El noviembre, el caudal de deuda pública de la Administración Central alcanzó cifras récord. La misma se ubicó en USD 353.514 millones, sumando en el mes deuda en pesos por el equivalente a USD 4.274 millones y deuda nominada en moneda extranjera por USD 911 millones.

Los datos surgen del informe mensual elaborado por la Secretaría de Finanzas. Allí se observa, además, que en noviembre se cancelaron intereses de deuda por USD 963 millones, de los cuales USD 387 millones fueron a los bolsillos del FMI. Lo anterior demuestra el carácter impagable de la deuda, ya que mientras se vacían las reservas del Banco Central y los recursos del Tesoro para afrontar vencimientos, el nivel de endeudamiento, lejos de disminuir, crece, debido a la acumulación de intereses usurarios y a que se contrae nueva deuda para pagar vieja.

Así las cosas, desde que asumió Alberto Fernández la deuda pública se elevó en USD 40.194 millones. Sucede que el gobierno, como vía para financiar el déficit fiscal, dispuso un enorme mecanismo de endeudamiento en pesos, a través de la emisión de títulos del Tesoro. De carácter explosivo, por cierto, ya que en su mayoría son bonos atados al índice de inflación o al dólar, con lo que no podrá ser licuado por medio de una devaluación, y, a su vez, la garantía de pago consiste en acudir a un recorte del gasto público. Por lo tanto, debemos descartar de plano la hipótesis oficial, acerca de la inocuidad de contraer deuda nominada en moneda local.

De este modo, el oficialismo buscó recurrir lo menos posible a la emisión monetaria para cubrir el rojo fiscal, a sabiendas de las consecuencias inflacionarias que esta acarrea y para evitar que esos pesos circulantes tengan como destino la compra de dólares, desatando una corrida. Esto, en un contexto de escasez de divisas en el BCRA producto de la fuga de capitales, incluido el pago sistemático de vencimientos de deuda, y de huelga de inversiones por parte de la clase capitalista.

A su vez, el endeudamiento en pesos constituye la principal fuente de financiamiento de la economía nacional, puesto que la Argentina se halla marginada del mercado de crédito internacional, precisamente por el grado de bancarrota en el que nos encontramos. Por otro lado, el gobierno busca suplir dicha exclusión recurriendo a organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, etc., incrementando así el endeudamiento nominado en dólares para cumplir con los pagos de deuda, a costa de someterse a una mayor injerencia del imperialismo.

A esto debemos sumarle el pedido realizado por el FMI, en su reciente comunicado, de fijar una tasa positiva -por encima de la inflación- del Banco Central, que es la tasa de referencia para toda la economía y que hoy se encuentra en el 35%. El reclamo responde al interés del Fondo de esterilizar los pesos circulantes como recurso para contener la inflación, y, a su vez, desalentar una corrida hacia el dólar, en función de que el gobierno cuente con las divisas disponibles para afrontar los vencimientos de deuda. Medida que, sin dudas, traerá consecuencias negativas para la población, ya que acentuará las tendencias recesivas y el peso de la deuda nominada en moneda local.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, tomó nota del pedido y está analizando efectivamente subir la tasa de interés de la entidad. De prosperar esta iniciativa, aumentará significativamente el pasivo del BCRA -otra montaña de endeudamiento que no se contabiliza como deuda pública-, el cual asciende a $4,3 billones entre Leliqs y Pases. En ese caso se echaría mano a una emisión monetaria descomunal a los fines de cancelar los intereses de dichos instrumentos, considerando que por cada punto de aumento de la tasa hay que pagar $43.000 millones. Esto, cuando ya se han abonado, en concepto de intereses de Leliqs y Pases, más de $1,4 billones en lo que va del 2021.

El ministro Martín Guzmán, por su parte, tomó la posta en ese sentido. Resulta que para incentivar que las inversiones financieras se vuelquen a los bonos del Tesoro, en cada licitación el Ministerio de Economía viene ofreciendo plazos más cortos para los vencimientos y tasas de interés más altas. Sin ir más lejos, el lunes pasado colocó deuda en el mercado por $129.000 millones a una tasa cercana al 45% (cuando a principio de año el interés se ubicaba en el 38-39%) y “casi un 50% de la colocación se concentró en títulos de corto plazo, como la Letra de Liquidez (LELITE) a enero de 2022 y las letras a descuento (LEDE) a marzo y abril del año próximo” (Clarín, 15/12). De esta forma, vemos cómo la deuda acumulada va adquiriendo características cada vez más explosivas.

Como si esto fuera poco, si se concreta el acuerdo con el FMI la hipoteca mencionada aumentará. Ocurre que dicho pacto implica tomar nueva deuda en dólares para pagar los sucesivos vencimientos, perpetuando así un espiral sin salida. Por otra parte, al reconocer la totalidad de esa deuda ilegítima se asumirán compromisos de pago, y, por consiguiente, prevalecerá el drenaje de reservas, que, este año por ejemplo, se ha llevado puesto el superávit comercial de USD 14 mil millones obtenido a raíz del auge exportador. Cabe destacar, que entre enero y octubre de este año, solo para el pago de la deuda externa -pública y privada- se han destinado USD 9.325 millones. Evidentemente, el rescate de la deuda actúa como un ancla para el desarrollo nacional y el acuerdo con Fondo promete profundizar este esquema de saqueo. Sendero que, además, traerá aparejado un sinnúmero de ataques a las mayorías populares de la mano de una devaluación, tarifazos, ajuste y reforma laboral.

Sin embargo, el gobierno, la oposición patronal y las patronales pretenden que asumamos las consecuencias de acordar con el FMI bajo la promesa de solo así se abrirá paso un ciclo de inversiones en el país. Algo que no condice con el cuadro internacional, donde, sin ir más lejos, “la Reserva Federal de Estados Unidos mostró sus cartas: el término de los estímulos monetarios a la economía llegará a su fin en marzo y a partir de allí se espera que suba las tasas de interés para 2022” (Ámbito, 16/12), lo cual impactará en una caída del precio internacional de las materias primas (ergo, menos ingreso de dólares en Argentina a través de la exportación) y en el flujo de capitales desde los países emergentes hacia sus casas matrices.

Con todo, se hace preciso transitar un rumbo opuesto, donde el ahorro nacional esté dirigido al desarrollo del país bajo un interés social mayoritario. Por lo tanto, debemos romper con el FMI, rechazar la deuda usuraria y terminar con la fuga de capitales nacionalizando bajo control obrero la banca y el comercio exterior. En definitiva, una salida a la crisis por parte de la clase trabajadora.