En diciembre 2022 la deuda pública trepó U$S 11.846 millones, alcanzando los U$S 396.539 millones, una cifra récord. Desde que asumió el Frente de Todos, dicha hipoteca creció en U$S 83.240 millones y el acuerdo con el FMI ha acelerado los ritmos de endeudamiento.

Los datos se desprenden del informe mensual que realiza la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. Durante el 2022, la deuda pública presentó una suba de U$S 33.358 millones (U$S 9.985 millones en moneda extranjera y U$S 23.373 millones en moneda local), es decir, agilizó el ritmo de crecimiento respecto a los dos años precedentes. Lo cierto es que el programa acordado con el FMI supone mayor endeudamiento desde el momento que establece un tope a la emisión monetaria y llama a financiar el grueso del déficit fiscal contrayendo deuda por medio del Tesoro y organismos multilaterales.

Bien sabemos que endeudarse con organismos internacionales de crédito, como el BID o el Banco Mundial, agravan la injerencia del imperialismo y las grandes potencias sobre los asuntos internos. Así también ha quedado desmentida la supuesta inocuidad de tomar deuda en pesos, argumento hartamente blandido por el actual gobierno. Lo demuestra el menor interés que vienen despertando los títulos del Tesoro en los acreedores, avivando el peligro de que se produzcan corridas de gran alcance. A su vez, el equivalente a U$S 67.934 millones del total de la deuda pública está nominado en moneda local pero indexado a la inflación, con lo que no podrá ser licuado mediante una devaluación.

De conjunto se trata de una hipoteca impagable, donde cada refinanciación va acumulando intereses cada vez más usurarios. Sin ir más lejos, desde que asumió Alberto Fernández, el pago de los mismos implicó un gasto equivalente a U$S 21.775 millones -según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso-; y, a pesar de ello, el stock de deuda pública, lejos de disminuir, creció 26,5% en ese período. Como vemos, recursos millonarios, creados a costa del esfuerzo de los trabajadores del suelo argentino, van directo a los bolsillos del capital financiero, sin que eso signifique desendeudamiento alguno. Como contrapartida, las mayorías deben pagar con miseria y privaciones las consecuencias de este saqueo. Una verdadera estafa al servicio del sometimiento nacional.

Un ejemplo ilustrativo es lo que ocurre con los intereses cancelados al FMI, los cuales, debido a la sobretasa usuraria que rige en dicho acuerdo, aumentan año a año. En 2019 totalizaron U$S 1.228 millones, U$S 1.306 millones en 2020, U$S 1.347 millones en 2021 y U$S 1.721 millones en 2022. Así las cosas, al final del camino, el organismo recibirá la totalidad del préstamo más un dineral en concepto de intereses. Mientras tanto, persiste el drenaje de divisas y la tutela del Fondo sobre el destino del país, acarreando más endeudamiento, recesión y ajuste.

Es necesario, entonces, repudiar la deuda fraudulenta y destinar el ahorro nacional al desarrollo del país y a la satisfacción de las necesidades sociales. Así como también, derrotar en las calles el pacto con el FMI, fuente de innumerables penurias para el pueblo.

 

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