El tarifazo anunciado por el gobierno en las distintas audiencias públicas que se producen en estos días, del orden del 42% promedio (un 20% a quienes tienen tarifa social), representa un golpe más al bolsillo de las y los trabajadores, y un acicate a la inflación, que se proyecta del 65% para el año. Además, se quitarán totalmente los subsidios a los usuarios que superen las 3,5 canastas básicas de ingresos (314.000 pesos por hogar), a quienes tengan más de tres inmuebles u otros. Se suma al aumento de las naftas, del 11,5%, aplicado por YPF luego de que hicieran lo propio Shell y Axion. El paquete de tarifazos en el interior es superior, abarcando también aumentos en el transporte y la distribución de energía eléctrica, que depende de las provincias. A los grandes usuarios (consumidores fundamentalmente industriales) se les aplicarán subas de hasta el 73%, que serán trasladadas a los precios.

El objetivo central del gobierno con los tarifazos apunta a trasladarle a los usuarios el monto multimillonario que actualmente pone el Estado en subsidios. Pero se queda a mitad de camino, porque los aumentos de costos multiplican el peso de los subsidios. En 2021, los subsidios terminaron siendo de 11.000 millones de dólares. Guzmán pactó con el FMI reducir 3000 millones. Pero el aumento del gas en el mercado internacional, producto de la guerra, hace que incluso con tarifazo incluido el gobierno deba desembolsar mayores subsidios. El monto de los subsidios en 2022 podría escalar arriba de 15.000 millones de dólares.

El problema de las tarifas está en el centro de una crisis política. El kirchnerismo denunció las subas pactadas con el Fondo Monetario y amenazó con una rebelión de funcionarios del área de energía. Sin embargo, a esta altura mantiene un perfil bajo en las audiencias y aparenta dejar pasar los aumentos, lo que sería una capitulación en regla. Juntos por el Cambio, cuando fue gobierno, aplicó un esquema de dolarización de las tarifas que reclama gran parte del empresariado del sector y que con la sucesión de devaluaciones se transformó en inviable. Ahora reclama ir más a fondo en la reducción de subsidios, apuntando a que Fernández pague el costo político de las subas y especulando con que se ahorra el trabajo sucio que si no haría el próximo gobierno.

Todos los bloques actúan condicionados por el hecho de que en una situación social crítica, el tarifazo termine detonando movilizaciones populares de gran alcance.

La burguesía, como siempre, reclama tarifazos para ser pagados por los usuarios, pero pone el grito en el cielo cuando se los aplican. Es lo que ocurre ahora con las quejas de los ruralistas por los aumentos del gasoil en pleno transporte de la cosecha o de los grandes usuarios por el tarifazo a la industria.

Los subsidios para “los que la fugaron”

Lo que ninguno de los sectores políticos de la patronal cuestiona en esta compulsa es adónde va a parar la montaña de subsidios y los ingresos tarifarios. Es que todos son, en mayor o menor medida, tributarios de los grupos económicos que lucraron en los ’90 con las privatizaciones del menemismo y que siguen manejando el negocio energético en la Argentina.

En este entramado empresarial tallan los pesos pesados de la burguesía nacional. Estos intereses están representados, por ejemplo, en Cammesa, que administra el mercado mayorista eléctrico y es destinataria de buena parte de los subsidios al sector. Ahí se sientan los representantes de la producción eléctrica, por ejemplo, Aluar, propietaria de Futaleufú, adquirida en las privatizaciones menemistas. Otra privatizada, es la de plantas termoeléctricas, Central Puerto, cuyo accionista mayoritario es Nicolás Caputo, amigo de Macri. Están también los representantes de las distribuidoras, como Edesur y Edenor, que fue recientemente adquirida por el grupo Vila Manzano. Y un lugar preponderante lo tiene el grupo Pampa Energía, de Midlin, que maneja la distribuidora mayorista Transener, Transportadora de Gas del Sur, entre otras. Además los grupos energéticos son los segundos formadores de “activos externos”, es decir de fuga de capitales según el estudio de Cifra (CTA Yasky).

La política de subsidios masivos del kirchnerismo alimentó este entramado de negocios sin terminar de financiar nunca un proceso de inversiones acorde con las necesidades del país, porque lo que reclaman estos sectores es la estabilidad de las tarifas, en dólares, lo cual representa un costo confiscatorio para el conjunto del país. Así, los subsidios fueron a parar a, como dicen los K, “los que la fugaron”. La energía barata tampoco financia un despegue industrial, que está bloqueado por derrumbe de la tasa de inversión que arrastra el país y que se refleja en la enorme magnitud de la fuga de capitales. Se trata de un fracaso notorio del “capitalismo de Estado” que defendió Cristina Fernández de Kirchner.

La salida a esta situación no pasa por mas tarifazos confiscatorios ni por seguir alimentando la montaña de subsidios estatales que alimenta la inflación y la quiebra estatal. Se deben abrir al control obrero y popular todas las cuentas de este entramado empresarial. Se debe destinar los recursos generados por la producción de energía y los recursos estatales destinados a ese fin a un plan de desarrollo, poniendo como eje las energías no contaminantes, bajo control de trabajadores y usuarios. La calesita de subsidios y tarifazos no es más que otro episodio del saqueo nacional por parte de la burguesía nacional y el imperialismo.