Dentro del mamotreto elevado al Congreso conocido como “ley ómnibus” un capítulo está dedicado a la modificación total de la “ley madre” petrolera, la 17.319, puesta en vigencia por el gobierno militar del general Juan Carlos Onganía y su ministro Krieger Vasena en el año 1967. Se modifican 45 artículos y se derogan otros 14, sobre los 105 que tiene.

Antes de analizar el objetivo de esos cambios cabe decir que hay algunas “desprolijidades” en el proyecto oficial, que reflejan que en vez de un mesurado plan el equipo de Stuzeneger ha hecho un texto a las apuradas. Dentro de ellas se encuentra por ejemplo que el proyecto de Milei sustituye el artículo 28 de la Ley 17.319, pero luego en el artículo 300 dice que se deroga ese artículo, anulando su propia redacción de sustitución.

La libertad de saqueo como “base para la reconstrucción de la economía”

Una modificación sustancial se coloca en el artículo 3 de la ley 17.319. El objetivo principal de la actividad ya no es satisfacer las necesidades del país y mantener el nivel de reservas, sino que entre los objetivos se introduce el de “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos”.

Mantener el nivel de reservas directamente se anula como meta, con lo cual las empresas no estarán obligadas a explorar nuevos yacimientos para reemplazar lo que se extraiga. Es una concesión de absoluta desinversión, que no hace otra cosa que legalizar el actual proceso de desinversión en exploración.

Otro aspecto nodal de los cambios que se pretenden es la modificación radical del artículo 6 de la ley vigente, eliminando toda referencia a la prioridad del abastecimiento interno como condición para exportar y la obligación de las empresas de “estimular la exploración”. El agregado de que “los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente”, es un llamado al saqueo abierto y sin límites, sin obligaciones de invertir para asegurar reservas que reemplacen lo producido.

Se deja también sin efecto la obligación de agotar la producción nacional para la industrialización, con lo cual se abre la posibilidad que las refinerías (existentes o nuevas) opten por importar hidrocarburos para refinar; un gran negocio para empresas extranjeras que consecuentemente provocará un aumento del déficit en la balanza comercial.

También se elimina todo obstáculo para poder fijar internamente los precios internacionales, ya que se deja sin efecto el párrafo que establece que “cuando los precios de petróleos importados se incrementaren significativamente por circunstancias excepcionales, no serán considerados para la fijación de los precios de comercialización en el mercado interno”. El proyecto Milei establece taxativamente que “el Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción. En el caso de empresas estatales estas podrán vender únicamente a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, esto es a las correspondientes paridades de exportación o importación según corresponda”.

Demagogia federalista de la OFEPHI

Un aspecto que generó revuelo entre los gobiernos de provincias productoras de hidrocarburos es la redacción del artículo 98 (en su inciso b) del proyecto de ley “ómnibus”, que deja en manos del Estado nacional el otorgamiento de concesiones o prorrogarlas, y autorizar la cesión del dominio entre empresas.

Lo sustancial del cambio es que no se prorrogan los plazos de concesión, lo cual coloca a importantes áreas cuya concesión vence a corto plazo en situación de cambiar de concesionario. Pone así a las grandes multinacionales con la posibilidad de quedarse con áreas importantes, muchas de ellas actualmente en manos de YPF.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa,  ha dicho que el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, reconoció que se trató de un “error en la redacción” y que se corregiría, que le pidió disculpas y haría un anuncio público en tal sentido. Pero en todo caso dicha facultad ya estaba conculcada por la ley petrolera original, que también concentraba esa facultad en el Estado nacional.

La llamada “ley corta”, la 26.197, sancionada durante el gobierno de Nestor Kirchner, estableció sí una transferencia formal de determinadas facultades a las provincias. En su artículo 1 dice que “pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de doce (12) millas marinas…”. Y en su artículo 2 establece que quedan “transferidos (a las provincias) de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado nacional en uso de sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas por sus titulares”.

Como hemos dicho en muchos artículos en Prensa Obrera, esta transferencia como “patrimonio inalienable” de los yacimientos a las provincias nunca alteró el hecho que quienes tienen el real derecho patrimonial sobre los hidrocarburos extraídos son las empresas, según el artículo 6 de la ley petrolera madre. Aspecto éste que el proyecto Milei no altera ni anula.

Los gobernadores de las provincias petroleras nunca cuestionaron esto. Solo reclaman ser parte del negocio en el otorgamiento de concesiones, que es una fuente de toda clase de negocios y corruptelas. El diario Infobae (16/2/2018) llegó a afirmar que “la Banca Privada d’Andorra rechazó en 2008 un depósito millonario del entonces gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag, porque sospechaba que los fondos provenían del pago de coimas”. Y agregaba que “según una investigación realizada por el diario El País de España, el exmandatario del Movimiento Popular Neuquino intentó distribuir 5 millones de dólares en dos cuentas vinculadas a sociedades off shore creadas en Belice. Los fondos corresponden a comisiones y regalías originadas por las intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones que se otorgan periódicamente a empresas reconocidas en la explotación de petróleo”.

No hay en las gestiones de los gobernadores ninguna pizca de federalismo ni autonomía energética de las provincias; solo se trata de no quedarse fuera de la torta para su propio beneficio.

Conclusión

Aunque existen otra infinidad de cambios, en lo esencial el proyecto libertario profundiza el carácter profundamente entreguista y capitalista de la ley petrolera. Lo único que cambia es que otorga mayor libertad de saqueo y tarifazos, así como la posibilidad de mayor concentración de los recursos.

La superación de este intento de Milei, y de la demagogia de los gobiernos provinciales, es la nacionalización bajo control obrero de toda la industria energética. Es una tarea que solo puede emprender la clase obrera, porque la burguesía es antinacional y antipopular.

https://prensaobrera.com/politicas/la-lucha-por-derrotar-el-ajuste-y-el-dnu-de-milei

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