En septiembre de 2005, el gobierno había ofrecido a los accionistas de la francesa Suez 1.000 millones de pesos para inversiones mínimas. Pero a la empresa le resultó insuficiente y decidió retirarse del país a partir de abril de este año.

 

Por eso, lo que todos los medios, desde La Nación y Clarín hasta el boletín oficial Página/12, llaman tramposamente “reestatización” no es otra cosa que un recambio, la nueva privatización de una empresa quebrada. Por eso nadie la quiere, porque, entre otras cosas, arrastra un endeudamiento — producto del fraude y el vaciamiento — de más de 670 millones de dólares y ahora el Estado argentino deberá levantar ese muerto. Además, Suez considera ganado su juicio a la Argentina ante el Ciadi, organismo arbitral del Banco Mundial, por 1.700 millones de dólares.

 

En el Ciadi los monopolios internacionales han presentado demandas contra la Argentina por casi 17.000 millones de dólares. Osvaldo Guglielmini, procurador del Tesoro de la Nación, denunció que los montos de esos juicios “están inflados en un 1.000 por ciento”. Sin embargo, Guglielmini añade con énfasis que al gobierno argentino “ni se le pasa por la cabeza desconocer los laudos de ese tribunal” (Ambito Financiero, 22/3). Cualquier cosa antes que una ruptura con el Banco Mundial.

 

Todo un hilo conductor transcurre desde la privatización menemista en 1993 hasta la “estatización” de Kirchner, respaldada, de nuevo, por María Julia Alsogaray. Esa continuidad se observa incluso en las caras de los ejecutores de una y de otra: son exactamente los mismos tipos.

 

El ejecutivo y el sindicalista

 

El encargado de informar al gobierno argentino que Aguas Argentinas hacía bien las cosas y cumplía sus obligaciones contractuales era quien fue, sucesivamente, gerente de relaciones institucionales, gerente de regulación jurídica y, al momento de la “estatización”, director general adjunto de la compañía en representación de Suez. Nos referimos al abogado Carlos Humberto Ben, quien, además, fue nombrado por Menem coordinador alterno de la comisión privatizadora de Obras Sanitarias de la Nación, en 1993. Pues bien: este tipo ha sido designado ahora, por Kirchner y De Vido, presidente de la flamante AySA, la empresa inventada por el gobierno tras rescindir el contrato de la concesionaria. Como se ve, esta gente ni se toma la molestia de disimular.

 

Otro de los grandes promotores e ideólogos de la privatización en 1993, enrolado entonces en la corriente de los “ultramenemistas”, fue el sindicalista José Luis Lingieri. Ahora, este burócrata es el segundo de Hugo Moyano en la CGT, se ha hecho “kirchnerista” de la primera hora y, tras llevar adelante negociaciones fracasadas — según admitió él mismo — con el grupo Eurnekian y con George Soros para que se hicieran cargo de Aguas Argentinas, derivó en defensor a ultranza de la “estatización” y, por supuesto, ya está en el directorio de AySA. Lo primero que ha dicho Lingieri es que el Estado pondrá 500 millones de pesos para compensar inversiones que los privados no hicieron.

 

AySA, como Enarsa, no es otra cosa que una asociación ilícita dirigida por el Presidente y por su “cajero” De Vido para hacerle ganar licitaciones a empresas vinculadas, y proseguir con la entrega del patrimonio nacional. Por eso De Vido rebatió a los medios de prensa más alcahuetes del gobierno y sostuvo que aquí “no hay ningún proceso de reestatización” (La Nación, 27/3).

 

Tenemos un solo modo de conseguir que el agua deje de tener olor a podredumbre:

 

Que el sistema de aguas, puesto nuevamente a cargo del Estado, quede en manos de los trabajadores y no de la burocracia sindical corrupta; en manos de las organizaciones sociales en lucha y de los vecinos organizados en asambleas populares, como las que están surgiendo en Córdoba por este mismo problema (allí, el gobernador De la Sota, a diferencia de Kirchner, arregló con Suez un subsidio de 9 millones de pesos mensuales y un aumento tarifario de hasta un 80 por ciento).

 

Expropiación sin pago ni compensaciones de las empresas de servicios privatizadas. Desconocimiento del Ciadi y “árbitros” parecidos del Banco Mundial y otras entidades del imperialismo. Que se demande a esos pulpos ante las cortes internacionales que correspondan por incumplimientos contractuales y negligencia criminal contra la salud pública.

 

Fuera la banda del “cajero” De Vido.