Un artículo del tributarista Raúl Cuello en el diario BAE (29.9) prueba en forma fehaciente que la deuda pública es un 60% superior a la informada oficialmente.

En efecto, a los 189.500 millones señalados por el Ministerio de Economía, Cuello le agrega las deudas de las provincias y municipios; intereses en mora; deuda no documentada con proveedores del Estado; deudas por juicios; y un remanente de deuda con organismos internacionales ÿlo que redondea la cifra de 245.000 millones de dólares. Pero el economista deja explícitamente fuera del agregado a la deuda privada (interna y externa, de empresas y bancos) por 60.000 millones de dólares y a la deuda del Banco Central, el cual recauda fondos por medio de la emisión de las Lebac. El total nos lleva a un monto cercano a los 320.000 millones de dólares.

Este endeudamiento impresionante representa un 260% del PBI, calculado en 120.000 millones de dólares; solamente la deuda privada equivale a la mitad del PBI. La Unión Europea considera admisible hasta un tope del 60% del PBI para la deuda pública, y aunque una gran parte de ella está emitida en la propia moneda de la UE, el euro, lo cual no es el caso argentino, cuya deuda es casi por entero en moneda extranjera o inmediatamente convertible a ella.

La inclusión en el concepto de la deuda privada es pertinente, porque su pago entraña aumento de tarifas y de precios (y menores salarios), de la misma manera que el de la deuda pública significa una mayor recaudación tributaria; es decir deben pagarla los mismos consumidores y trabajadores que pagan los impuestos.

La deuda pública y privada están ligadas también de otra manera. Ambas se encuentran en la actualidad en situación de cesación de pagos. La renegociación de la deuda privada está ligada a la deuda pública y a lo que ocurra con los contratos de las privatizadas. Todos los grupos privados nacionales apoyaron la propuesta de renegociación de Lavagna la semana pasada, con la expectativa de obtener ellos también quitas importantes en su deudas. Inversamente, un acuerdo del gobierno con sus acreedores obligaría más adelante al Estado a apoyar con subsidios de distinto tipo los acuerdos a los que arriben las empresas privadas con los suyos.

De los casi 250.000 millones de deuda pública, se encuentran en cesación de pagos y en estado de renegociación 100.000 millones de dólares. Incluso si no se pagara nada de esta parte de la deuda, los 150.000 millones restantes representan un 120% del PBI y hasta el 180% si se incluye la privada. Es decir que la deuda es impagable en la mejor de las hipótesis. Este hecho demuestra la inviabilidad de la política oficial. No hay salida a esta crisis sobre las viejas bases sociales y las viejas relaciones internacionales.