El gobierno que afirma no tener dinero para aumentar los haberes jubilatorios ni para sostener la educación o la salud públicas, acaba de comprometerse con el FMI a pagar 4.200 millones de dólares en los próximos nueve meses a la banca acreedora, a los organismos de crédito internacionales y a los tenedores de Bonex. Otros 800 millones, se destinarán, según el mismo compromiso, al pago de los títulos de la deuda interna", que en buena parte se encuentran en manos de las sucursales locales de la banca acreedora (Clarín, 24/6).

Para pagar esta “factura”, el ministro se ha comprometido a obtener un “superávit de caja” de 2.400 millones de dólares, o sea 200 millones mensuales, el doble del actual, lo que significará reducir aún más los gastos de salud y educación, y producir más impuestos y nuevos despidos de trabajadores estatales. El ministro también se ha compro-metido a que las empresas públicas obtengan ganancias por 600 millones de dólares en los próximos nueve meses. Si se considera que “los resultados operativos de las once principales empresas públicas fueron negativos en 29 millones de dólares en mayo y se esperan 39 millones para junio y que... la pauta de 600 millones es absolutamente irrealizable’ — según dijo un economista que prefiere ser anónimo” (El Cronista Comercial, 25/ 6), es evidente que el ministro se ha comprometido a pegar un violento tarifazo. Final-monto, Cavallo también se comprometió a entregar a los acreedores externos 1.200 millones de dólares provenientes de las privatizaciones de empresas públicas y áreas petroleras, es decir, el 100% de los ingresos en efectivo. El acuerdo desnuda el carácter confiscatorio de las privatizaciones, que no servirán (como pretenden los Neustadt) para mejorar los servicios públicos ni el sueldo de los maestros sino para que la banca y el gran capital se apropien de las empresas estatales sin poner un cobre.

Solamente en estas condiciones el FMI otorgaría al gobierno argentino un préstamo que se destinaría a pagar las deudas pendientes... con el FMI.

Pero este "acuerdo" (en realidad una imposición) no ha logrado sacar, a pesar de todo, a las negociaciones del estancamiento, debido a que el FMI entiende que el compromiso del gobierno es incumplible sin un nuevo aumento del IVA, el restablecimiento del impuesto a los combustibles y de las retenciones (impuestos) a las exportaciones, y sin reducción de la participación de las provincias en la coparticipación federal. Pero para Cavallo semejantes medidas significarían quebrar los “acuerdos de precios” firmados con distintas cámaras capitalistas y ponerle fin, por lo tanto, a su “plan de convertibilidad". De ahí que en un “compromiso adicional” al acuerdo se compromete a adoptar medidas necesarias para obtener el superávit de 4.200 millones de dólares (Clarín, 20/6), pensando por sobre todo en impuestos como el inmobiliario en Capital y en despidos masivos de trabajadores en provincias y empresas públicas.

Naturalmente el FMI quiere ver para creer y por esto "Michel Camdessus (presidente del FMI) condicionó la nueva discusión a que la Argentina cumpla estrictamente las metas fiscales de mayo y junio. No avanzará el diálogo en caso de que existan desvíos en esas pautas” (Clarín, 20/6).

Esta crisis entre el gobierno y el FMI refleja el choque entre la banca acreedora, que quiere cobrar la deuda, y los “capitanes de la industria”, que no admiten mayores impuestos en los marcos del “plan de convertibilidad”. Una conciliación posible entre estas posiciones podría estar dada por una devaluación del austral, que permita establecer impuestos a la exportación y que conforme a los intereses del “club de exportadores”. Los bancos pretenden que se les entregue una parte de las reservas en dólares en poder del Banco Central, que sirven de respaldo a la conversión del austral, para hacer frente al atraso en el pago de la deuda externa. El atraso es de cerca de 10.000 millones de dólares, de los cuales los bancos quieren cobrar de entrada el 25% ó 2.500 millones de dólares —lo cual eleva la factura total que re ama el FMI a 6.500 millones de dólares.

Una devaluación conciliaría también esta divergencia, esto al reducir la cantidad de moneda extranjera necesaria para sostener el valor de la circulación de la moneda nacional.

Ni qué decir que otra devaluación del austral desatará una espiral inflacionaria, así como una nueva caída de la actividad económica.