Tras cierto tironeo entre los bloques del Frente de Todos y el de Juntos por el Cambio, se aprobó por la madrugada del jueves 19 en la Legislatura bonaerense la Ley de Emergencia presentada por el gobierno de Kicillof, que incluye la prórroga del Presupuesto 2019 de Vidal y habilita un endeudamiento por 75.000 millones de pesos.

El proyecto del Ejecutivo fue presentado como un abordaje urgente de la terrible situación social que atraviesa la provincia. Pero detrás del Mensaje oficial, que responsabiliza a la gestión saliente de Cambiemos por este cuadro crítico, se esconde una ley que no hace más que prorrogar los principales lineamientos del gobierno de María Eugenia Vidal.

La fundamentación oficial para solicitar la aprobación del paquete partió de advertir que durante los próximos cuatro años vencen nada menos que 8.800 millones de dólares de deuda, para señalar que “esta carga económica y financiera es lo que motiva la emergencia que se declara”, en aras de “dotar al Poder Ejecutivo de las facultades suficientes para llevar adelante las gestiones y actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”. El objetivo está puesto entonces, al igual que sucede con la ley ómnibus votada en el Congreso, en poner todos los recursos del Estado para garantizar el pago de la deuda. Por ese motivo, no existe una sola referencia a los tan golpeados salarios, en medio de tanta perorata sobre el crecimiento de la pobreza.

Tras cuatro años de demagogia K criticando el endeudamiento que llevó adelante el gobierno de Vidal –mientras sus socios del massismo y los intendentes pejotistas garantizaban los votos necesarios-, ahora piden la habilitación para una nueva mega emisión de deuda, a sabiendas que en el cuadro financiero de la provincia y el país solo podrá hacerlo a tasas usurarias. Si, como dicen los voceros oficiales, el nuevo endeudamiento es usado para amortizar los vencimientos, se capitalizarán los intereses a una tasa mayor a la que rinden al momento. Estamos ante una operación de rescate de los especuladores.

A su vez, Kicillof logró perpetuar la vigencia de la Emergencia Administrativa, que al momento de su sanción fue denunciada –no solo por el FIT sino también por los sindicatos estatales y hasta por legisladores K- como una norma de fomento de despidos y flexibilización laboral. Esta orientación es la que guía el abordaje de la crisis sanitaria, ya que entre las pocas precisiones se encuentra que en el artículo 20 (inciso f) se establece “la incorporación transitoria de médicas/os, enfermeras/os y/o agentes sanitarios” para tapar los baches de un sistema de salud vaciado. Es decir que reforzarán la precarización que ya sufren miles de trabajadores en los hospitales bonaerenses.

También prorrogaron la emergencia en Seguridad, lo cual le permitirá a Berni manejar a discreción las cajas policiales para pilotear una “transición ordenada” de la maldita Bonaerense. De más está decir que este régimen “de emergencia” solo benefició el control de Cristian Ritondo, mientras el crimen organizado siguió operando, como evidencia crudamente la Masacre de Monte. 

Se votó en el paquete la continuidad de la Emergencia en Infraestructura, que habilitó los últimos años un régimen de negociados con la patria contratista en base a flexibilizar la adjudicación de licitaciones. Si, como reconoció al asumir el nuevo gobernador, esto no redundó en progreso alguno en la obra pública que requiere a provincia, sí sirvió para los enjuagues de funcionarios como Mateo Nicholson, director de Infraestructura Escolar de Vidal, cuyos audios ordenando presupuestar con sobreprecios obras en escuelas se viralizaron pocas semanas antes de la explosión de la Escuela 49 de Moreno.

En este último aspecto, Kicillof pretendió agregar disposiciones que –entre tanta prolongación de las leyes vidalistas- lo muestren con otras prioridades. Así es que incluyo una Emergencia Educativa que hace referencia exclusivamente a la cuestión edilicia, eludiendo cualquier disposición que reponga las ramas cerradas por Cambiemos (Especial, Adultos, bachilleratos populares) ni compense la caída salarial de la docencia. Pero incluso en aquel terreno la ley es pobrísima: si el relevamiento realizado por Vidal y Finocchiaro en 2016 arrojó que el 80% de los 12.000 establecimientos educativos presentaba falencias graves, el gobernador camporista solo reconoce actualmente la urgencia de 600 obras. Para completarlas, como anunció en su discurso de asunción, buscará suplirlas apelando al trabajo gratuito de padres y cooperadoras, ya que la emergencia no fija ningún presupuesto extra para revertir la crítica situación.

Con todo, este paquetazo que busca unificar las cajas en vista a una renegociación amistosa de la gigantesca deuda provincial en dólares, parece quedarse corto. Una de los reclamos hacia el gobierno nacional que ya unificó a Kicillof con Larreta es la suspensión del traspaso de las concesiones de Edenor y Edesur a la órbita de la Ciudad y la Provincia, con los consecuentes subsidios millonarios que reciben las privatizadas. Es una muestra de que el gobierno provincial no planea una alteración del esquema que tanto benefició a las distribuidoras de energía. Pero también evidencia las complicaciones a que se enfrentará, ya que según versiones periodísticas el pedido no habría sido bien recibido por Martín Guzmán, cuyos esfuerzos están centrados en conseguir un arreglo con el Fondo (mentor de dicho traspaso) y los bonistas, y por lo tanto es reacio a sumar nuevos gastos a la caja nacional.

Kicillof logró la sanción en base a negociar un módico fondo para obras municipales que reclamó la oposición, y abrir una negociación por algunos sillones vacantes en organismo públicos. 

Ningún progreso hay para los trabajadores en esta Emergencia, tomada a imagen y semejanza de las leyes vidalistas. La mentada reactivación productiva no vendrá de la mano de los beneficios impositivos a las patronales que se fijan en este paquete, que serán financiados en base a mayores impuestazos contra los bonaerenses. Para abrir una nueva perspectiva para la Provincia de Buenos Aires hay que empezar por el desconocimiento de la deuda usuraria, exactamente el rumbo opuesto al trazado por esta ley de Kicillof.