En las últimas semanas se conocieron datos que demuestran un fuerte déficit habitacional en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Hay 209 barrios de emergencias con 63 mil familias afectadas, que se caracterizan cpor la falta de acceso a servicios básicos (agua potable, cloacas, gas y electricidad).

 

Mientras en la zona norte avanzan el crecimiento de los barrios carenciados y más familias que se asientan, se desarrolla en el primer cordón (Vicente López, San Isidro) de la zona norte la instalación de un polo gastronómico y de oficinas, sumado a construcciones inmobiliarias, lo que ha llevado a que esos distritos tengan el m2 más caro de la Provincia de Buenos Aires. Estas construcciones han vuelto inaccesible el acceso a la vivienda propia de la población trabajadora de la zona norte y han aumentando la polarización social.

 

Los Macri, Kirchner y Massa son responsables

 

Esta situación se arrastra desde el kirchnerismo, con el fracaso del plan federal de viviendas donde la construcción de éstas fue a cuentagotas y se paralizó en la mayoría de los barrios con la complicidad de los intendentes de la zona norte del conurbano.

 

En el caso de Tigre, gobernado hasta hace poco por el propio Massa, el plan de 526 viviendas pasó a ser de 413 -de las cuales solo se entregaron efectivamente unas 124. Para mencionar un caso, para el barrio El Garrote había un proyecto de 288 viviendas por 47 millones de pesos y no se construyó ni una sola vivienda. Lo mismo sucedió en San Isidro, gobernada por Posse: de lo que se estimaba del plan de 3246 casas con el presupuesto de $ 410.852.650 no se llegó a construir ni la mitad de las mismas.

 

Pero lo más grave es que en la mayoría de los distritos no solo no se ejecutaron los planes sino que se permitió un negociado para los intendentes y sus contratistas amigas, sobrefacturando obras y ahorrando en materiales. O sea, las “valijas de López” de los distintos intendentes de la zona norte, sean massistas, macristas o kirchneristas.

 

Esta situación de hacinamiento en la vivienda se suma a la falta de obras cloacales, sistema de agua corriente, eléctrico y gas. Por ejemplo, en Pilar hay 43 asentamientos donde viven 13.180 familias, donde la mayoría no dispone de los servicios básicos: sólo el 2,9% tiene gas natural de la red pública, mientras que el 94,3% usa garrafa; al tiempo que solo 48,8% tiene acceso a la electricidad pública y un mismo porcentaje tiene acceso irregular a esa red. Ninguno de esos asentamientos, en tanto, tiene servicio de cloacas público.

 

La situación que se vive en los barrios de la zona norte se profundiza con lo que pasa en el resto del país. Según un relevamiento actualmente existen, al menos, 2.432 asentamientos, en los 11 territorios relevados, donde viven aproximadamente 650.685 familias.

 

Por un plan de viviendas y urbanización

 

Ante la ausencia de un verdadero plan de viviendas y de obras públicas, planteamos un sistema impositivo progresivo -basado en gravar la renta inmobiliaria, y la propiedad ociosa, para abatir el valor del suelo y de la propiedad – que otorgaría los recursos necesarios para impulsar un plan de viviendas populares, que dé salida al déficit habitacional, creando al mismo tiempo empleo para los obreros de la construcción actualmente desocupados.

 

Ni el kirchnerismo antes, ni el macrismo hoy, tienen una solución a este déficit que afecta a la población trabajadora. El derecho a la vivienda y de los servicios básicos reclama una organización y una lucha. El Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, la hace propia y la impulsa.