El gobernador Mestre debutó con una serie de “modificaciones” a la Ley de Emergencia de Angeloz.

Reduce en un 30% los salarios de todos los empleados estatales, los adicionales por antiguedad y en un 40% la jornada laboral (con excepción de los docentes).

Para los docentes, se cambia la modalidad de cálculo de los adicionales por antigüedad, lo que significa una rebaja salarial promedio del 27,5%; autoriza el alargamiento del ciclo lectivo y una mayor dedicación horaria; elimina del presupuesto los cargos de los docentes suplentes e interinos. Mientras se recortan los fondos para la educación pública, el gobierno ha comenzado a girar íntegramente los subsidios a la educación privada … seguramente en “reconocimiento” al apoyo recibido de la Curia católica.

Reduce en 5% las jubilaciones superiores a 400 pesos y elimina el 82% (al fijar un tope de $ 3.500 para las jubilaciones).

Autoriza a pagar en efectivo sólo 400 pesos a los empleados públicos y docentes y de 300 pesos a los jubilados; el resto será pagado en bonos. El saldo de los salarios y las jubilaciones de mayo y junio también “será pagado oportunamente en bonos” (Río Negro, 15/7).

Además, la Cámara de Comercio exigió el derecho a pagar el 50% de los salarios de sus trabajadores con los bonos que reciba. Las municipalidades recibirán parte de la coparticipación provincial en bonos, por lo que también pagarán los sueldos en bonos. El gobierno ha sido autorizado a emitir 800 millones de pesos en bonos (200 millones más que en el proyecto original) porque toda la clase obrera cordobesa va a cobrar sus salarios en bonos: la sobreoferta producirá una desvalorización inicial del bono pero, claro, no será la única. “La única forma de solucionar el problema, de sanear el sector público y de salvar a los bancos oficiales de un gran aprieto –editorializa La Voz del Interior (23/7) es la aceptación de que los Cecor (bonos) no valen lo que su lámina expresa. El mercado realizará este ajuste de forma natural y a través de diversos mecanismos, aunque con un mismo efecto: la desvalorización de los Cecor”. Una estafa para los trabajadores, los bonos son un negoción para los capitalistas: rinden el 12% anual, una tasa que el presidente de la Bolsa cordobesa, Juan Carlos Viano, no dudó en calificar de “generosa” (La Voz del Interior, 12/7).

La ley de Mestre establece, además, el despido de los contratados y de los trabajadores del Paicor y la reducción del presupuesto en 282 millones, lo que provocará un derrumbe todavía mayor de la obra pública, y de la educación y la salud públicas.

Como sabe lo que se viene, Mestre introdujo en la Ley de Emergencia la prohibición de las huelgas (decretando automáticamente y de antemano la conciliación obligatoria en todo el ámbito estatal y estableciendo “servicios mínimos” en todas las dependencias) y suspendiendo por 180 días los juicios que pudiera ocasionar la aplicación de la Ley.

La Legislatura otorgó al gobernador el derecho de prorrogar unilateralmente la ley –que originalmente rige hasta diciembre– por un año más.

Golpe de Estado

Al mismo tiempo, Mestre anunció la venta del 49% de las acciones del Banco Córdoba y su gerenciamiento por la banca privada, la posibilidad de vender varias sucursales del Banco de Córdoba; de la privatización del Banco Social (“… no es lo mismo que el banco de la Provincia … Un banco no significa dos bancos” declaró – La Voz del Interior, 12/7); la venta de las centrales termoeléctricas y de “un conjunto de organismos estatales prescindibles” (ídem). Salta a la vista que, cuando Mestre se niega a entregarle el Banco y Epec a Cavallo, no “defiende” el patrimonio de la provincia sino las “cajas” que sostuvieron durante años al radicalismo cordobés.

La confiscación salarial y la entrega de los recursos de la provincia será rigurosamente vigilada: Mestre anunció que “el Banco Mundial enviará técnicos a evaluar las cuentas provinciales” (La Voz del Interior, 16/7). Un paquetazo antiobrero fenomenal y el esbozo de un plan de privatizaciones, sometidos ambos a la auditoría del imperialismo mundial: Mestre es un rehén de Menem-Cavallo y del capital usurario internacional.

Por un Congreso de Bases para enfrentar la Ley de Emergencia

El “paquetazo” de Mestre no recibió la misma respuesta contundente que inviabilizó el de Angeloz. Para que ocurriera esto se montó un vasto operativo político: el gobierno nacional “facilitó” un préstamo de 70 millones con el cual Mestre pudo pagar una parte de los salarios atrasados; la “descompresión” de la situación le permitió avanzar a fondo en la aprobación de las modificaciones a la Ley de Emergencia.

Al recibir a Mestre con una “tregua”, la burocracia de la Coordinadora de Gremios Estatales (incluida su ala centroizquierdista, Bazán del Sipos) jugó un papel fundamental en este operativo monitoreado por la Iglesia.

La burocracia cordobesa, en realidad, ha ido mucho más lejos que otorgar una “tregua”. Walter Grahovac, del sindicato docente (UEPC), no tuvo empacho en declarar que “Mestre habla con la verdad … tiene una forma distinta de hacer política y ha expresado cosas que para nosotros resultan significativas … la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira” (La Voz del Interior, 14/7). Está claro que Grahovac –y la burocracia de la Coordinadora– no consideran a Mestre como lo que es: un enemigo jurado de la clase obrera, que viene a hacerle pagar la crisis en nombre del gran capital. Por eso, en el mismo reportaje, Grahovac propone “buscar una salida creativa (sic) … (para) procurar (sic) que la gente no caiga en la indigencia”.

En la propia UEPC tenemos un ejemplo de una de estas “salidas creativas”: la directiva propone que, en lugar de dictar clases los sábados se agregue una hora más de clase los días de semana … es decir que no impugna el alargamiento de la jornada laboral. Otro ejemplo de estas “salidas creativas” es la afirmación de los miembros de la Coordinadora de que “el bono de libre circulación es más útil que el bono previsto anteriormente, con los cuales los trabajadores sólo podían pagar impuestos” (La Voz del Interior, 9/7). La burocracia no enfrenta la ley; discute las modalidades de su aplicación, para hacerla más “digerible” a los trabajadores. Es, por lo tanto, cómplice del ataque que ha lanzado el gobierno.

Esta política criminal, sin embargo, tiene patas cortas frente a la brutalidad del mazazo que se descarga sobre los trabajadores cordobeses.

El plenario de delegados y activistas del SEP ha resuelto rechazarla rebaja salarial, la reducción de horas y la quita de los adicionales por antigüedad; los maestros no aceptan la rebaja salarial y reclaman el pago a los maestros suplentes. En las escuelas y oficinas, la tensión está en aumento … conforme se van conociendo los alcances de la ley y se van agotando los pocos pesos pagados por Mestre.

La denuncia de la política de la burocracia de la Coordinadora de Gremios Estatales y la deliberación política de los trabajadores deben servir para preparar la nueva oleada de luchas contra la confiscación: impulsemos en todos los gremios plenarios de delegados y activistas y un Congreso de Bases provincial para enfrentar la ley de la rebaja del salario.