Políticas
2/6/2026
La especulación inmobiliaria no pagará Ganancias mientras facilitan los desalojos de inquilinos
La receta del gobierno para que la crisis habitacional la paguen los trabajadores.
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Alquileres.
El gobierno nacional avanzó con la eximición del Impuesto a las Ganancias para los propietarios de inmuebles destinados a alquileres para vivienda única, familiar y de ocupación permanente, en lo que representa una medida que beneficia más a quienes más propiedades detentan y a los especuladores inmobiliarios, y que se da al mismo tiempo de un crecimiento de los desalojos, la promoción de leyes contra los inquilinos, las dificultades económicas para alquilar y la existencia de todo tipo de gravámenes contra la vivienda única y los trabajadores.
La medida, implementada por medio de decreto, plantea que los propietarios que destinen sus inmuebles al alquiler para vivienda única, familiar y de ocupación permanente no pagarán el impuesto a las Ganancias por las rentas de dicho contrato, teniendo como punto de partida todos los ingresos recibidos por tal motivo recibido a partir del 1° de enero de 2026. El beneficio también alcanzará a las ganancias obtenidas de por ventas y transferencias de inmuebles, en un guiño para los especuladores inmobiliarios.
Estamos ante una orientación que privilegia los negocios de los capitalistas a costa de las mayorías trabajadoras, con desgravaciones que favorecen en mayor medida a quienes acumulan más riqueza, mientras que se descarga todo el peso de los impuestos y el sostén sobre los trabajadores, que continúan pagando impuestos a la vivienda única y Ganancias por los salarios.
El gobierno intenta presentar esta medida como un beneficio que “en última instancia” favorecerá a los inquilinos ampliando la oferta y bajando los precios: el mismo argumento que se esgrimió para derogar la fallida Ley de Alquileres -que no tocó el negocio de las inmobiliarias y especuladores- y que suscitó una disparada general de los precios y un mercado sin ninguna regulación, a la medida de los especuladores inmobiliarios.
El impacto de la reforma introducida por el gobierno favorece más a quienes más tienen, significando una mejora del 64% en la rentabilidad de los propietarios alcanzados por la alícuota máxima del 35% -es decir los grandes empresarios del sector-, mientras que quienes tributan el 13% de Ganancias recibirán una mejora del 17% y para el caso de los pequeños propietarios inscriptos en el monotributo no habrá mejora alguna. Está claro que se trata de una iniciativa en favor de las inmobiliarias, especuladores y grandes propietarios.
Tampoco existe ninguna garantía de que esta mayor rentabilidad se traslade mágicamente a una mejora de los precios en los alquileres, en los marcos de un mercado cautivo donde no existe posibilidad de acceder a una vivienda única por la vía de créditos hipotecarios o programas oficiales de acceso a la vivienda, significando una mayor transferencia de recursos a manos de los capitalistas.
Mientras que los salarios están anclados por debajo de la inflación los alquileres suelen actualizarse trimestralmente, de forma acumulativa, excediendo las capacidades de pago de las familias trabajadoras. Los contratos que tienen actualización este mes de junio lo harán en los marcos del 8,8% y el 9,12% de aumento, siempre que no se hayan “pactado” cláusulas más abusivas.
Según datos publicados por Inquilinos Agrupados el 70% de los inquilinos se encuentra endeudado y gasta más del 40% de su salario en pagar el alquiler. Al tiempo que la morosidad de las familias está en sus niveles más altos desde 2010 y uno de cada cuatro hogares se está endeudando para llegar a fin de mes.
En este marco, el gobierno nacional impulsa el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que, entre otras cosas, plantea acelerar los tiempos de los desalojos contra los inquilinos en mora, habilitando los desalojos exprés, en 10 días, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, solo con el aviso de falta de pago. Una política que es precedida por lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, con los desalojos masivos del gobierno de Jorge Macri, contra los trabajadores.
Estamos ante una orientación que privilegia los negocios capitalistas a costa de los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores. Ninguna de estas medidas es erigida en defensa de los inquilinos, que seguirán pagando alquileres elevadísimos, con salarios pisoteados por la pauta oficial. Hay que terminar con estos negocios e invertir la carga impositiva, con gravámenes a los especuladores inmobiliarios y viviendas ociosas, y desgravando la vivienda única y los hogares de los trabajadores, lo que implica derrotar al gobierno de Milei con la lucha de las y los trabajadores.
