El fallo de la Corte Suprema de Justicia que impidió la liberación de menores -algunos de ocho años- privados de su libertad en ese depósito carcelario que es el Instituto San Martín en la Capital Federal, ha develado la falsedad del debate parlamentario que se avecina sobre la edad de inimputabilidad de los menores. Esto es: bajar formalmente la edad de inimputabilidad o dejarla como está no tiene importancia alguna, porque en la práctica esa edad es de cero. No 16, ni 14 ni 12: cero.

Con su fallo, la Corte ha declarado la constitucionalidad, la legalidad y la plena vigencia del decreto ley 22.278, dictado en 1980 por Jorge Rafael Videla. Al igual que no menos de la mitad de las leyes vigentes en la Argentina, la que norma el régimen de persecución penal a menores de edad es obra de la dictadura militar.

El sistema carcelario -porque de eso se trata, de cárceles- para menores de edad es mucho peor que el de los adultos. Por simple acusación policial, o porque a su juicio se encuentra en situación de riesgo, o simplemente porque se le ocurre, un juez puede encerrar a un chico de cualquier edad -hay que subrayarlo: de cualquier edad- por tiempo indefinido.

Por otra parte, en el caso del Instituto San Martín, el 85 por ciento de los encerrados allí jamás cometió delito alguno. Ahí hay niños, por ejemplo, que han sido violados por su padre y por eso el juez, al entender que se encuentran en conflicto, los interna con otros chicos que sí han delinquido. Por cada niño encerrado hace su negocio la Iglesia, que cobra dinero por servicios que no presta.

En esos sumideros donde se los encierra, los chicos deben pelear por su supervivencia; ahí aprenden a delinquir, a aceptar el imperio del más fuerte, a soportar la degradación y el trato humillante, a resignarse ante las violaciones y el hacinamiento infame. Se trata de un sistema que parece diseñado ex profeso para transformar a niños con problemas en homicidas feroces.

La salida posible

El fallo de la Corte no dice tanto como dijo la jueza Carmen Argibay cuando, en entrevistas con la prensa, anticipó su voto. La ministra señaló que la policía tiene “marcados” a los chicos presos y, si se los libera, esa misma policía los va a asesinar. “El gatillo fácil no se ha terminado”, recordó (Página/12, 29/11).

Esto es: una jueza de la Corte Suprema de Justicia declara a la prensa que la policía es una institución criminal que ejecutará extrajudicialmente a los chicos -los asesinará- si se los libera, por lo cual esos niños se encuentran más seguros en los sumideros carcelarios que en la calle. Es un escándalo estrepitoso, y esa idea de Argibay resulta doblemente atroz por lo que tiene de cierta: ya en los años ’80, cuando Alejandro Armendáriz, gobernador radical de la provincia de Buenos Aires, decidió liberar a un grupo de niños encerrados irregularmente en esos institutos, la policía los masacró sistemáticamente en enfrentamientos fraguados.

He ahí la policía que acaba de elogiar con tanto entusiasmo la Presidenta cuando, también ella, se incorporó al coro de la mano dura.

El primer límite preciso en materia de seguridad lo señaló, en la que quizá fue su única declaración pública, la esposa de Blumberg: “Mi hijo (Axel) está muerto por culpa mía, porque yo confié en la policía”. Esa policía que su marido quiere reforzar.

En otras palabras: confiar en la policía es suicida, el que confía en ella se muere. En ese punto empieza el debate.

En segundo lugar, se tiene la necesidad de exigir la duplicación del presupuesto educacional y que los institutos de menores sean puestos en esa órbita, bajo control de trabajadores y vecinos organizados en asambleas populares. Se tiene que eliminar toda promiscuidad y hacinamiento.

El Partido Obrero, por supuesto, propugna la inmediata derogación de la ley videliana 22.278, y el aumento a 18 años de la edad de inimputabilidad.

Se debe advertir, además, que la histeria represiva alentada por sectores del oficialismo, de la prensa y de la derecha política prepara un golpe de mano antipopular, además de aumentar la inseguridad al fortalecer a la policía, principal centro organizador del delito. Conviene recordar, por ejemplo, que a los diez compañeros de la Fuba procesados por luchar se les imputa el cargo de “secuestro coactivo agravado”, una figura introducida en el Código Penal a instancias de Blumberg.