Vencido el plazo autoimpuesto por el gobierno para cerrar un acuerdo de reestructuración de la deuda externa en manos de los bonistas, la oferta habría sido abrumadoramente rechazada (los medios afirman que la adhesión no supera el 20%). El presidente aseguró que la negociación sigue porque “hay disposición a evaluar contraofertas”, es decir a ceder ante la presión de los fondos de inversión por mejorar los términos del canje.

El termómetro de “los mercados” se muestra expectante. Esta semana subieron los bonos en dólares hasta 13% y las acciones argentinas en Wall Street hasta un 20%, y cayó el riego país. Si bien los valores estaban por el piso y aquel índice por el techo, son señales que dan la idea de que se divisa un acercamiento.

El 22 de mayo sigue apareciendo como fecha límite, porque culmina el período de gracia para pagar los vencimientos por 500 millones de dólares. Un incumplimiento activaría la cláusula de cross default, por la cual todo el resto de los tenedores de bonos puede reclamar una cancelación inmediata. Es lo que pretende evitar el gobierno.

Para alcanzar un acuerdo antes de esa fecha el gobierno de Alberto Fernández deberá mejorar sustancialmente el nivel de adhesión, ya que si las cláusulas de acción colectiva requieren un 66% de los acreedores en el caso de los bonos emitidos desde 2016, los que vienen de los canjes de 2005 y 2010 exigen una aceptación del 75% -y son justamente esos los bonistas que se consideran más afectados por el período de gracia de casi 3 años.

Fernández y Guzmán exhiben como un triunfo el respaldo a la oferta argentina por parte de un listado de importantes académicos. Pero los BlackRock deciden por el bolsillo y no por una suerte de intransigencia ideológica (como lo presentan los columnistas de Página 12). Por lo demás, el eje de esa declaración es la afirmación de que Argentina no será el único problema para los magnates de las finanzas, y que un default criollo podría ser el primero de una cadena de quiebras soberanas en medio de la depresión económica mundial. Pero eso vale también para nuestro país, que es justamente de los principales perjudicados por la crisis, como lo atestigua el impacto de la guerra comercial que desplomó los precios del petróleo y tensiona para abajo los de los granos.

Más trascendentes fueron los dichos de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien en una entrevista dada nada menos que al Financial Times aseguró que el gobierno argentino le habría manifestado la voluntad de negociar un nuevo programa con el organismo. Un monitoreo del Fondo sobre las cuentas del país es justamente lo que exigió a Fernández el Club de París para renegociar su deuda, pero también influye en un punto muy sensible de lo que reclaman los bonistas. Es que los grandes fondos de inversión como BlackRock, Pimco y Fidelity -que reúnen una parte sustancial de la deuda- presionan por un mayor precio de los nuevos bonos, algo que depende de las precisiones que otorgue el gobierno del ajuste fiscal que llevará adelante durante su mandato.

Si la oferta presentada por Martín Guzmán había sido considerada a pesar de todo “mejor a lo esperado” (porque reconoce casi íntegro el capital y promedia intereses que triplican las tasas de referencia internacional), esta declaración de “disposición” acorrala más al gobierno, ante la presión de los bonistas por acortar los plazos de vencimientos, capitalizar intereses durante el período de gracia, eliminar la quita del capital o incorporar nuevos cupones. Los economistas afines al gobierno ya barajan distintas combinaciones, lo que es expresión de un clima propenso a ceder.

Una presunta fortaleza de la estrategia oficial es el apoyo casi unísono que cosechó entre la burguesía argentina y por ende entre la oposición patronal (empezando por los gobernadores), e incluso de la burocracia sindical. Este espaldarazo es, con todo, interesado, porque radica en la necesidad de la empresas de contar con acceso al mercado de crédito y de los mandatarios provinciales por reestructurar sus propias deudas impagables. En estas condiciones, el apoyo se convierte también en una presión por sellar un acuerdo con los bonistas.

Para los trabajadores, toda esta negociación debe ser un alerta extra. Si ya arrecian los despidos, suspensiones y recortes salariales, la perspectiva de un acuerdo implica un panorama de nuevos ataques. El ajuste es ciertamente la única garantía de repago que el gobierno puede ofrecer, con Vaca Muerta totalmente parada y los precios del maíz y la soja cayendo. Por eso el apoyo clave de toda la ingeniería financiera es un nuevo programa con el FMI. En la mira de ataques figura al tope de todo un nuevo robo a los jubilados, más cuando el gobierno está otorgando subsidios y exenciones a los capitalistas a costa de la Anses. La devaluación del peso, con la intención de mantener el ingreso de divisas por exportación, seguirá golpeando de lleno los salarios.

El gobierno de Alberto Fernández, en definitiva, parece encaminado a firmar un nuevo pacto buitre contra el país.