La ‘renegociación’ del contrato de Aguas Argentinas —que están discutiendo una comisión del Congreso, la empresa y el gobierno— es la consecuencia de la negativa masiva de los usuarios a pagar los tarifazos y los cargos confiscatorios por la conexión a la red. Según Clarín (25/9), “la empresa llegó a emitir facturas por 60 millones de pesos que no pudieron cobrar”. La ‘renegociación’ de 1994 la había autorizado a facturar 600 pesos a los nuevos usuarios por la conexión de agua y 1.000 pesos por la conexión a la red cloacal. Como ya se denunció en estas páginas, la empresa cortó el servicio de los usuarios que no pagaron, lo que despertó una ola de movilizaciones populares en el conurbano.

Las discusiones alrededor del nuevo contrato han servido para sacar a la luz la gigantesca estafa de la privatización del agua.

Según el Banco Mundial, Aguas Argentinas no cumplió los planes de inversión. De los 593 millones que debía invertir hasta fines de 1996, faltarían inversiones por 231 millones, el 40% de lo estipulado. “Fuentes del Etoss (Ente Tripartito de Obras y Servicios Públicos) dijeron que ‘el incumplimiento(de inversiones comprometidas) podría llegar en este momento a 400 millones’ …”, es decir, al 80% del total de las inversiones previstas. Estas cifras ponen en evidencia el carácter parasitario de la privatización del agua: la empresa —una sociedad entre el ‘nacional’ Soldati y la francesa Compañía General de Aguas— se ha alzado con decenas de millones sin poner una chirola, operando una infraestructura que es básicamente la misma que la que tenía la compañía estatal.

Una nueva confiscación

¿Cómo pretenden salir la empresa y el gobierno de la encerrona en que los ha metido el rechazo popular a los tarifazos? Acertó compañero: con nuevos tarifazos y un empeoramiento del servicio.

El nuevo contrato significará un “perdón para las inversiones no cumplidas en los primeros años de la concesión” (Clarín, 25/9). En su reemplazo, se estipularía un nuevo ‘plan de inversiones’ notoriamente inferior, pues “se omite la cuarta cloaca máxima planificada anteriormente, suprimen la planta de tratamiento de aguas residuales y particiona las aguas residuales de la cuenta Berazategui y reemplaza un compromiso de tratamiento primario y secundario en Berazategui por una propuesta de pre-tratamiento seguido por estudios adicionales que desemboquen en una decisión ulterior al respecto” (La Nación, 26/9). Según el Banco Mundial, “cada año que se posterga (su construcción), se incrementa el valor actual de las ganancias futuras de Aguas Argentinas en unos 35 millones, a razón de casi 100.000 dólares diarios” (ídem). ¡Qué tal!

La contrapartida de estos ‘nuevos’ beneficios es la pudrición del Río de la Plata: “el cambio consistente en pasar del tratamiento primario, previsto para la planta de tratamiento de aguas residuales de Berazategui, al así llamado pre-tratamiento, aumenta la cantidad de descarga de esos contaminantes (sobre el Río de la Plata)” (ídem).

La ‘renegociación’, además, trae un nuevo tarifazo. Los cargos por conexión a la red, que hasta ahora debían pagar los nuevos usuarios, serán reemplazados por un monto fijo de 4 pesos por bimestre, a pagar por todos los usuarios. Para vastas zonas del Gran Buenos Aires, esto significará un aumento de ¡hasta el 80%! en las tarifas. La recaudación adicional —10 millones de dólares por bimestre— quintuplica la recaudación actual por nuevas conexiones, según denunció la especialista Claudia Collado, de Acción por el Consumidor (ídem).

En resumen, Aguas Argentinas saldría de la ‘renegociación’ embolsándose decenas de millones de dólares adicionales y empeorando la calidad del servicio.

La Alianza hace agua

¿Qué ha dicho la Alianza ante semejante confiscación popular y ante semejante desastre ecológico? Los popes del Frepaso-UCR se han mostrado a este respecto ‘más papistas que el Papa’, es decir, más favorables a los privatizadores que el propio gobierno.

Dos de sus miembros, que forman parte del Etoss, han dejado pasar todas las violaciones al contrato anterior sin decir una palabra. Pero ya se sabe que “el nuevo contrato que impulsa el Poder Ejecutivo tuvo mejor recepción en el gobierno radical de la Capital que en la administración justicialista bonaerense (…) Curiosamente, el radical Juan Pablo Baylac fue el que propuso ir a ver a Duhalde, junto con María Julia (Alsogaray) y (Eugenio)Pendás (los dos representantes del gobierno nacional en la ‘renegociación’) para explicarle los alcances del acuerdo” (Clarín, 25/9).

Para decirlo claramente, los ‘aliancistas’ son los fogoneros del nuevo tarifazo.

Por la estatización sin pago

Uno de los socios de Aguas Argentinas —la francesa Compañía General de Aguas— aplicó en Tucumán la misma receta que pretende aplicar en Buenos Aires. Como ya saben los lectores de Prensa Obrera, Aguas del Aconquija impuso un tarifazo del 100% que provocó una generalizada rebelión popular en reclamo de la municipalización de los servicios en toda la provincia. Ante el fracaso de las sucesivas ‘renegociaciones’, la empresa rescindió unilateralmente el contrato y entabló juicio contra la provincia en los tribunales internacionales. Lo que está pasando en Tucumán bien puede ser un espejo de lo que pasará en Buenos Aires si los usuarios rechazan el nuevo tarifazo.

El agua es un elemento indispensable para la vida. Pero, además, es un recurso abundante: el Río de la Plata es una de las fuentes de agua dulce más grandes del planeta. El tratamiento químico para purificar y potabilizar sus aguas sale monedas cuando es encarado para una población de doce millones de personas.

La ‘renegociación’ es un robo que confirma, una vez más, el carácter confiscatorio y parasitario de las privatizaciones que defienden Menem-Duhalde y los‘aliancistas’ del Frepaso y la UCR.

Contra este saqueo, el Partido Obrero levanta el reclamo de las puebladas del agua de Tucumán y de las manifestaciones de usuarios del Gran Buenos Aires: por la estatización sin pago de Aguas Argentinas y su funcionamiento bajo el control de los trabajadores y las comisiones de vecinos.