguieron el cobro total de lo adeudado sin espera, ni quita.

Como sucede en el país, se abre una etapa donde el gobierno de Schiaretti va derecho a hacer pagar los trabajadores la deuda que contrajo para financiar el rescate y los negociados de los capitalistas. El movimiento obrero, especialmente los trabajadores estatales y los jubilados deben sacar las conclusiones del caso y poner en pie asambleas en todos los lugares de trabajo y resolver un plan de lucha para defender el salario, el trabajo y las jubilaciones.