La Alianza acaba de completar la gran estafa de la jubilación privada orquestada por Menem y Cavallo. Al mejor estilo menemista y cavallista, De la Rúa consumó esta confiscación a través de un decreto de necesidad y urgencia y por expresas directivas del Fondo Monetario Internacional. Como lo reconocieron todos los diarios, el Fondo controló cada punto y coma del decreto aliancista.

El decreto confiscador significa que, a partir del 1º de marzo de 2001, los trabajadores perderán entre un 9 y un 25% de sus futuras jubilaciones. Como ya no es posible esquilmar más a los 3 millones que ya están jubilados con un haber mínimo de 150 pesos, el gobierno fondomonetarista decidió “meter mano” en los haberes de los futuros jubilados.

También se la tomaron con las trabajadoras, alargándoles 5 años la edad de jubilación. Y en una ofrenda a la “libertad” y a la “competencia”, quedó abolida la jubilación estatal para asegurarles definitivamente a las AFJP el monopolio de un negocio multimillonario que permite a los grandes bancos –propietarios de las AFJP– llevarse 1.400 millones de pesos por año en suculentas comisiones por una actividad parasitaria y confiscatoria de los trabajadores.

El decreto aliancista, como pasó con la rebaja de los salarios de los empleados públicos, alineó a los “progresistas” del Frepaso y del radicalismo con el Fondo Monetario. El jefe del bloque de diputados del Frepaso, Darío Alessandro, respaldó el decreto y exigió a su bloque ‘alineamiento’. Los que habían prometido luchar por el fortalecimiento de la jubilación estatal y defender la PBU, como Alfonsìn, Santin o Posse, salieron a justificar esta nueva confiscación a los trabajadores en nombre de la “presión” de “los mercados”. Una vez más se comportaron como marionetas del imperialismo.

¿Juicios o huelga general hasta la anulacion del decreto?

Apenas se conocieron los lineamientos del decreto, desde el Frepaso y el radicalismo se planteó que el decreto era inconstitucional porque afectaba los derechos jubilatorios o porque eliminaba la jubilación estatal. Efectivamente, por todo eso y por mucho más, el decreto es inconstitucional.

Pero de ahí no se deduce que la lucha contra este decreto se pueda desenvolver por vía judicial. ¿Acaso la Corte no avaló el decreto de rebaja de los salarios? No avaló el congelamiento de los haberes jubilatorios desde 1995 en adelante a pesar que la Constitución dice que las jubilaciones serán “móviles”, al igual que el salario mínimo?

El problema clave no es judicial sino de lucha. Que las CGT y la CTA llamen al paro activo y a la huelga general no sólo para repudiar las medidas, sino para que el gobierno derogue el decreto. Que las movilizaciones, el paro activo y la huelga general no se levanten hasta que se derogue el decreto. Esa es la consigna.

Confiscación

En 1994, cuando se aprobó la jubilación privada, el Partido Obrero señaló que el paso siguiente era la eliminación de la jubilación básica llamada PBU, que es de 200 pesos.

En el folleto “Jubilación Privada. La Bolsa o a la Vida”, el PO planteó que la inclusión de la PBU en la privatización previsional era tan sólo “un anzuelo” para presentar esa privatización como beneficiosa para los nuevos jubilados y que, por lo tanto, el Estado capitalista no pensaba pagar esa jubilación.

“¿Por qué el ministro Cavallo promete un lecho de rosas para los futuros jubilados?”, preguntábamos en ” La Bolsa o la Vida”. Respondimos: “Porque quiere que el Parlamento le apruebe la ley como sea, sencillamente, porque no piensa cumplir con lo que establece su propio proyecto de ley”.

¿Por qué anticipamos que se eliminaría la PBU y la jubilación estatal? Porque la jubilación privada implica el hundimiento de la jubilación estatal y de toda garantía de jubilación mínima. Como el aporte que antes iba a las Cajas estatales pasó a manos de las AFJP y el aporte patronal que también iba a las Cajas estatales se fue reduciendo, el sistema previsional público sencillamente se fue quedando sin dinero. La clase patronal, bajándoles los aportes, y las AFJP, quedándose con los nuevos aportes, vaciaron la jubilación estatal.

En “La Bolsa o la Vida” dijimos: “¿Cómo harán las Cajas oficiales, que no están abonando el 82% a los actuales jubilados, para pagar en el futuro un porcentaje similar a los nuevos contingentes de trabajadores que se jubilen, si al mismo tiempo se les restan a las Cajas esos 8.000 millones de dólares?” (por los aportes destinados a las AFJP y la reducción de los aportes patronales). El ministro Cavallo no se ha tomado ni siquiera el trabajo de explicarlo, sencillamente porque no piensa cumplir lo que establece su propio proyecto”.

Uno de los personeros de las AFJP acaba de decir que “en 1994, la ley no hubiese salido si no se incluía la PBU” (Clarín, 19/11), admitiendo que nunca existió la voluntad de pagarla.

Con la eliminación de la PBU, los trabajadores se jubilarán con un haber del orden del 40% del sueldo. Pero esto siempre y cuando las AFJP obtengan con los aportes de los trabajadores un rendimiento del 5% anual. Basta que la Bolsa o los títulos públicos se desplomen para que la jubilación siga el mismo camino y los haberes representen apenas el 15 ó 20% del sueldo.

El Partido Obrero, ante esta emergencia, llama a:

•Huelga general hasta que se derogue el decreto.

•Por una jubilación mínima de 500 pesos para los ya jubilados.

•Restitución de los aportes patronales.

•Anulación de la jubilación privada. Transferencia de los fondos de las AFJP al Estado.

•Control obrero en todas las fábricas y empresas para verificar el pago de los aportes patronales.