Es muy burdo el hecho de que Alberto Fernández anunciara, como un gran paso hacia el federalismo, el decreto que reduce unos 30.000 millones de pesos los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación federal para asignarlos a la provincia, cuando lo que hacía, finalmente, era ceder ante el motín de la maldita Bonaerense. Detrás de la pelea por el reparto del fisco, lo que asoma es una política de ajuste contra la población trabajadora.

La movida del gobierno nacional de restar algo más que un 1 punto de los 3,5 que recibía la Capital por los impuestos coparticipables, para financiar el aumento del 40% de los salarios de los efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires, logró en gran medida su cometido de sacar del centro de la agenda política nacional la crisis política del gobierno de Kicillof a partir de la protesta de los uniformados.

Pero reabrió un conflicto que recurrentemente vuelve a escena, por el reparto de los fondos de la coparticipación. Los impuestos cuya recaudación entran en este régimen son principalmente el IVA y Ganancias, entre otros, de los cuales aproximadamente el 52% queda en las arcas nacionales. Esa masa, por supuesto, no se toca, porque son las cuentas fiscales de Nación las que mira el FMI para supervisar que se garantice el repago de la deuda. Según cifras oficiales, en lo que va del 2020 se destinó más de 450.000 millones de pesos al pago de servicios de deuda -en plena renegociación-, más del doble que lo asignado a salud.

El pretexto para retransferir lo que iba a la Capital es que Macri había casi triplicado en su mandato esa porción (supuestamente para cubrir el traspaso de 20.000 efectivos de la Policía Federal a la de la Ciudad), pero sobre todo la presunta opulencia del “distrito más rico del país” en comparación con la situación del resto de las jurisdicciones. Es, casi abiertamente, un llamado a realizar un ajuste de proporciones, en una ciudad con una monstruosa densidad poblacional en villas y asentamientos de emergencia. Podemos ejemplificar también diciendo que los residentes y concurrentes de la salud que lucharon contra la precarización laboral y los estudiantes que enfrentaron la Unicaba verán redoblada la ofensiva.

No es nada nuevo el reclamo del Estado bonaerense por mayores recursos tributarios de origen nacional, siendo que aporta casi el doble de lo que recibe. La propia exgobernadora Vidal había convertido (escoltada por el PJ bonaerense) la “recuperación del Fondo del Conurbano” en un hito histórico. Pero el regocijo le duró bastante poco, ya que luego Macri le transfirió la responsabilidad por los subsidios a los servicios públicos de electricidad y transporte, tarea encomendada por el FMI para el Presupuesto 2019.

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La “reparación” de la que se jactan ahora Fernández y Kicillof es una truchada. Estos fondos redirigidos están por debajo de lo que perdió por la caída de la recaudación de los impuestos coparticipables, ya que hasta agosto los giros fueron más de 36.000 millones de pesos menores a lo presupuestado. No es casual, por lo demás, que las medidas que no se tomaron para abastecer los vaciados sistemas sanitarios provinciales en plena pandemia se adopten ahora para satisfacer las exigencias de una fuerza que debería ser investigada por la desaparición y muerte de Facundo Castro y la multiplicación de casos de gatillo fácil. Para ejecutar el ajuste hace falta una policía dispuesta a reprimir, como lo viven en carne propia los obreros portuarios o las familias que se encuentran ocupando terrenos ante el déficit habitacional.

La crisis, de todas maneras, está abierta. Larreta apela a la Corte Suprema de Justicia para que declare inconstitucional la medida y reponga las partidas perdidas. Alertó también que sería perjudicial romper la sintonía con la que afrontaron la pandemia. El crecimiento exponencial del déficit fiscal aumenta las tensiones por quién carga con los mayores recortes en sus jurisdicciones.

Lo que esconde este tironeo por la coparticipación es, entonces, que el mensaje del gobierno nacional es que todos los distritos tendrán que profundizar el ajuste. Máxime cuando el desplome del consumo repercute en menor recaudación por IVA, ya que la coparticipación representa el 70% de los fondos totales que disponen las provincias. Ese ajuste recaerá sobre las familias trabajadoras, empezando por la educación y la salud, que sufren un abandono cada vez más grave desde que fueran provincializadas. También repercutirá en los deprimidos salarios, ya que el aumento del 40% a los policías contrasta con el 15% en negro que recibieron los estatales bonaerenses.

En suma, los chispazos por la torta fiscal tienen como telón de fondo la auditoría del FMI sobre las cuentas del país, que es la que dicta los trazos gruesos del Presupuesto 2021, próximo a presentarse en el Congreso. Los trabajadores de uno u otro distrito nada mejorarán apoyando los reclamos de sus respectivos gobiernos. La salida es, en primer lugar, suspender el pago de la deuda, proceder a la renacionalización de la salud y la educación y el control popular sobre las arcas públicas. El impuesto a las grandes rentas y fortunas presentado por el Frente de Izquierda, por otra parte, es un ejemplo de un camino opuesto para gravar las ganancias capitalistas en función de financiar las necesidades sociales.

 

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