La Nación del domingo 5 le dedica su principal título de tapa al financiamiento de la campaña electoral kirchnerista de 2007 con dinero procedente del tráfico de efedrina. Un tribunal determinó que al menos una parte de los fondos de aquella campaña tenían origen irregular, que se trataba de dinero lavado. Se trata de una noticia vieja, pero en un marco político preciso: el de la crisis económica y política en curso. Una eventual salida anticipada del gobierno podría ejecutarse por la vía judicial o, por lo menos, ser un factor de presión para forzar esa salida.

El narco-Estado

En definitiva, regresa a las primeras planas lo que se sabe desde hace mucho: el entrelazamiento entre el Estado argentino y los narcos, que aportan a los K y llaman por teléfono a la Casa Rosada cada vez que hay un cargamento importante. Por el lado de la oposición, escuchas telefónicas entre traficantes de cocaína involucran al gobierno santafecino del binnerista Antonio Bonfatti. En materia de narcotráfico, ese es un límite importante para las maniobras “destituyentes”: si se investiga a fondo van presos hasta los investigadores, empezando por las cúpulas policiales de casi todas las provincias y no pocas cabezas de la oposición derechista.

Incluso en el punto al que han llegado las cosas el asunto se vuelve castaño oscuro no solamente para los K. Por ejemplo, la jueza Servini de Cubría, después de amenazar con un allanamiento a la Casa Rosada para investigar las llamadas de los narcos, consiguió que Telefónica de Argentina le diera un listado de esos números. Sin embargo, el número más importante, en el cual se recibían esos llamados, no figura. En otras palabras: el listado en cuestión fue adulterado en complicidad entre el gobierno y la compañía de teléfonos. En esos tiempos, la Casa Rosada también era habitada o frecuentada por varios de los principales opositores de hoy, como Sergio Massa.
El cerco judicial avanza sobre caminos despejados porque la corrupción gubernamental está fuera de control. Juan Ramón Granero, amigo y socio de Néstor Kirchner en negocios y negociados varios, ex capo de la Sedronar, ya está procesado y desde afuera del gobierno mantiene su guerra interna feroz con Aníbal Fernández, a quien llegó a acusar de haberle plantado cocaína en un vehículo de la Secretaría. He ahí otro aspecto de la cuestión: la ofensiva tribunalicia se alimenta de la descomposición y disgregación de las camarillas K, de las luchas entre ellas, de las conspiraciones permanentes de los “machos en off”.
Frente a tal podredumbre, preparar una salida obrera y socialista ya es una cuestión de salud pública.

 

 

A. Guerrero