Javier Milei insiste en prometer que, de ganar las elecciones, dolarizaría la economía y cerraría el Banco Central. Esta propuesta, para poder implementarse, tendría como punto de partida una confiscación de los ahorristas. Veamos por qué.

Como el BCRA hoy debe enormes cantidades de dinero, la consultora 1816 sugirió que “la dolarización podría necesitar de algún tipo de reestructuración de las Leliq y, por ende, de los plazos fijos”, dado que los bancos invierten en esas letras del Banco Central usando la plata de los depositantes, incluidos los encajes bancarios que deberían estar reservados como garantía para los ahorristas. Serían estos últimos quienes paguen la factura.

El economista Emanuel Álvarez Agis advirtió que, solo con la amenaza de una dolarización, ya se generan las condiciones para desatar una corrida que terminaría en un nuevo corralito: “si alguien dice que su programa económico es prender fuego el Banco Central, que es la entidad que regula los bancos, yo no tendría la plata en un banco. Si yo digo ‘conmigo no va a haber sistema bancario’ (…) tal vez lo que quiero hacer es generar una corrida bancaria para que después el ajuste lo haya hecho el mercado y no yo”. Muy cierto, pero lo que no dice es que ese golpe de mercado se cobraría la usura financiera acumulada por los sucesivos gobiernos.

Es que hoy el Banco Central debe más plata que la que tiene. La consultora 1816 hace el cálculo sumando todos los pasivos del Central (Leliqs y pases) con la base monetaria en circulación y las reservas bancarias, lo que da como resultado U$S 44.750 millones. En tanto, sus activos poseen un valor de mercado de U$S 25.254 millones, mientras las reservas netas se ubican alrededor de U$S 1.800 millones. Es decir que habría una diferencia de U$S 19.500 millones para equilibrar el patrimonio del Central.

Si esa diferencia no se salda, según la misma consultora se tendría que avanzar en una devaluación que lleve a $10.000 el precio por cada dólar, pulverizando los ingresos de la población. Para escapar a ello, los ahorristas van a retirar de los bancos sus pesos colocados en plazos fijos para correr hacia el dólar, antes de perder el poder adquisitivo de sus ahorros. Algo lógico. La banca, que tiene casi la mitad de sus carteras invertidas en títulos públicos, que se volverían impagables por estar indexados al dólar o a la inflación, no podrían hacer frente a este escenario de corrida y terminaríamos con un corralito, como pasó en 2001, o con un Plan Bonex como el del menemismo, que abrochó compulsivamente a los depositantes con bonos del Estado (los cuales probablemente deberían ser vendidos a los bancos, que redondearían un gran negocio).

Milei sugirió que, para evitarlo, habría que endeudarse por U$S 35.000 millones, pero no dice cómo. Recordemos que el país tiene cada vez mas cercenado el mercado de crédito producto de la desconfianza de los acreedores y del sobre endeudamiento exterior que continúa batiendo récords históricos. Resolver el problema mediante la adquisición de nueva deuda, además, solo nos llevaría a otra crisis de pagos que culmine en el remate de las riquezas que le quedan al país mediante la privatización de empresas como Aerolíneas Argentinas o la entrega de recursos como el litio.

Si hoy la política del gobierno y el BCRA “es un robo”, como dice Milei, su propuesta le cobra la factura a los ahorristas para rescatar a un puñado de banqueros y especuladores. Hay que invertir la ecuación y, para eso, hay que echar a los políticos capitalistas que nos trajeron a esta debacle y ahora nos quieren vender espejitos de colores con las mismas recetas fracasadas.

El que se dice defensor de la propiedad privada fomenta en realidad una confiscación en gran escala de los ahorros de la población. En cambio, nacionalizar la banca bajo control obrero evitaría que los intereses privados especulen con la plata de los depositantes. Esto solo sería viabilizado por un gobierno socialista, que tenga en el poder a los trabajadores, garantizando que los recursos nacionales sean destinados a financiar las necesidades populares y productivas del país, y no una deuda usuraria con la que lucran los buitres y el capital financiero desangrando a la Argentina.