El candidato presidencial Alberto Rodríguez Saá pone como ejemplo de gobierno a San Luis, donde estaría garantizado el acceso a la vivienda, el pleno empleo y una educación de calidad. ¿No será que ocurre lo contrario?

‘Pleno empleo’

Con una población de tan sólo 430.000 habitantes, la provincia de San Luis, según datos del Indec, posee una tasa de desocupación del 1,1%. Ese número se ve lamentablemente desmentido por una montaña de planes sociales, trabajo precarizado, salarios bajos y despidos permanentes. Alrededor del 50% de la mano de obra, según un estudio de la Facultad de Económicas de la UBA, es informal; el 27% está enrolado en planes sociales. Los trabajadores son despedidos cuando reclaman mejoras. Las fuerzas de seguridad oficiales y paraoficiales reprimen los reclamos, como sucedió con Pagoda y Tersuave hace un par de años. El Estado provincial es el mayor empleador de trabajo precario y en negro. Los trabajadores de Serba, que están bajo la denominación de “ayudas económicas”, una de las decenas de modalidad de planes de empleo de la provincia, están ahora mismo de paro en reclamo del pase a planta permanente, ya que realizan las mismas tareas pero cobran un salario muy inferior (1.200 pesos contra 2.300), sin vestimenta adecuada y sin cobertura médica (La Gaceta Digital, 13/9).

El área municipal que se encarga de los espacios verdes también terceriza las tareas en varias empresas. Alberto Rodríguez Saá en persona es empleador de trabajadores en negro. Una de sus estancias, ubicada en El Durazno, empleaba hasta hace poco a jóvenes, algunos menores de edad, para hacer tareas de desmonte y mantenimiento de viñedos; estaban contratados por una empresa tercerizada del entorno de su custodio. Los jóvenes trabajaban en negro, durante más de 11 horas diarias y sin cobertura médica. Cuando reclamaron un aumento salarial, fueron despedidos.

La contracara de esto son los fabulosos beneficios impositivos que otorga el Estado provincial a las fábricas instaladas en la provincia. Según el relevamiento de datos que realizó el portal iProfesional.com, funcionan dos programas: la Ley 501, que otorga para industrias la exención del 100% del impuesto sobre los ingresos brutos, y la ley 664, que otorga exenciones de todos los impuestos provinciales por 15 años para quienes presenten proyectos de diversa naturaleza. En el parque informático La Punta, empresas como Mercado Libre y la española Indra gozan de estos amplios beneficios fiscales. No es casual que Rodríguez Saá apoye la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Educación y docentes

El sueldo básico de los docentes de San Luis es de 1.251 pesos, uno de los más bajos de Argentina. Ese monto paupérrimo se alcanzó tras una larga huelga docente, con marchas multitudinarias; el año pasado ganaban 715 pesos. Un profesor que trabaja 40 horas semanales cobra unos 1.800 pesos menos de lo que perciben en promedio en el resto del país, y lo mismo le sucede a la maestra que quiera tener un segundo cargo: en este caso ganaría 1.900 pesos menos que el resto de las provincias. El presupuesto para educación sólo destina un 10% para salarios docentes, cuando el promedio en la gran mayoría de las provincias es el doble. Este desguace presupuestario y la precariedad laboral en la educación pública contrasta con los enormes fondos que se destinan a obras faraónicas, como la construcción de autopistas, autódromos, velódromos y todo tipo de eventos deportivos millonarios.

Según advierte la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, los hospitales están en mal estado, se inundan, se cierran áreas y hay falta de personal.

‘El Alberto’ y las jubilaciones

Si bien Rodríguez Saá defiende el 82% móvil para los jubilados, en su página Web dice que la condición para ello es subir la edad jubilatoria, o sea alargar el período de aportes y reducir el de prestación. En función de este planteo, encubre el vaciamiento de la Anses.

Y la vivienda ¿dónde está?

Parece que los supuestos planes de vivienda de 90 pesos mensuales se terminarían en octubre, cuando subirán a 350 o 500 pesos mensuales. Por otro lado, los anuncios de “vivienda para todos” o “villa 0” contrastan con la situación de decenas de familias que viven en condiciones precarias, sin agua potable y sin acceso al transporte público, tal como lo denunció el periodista Daniel Malnatti en un informe para TN. El censo 2010 reveló que 24.000 viviendas se encuentran deshabitadas en toda la provincia; según un informe de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, el cupo de veinte mil viviendas que debía realizar la provincia en cuatro años, no se realizó.